CIDH otorgó medidas cautelares a periodistas de Canal 2 en Cali por amenazas

A través de una resolución de 11 páginas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del periodista José Alberto Tejada Echeverri y el camarógrafo Jhonatan Buitrago, al considerar que se encuentran en situación de riesgo por las múltiples amenazas, hostigamientos y hechos de violencia que recibieron mientras cubrieron las protestas convocadas desde el pasado 28 de abril. Los profesionales que hacen parte del equipo periodístico de Canal 2 en Cali denunciaron ante el órgano internacional en su visita a Colombia, en junio, que han tenido que tomar medidas de seguridad a través de donaciones hechas por la comunidad.

“En relación con estigmatización por su actividad periodística, se indicó que existe una campaña de desprestigio, amenazas, persecución y silenciamiento al periodista José Alberto Tejada y al equipo del Canal 2 a través de redes sociales y diferentes medios de comunicación, dentro de los cuales los solicitantes destacan señalamientos parlamentarios tendientes a responsabilizar al periodista y su actividad por la violencia que aqueja la ciudad de Cali”, dice la resolución del órgano internacional y añade que aunque desde el Estado colombiano se registraron mecanismos de protección implementados a través de una Estación de Policía, la CIDH conoció que los profesionales se rehusaron a entregar información debido a que no tenían confianza en la institución.

Lea aquí: La esperada visita de la CIDH

La denuncia formal la recibió el equipo de la CIDH que visitó el país durante tres días con el fin de verificar la situación de derechos humanos que padecía Colombia en el marco de las manifestaciones que fueron convocadas el pasado 28 de abril como negativa a las directrices del actual Gobierno. “La Comisión valoró la información recibida a la luz del contexto de protestas en Colombia, considerando la situación de riesgo de periodistas, con especial impacto en la ciudad de Cali. Además, consideró la especial posición de garante del Estado sobre las personas defensoras”.

En el caso concreto, la Comisión consideró que los hechos de violencia reportados durante las protestas, los cuales se advirtió que podían estar dirigidos directamente hacia Tejada y Buitrago, así como el posible atentado contra el comunicador social, da cuenta que la situación de riesgo se extendía más allá de las manifestaciones siendo seguidos y vigilados en sus domicilios y en la sede del medio periodístico. “La CIDH consideró que la falta de un esquema de seguridad idóneo y efectivo por parte del Estado, frente a los eventos de riesgo informados, permite concluir que los beneficiarios se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo”.

Lea también: La respuesta del Gobierno a la CIDH

Con base en dicho antecedente, la Comisión le solicitó al Estado que adopte medidas para proteger la vida de Tejada y Buitrago. “En particular, el Estado deberá asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de los beneficiarios (periodista y camarógrafo) como proteger sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros”, dice la resolución en la que, además, le pidió al Gobierno que adopten medidas para que el equipo periodístico pueda desarrollar sus actividades sin ser objeto de amenazas, hostigamientos u otros hechos de violencia. Entre las medidas, el órgano internacional fue enfático en que se le respete el derecho a la libertad de expresión y que informe los mecanismos que adoptarán para preservar la integridad de los hombres.

“El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos u instrumentos aplicables”, dijo la Comisión en su resolución. Cabe mencionar que el órgano internacional hizo presencia en Bogotá, Cali y Popayán, lugares que durante el Paro Nacional convocado se registró más vulneración de derechos humanos.

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La Comisión conoció de primera mano denuncias por parte de los ciudadanos y organización de derechos humanos en los que mencionaban abuso de autoridad por parte de la Policía. Entre otras cosas, recibieron informes sobre víctimas de las protestas, e incluso, cifras que denunciaban la cantidad de muertos que dejó el Paro Nacional. El organismo también recibió un informe que remitió la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, entre otros entes, que dieron cuenta el avance de las investigaciones sobre los hechos denunciados.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

A través de una resolución de 11 páginas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del periodista José Alberto Tejada Echeverri y el camarógrafo Jhonatan Buitrago, al considerar que se encuentran en situación de riesgo por las múltiples amenazas, hostigamientos y hechos de violencia que recibieron mientras cubrieron las protestas convocadas desde el pasado 28 de abril. Los profesionales que hacen parte del equipo periodístico de Canal 2 en Cali denunciaron ante el órgano internacional en su visita a Colombia, en junio, que han tenido que tomar medidas de seguridad a través de donaciones hechas por la comunidad.

“En relación con estigmatización por su actividad periodística, se indicó que existe una campaña de desprestigio, amenazas, persecución y silenciamiento al periodista José Alberto Tejada y al equipo del Canal 2 a través de redes sociales y diferentes medios de comunicación, dentro de los cuales los solicitantes destacan señalamientos parlamentarios tendientes a responsabilizar al periodista y su actividad por la violencia que aqueja la ciudad de Cali”, dice la resolución del órgano internacional y añade que aunque desde el Estado colombiano se registraron mecanismos de protección implementados a través de una Estación de Policía, la CIDH conoció que los profesionales se rehusaron a entregar información debido a que no tenían confianza en la institución.

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La denuncia formal la recibió el equipo de la CIDH que visitó el país durante tres días con el fin de verificar la situación de derechos humanos que padecía Colombia en el marco de las manifestaciones que fueron convocadas el pasado 28 de abril como negativa a las directrices del actual Gobierno. “La Comisión valoró la información recibida a la luz del contexto de protestas en Colombia, considerando la situación de riesgo de periodistas, con especial impacto en la ciudad de Cali. Además, consideró la especial posición de garante del Estado sobre las personas defensoras”.

En el caso concreto, la Comisión consideró que los hechos de violencia reportados durante las protestas, los cuales se advirtió que podían estar dirigidos directamente hacia Tejada y Buitrago, así como el posible atentado contra el comunicador social, da cuenta que la situación de riesgo se extendía más allá de las manifestaciones siendo seguidos y vigilados en sus domicilios y en la sede del medio periodístico. “La CIDH consideró que la falta de un esquema de seguridad idóneo y efectivo por parte del Estado, frente a los eventos de riesgo informados, permite concluir que los beneficiarios se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo”.

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Con base en dicho antecedente, la Comisión le solicitó al Estado que adopte medidas para proteger la vida de Tejada y Buitrago. “En particular, el Estado deberá asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de los beneficiarios (periodista y camarógrafo) como proteger sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros”, dice la resolución en la que, además, le pidió al Gobierno que adopten medidas para que el equipo periodístico pueda desarrollar sus actividades sin ser objeto de amenazas, hostigamientos u otros hechos de violencia. Entre las medidas, el órgano internacional fue enfático en que se le respete el derecho a la libertad de expresión y que informe los mecanismos que adoptarán para preservar la integridad de los hombres.

“El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos u instrumentos aplicables”, dijo la Comisión en su resolución. Cabe mencionar que el órgano internacional hizo presencia en Bogotá, Cali y Popayán, lugares que durante el Paro Nacional convocado se registró más vulneración de derechos humanos.

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La Comisión conoció de primera mano denuncias por parte de los ciudadanos y organización de derechos humanos en los que mencionaban abuso de autoridad por parte de la Policía. Entre otras cosas, recibieron informes sobre víctimas de las protestas, e incluso, cifras que denunciaban la cantidad de muertos que dejó el Paro Nacional. El organismo también recibió un informe que remitió la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, entre otros entes, que dieron cuenta el avance de las investigaciones sobre los hechos denunciados.

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