Las denuncias de posibles irregularidades en la operación que desplegó el Ejército en zona rural de Puerto Leguízamo (Putumayo) ya llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tras conocer los hechos, el órgano internacional pidió “investigar con la debida diligencia y tomar acciones preventivas concertadas con los grupos étnico-raciales y comunidades campesinas, junto con la implementación práctica y efectiva de los compromisos asumidos en el Acuerdo de Paz”, a través de un comunicado publicado este 12 de abril.
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En el pronunciamiento, la CIDH recordó que el 28 de marzo, el Ejército llegó a la vereda Alto Remanso de Puerto Leguízamo. Once personas resultaron muertas y al menos cuatro más heridas. “Al respecto, el Ministerio de Defensa informó que las personas fallecidas pertenecían a grupos armados ilícitos. El Estado indicó la legitimidad de la operación ocurrida en una región con alta actividad criminal y de disputa territorial por parte de la criminalidad organizada del narcotráfico y de grupos paramilitares”, recogió el órgano, que tiene sede en Washington (Estados Unidos).
Sin embargo, a renglón seguido, recordó: “organizaciones de la sociedad civil y de pueblos indígenas informaron a la Comisión que los cuerpos identificados hasta el momento corresponden a personas integrantes de las comunidades indígenas y campesinas de la región. Entre ellas están Pablo Panduro Cochinche, Gobernador Indígena del Cabildo Kichwa de Bajo Remanso, Ana María Sarrias y Didier Hernandes, Presidente de la Junta de Acción Comunal”.
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La CIDH valoró que la Procuraduría y la Fiscalía, por separado, han iniciado investigaciones para establecer qué pasó. No obstante, le recordó al Estado colombiano su obligación de “brindar información clara, especialmente, sobre la cantidad de personas fallecidas, heridas, capturadas y desaparecidas durante la operación militar”. El comunicado llega justo cuando el presidente Iván Duque y el ministro de Defensa, Diego Molano, han cerrado filas alrededor del Ejército para defender esta operación que, aseguran, fue ordenada para capturar a un jefe de las disidencias de las Farc.
Aunque investigaciones periodísticas y la propia comunidad aseguran que los muertos eran inocentes y ajenos al frente 48 de las disidencias, los altos mandos militares aseguran que pertenecían a grupos armados. Entretanto, en su comunicado, la CIDH le instó a las autoridades a, “continuar desarrollando investigaciones bajo protocolos que eviten la estigmatización de las víctimas y a tomar las medidas necesarias para reparar este daño incorporando un enfoque intercultural que considere los impactos a las víctimas, sus familias y sus comunidades”.
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La #CIDH llama al Estado de #Colombia a investigar casos de violencia contra grupos étnico-raciales y comunidades campesinas. #DerechosHumanos https://t.co/2JESt9UlzI pic.twitter.com/zvNTH7ruOG
— CIDH - IACHR (@CIDH) April 12, 2022
Asimismo, le pidió a Colombia fortalecer su presencia integral en territorios como Alto Remanso, en Puerto Leguízamo, y concertar con las comunidades indígenas y campesinas que habitan la zona acciones que permitan garantizar derechos fundamentales, como el derecho a la vida. Por último, la CIDH pidió redoblar esfuerzos para implementar, por ejemplo, el capítulo étnico del Acuerdo de Paz con las extintas Farc.
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