CIDH pide que se investigue a fondo denuncias contra militares por abuso sexual
De acuerdo con el órgano internacional, preocupa que los abusos sexuales a menores de 18 años por parte miembros del Ejército sea un patrón de conducta al interior de las filas castrenses. Asimismo, advierten que la violación de mujeres indígenas afecta sus comunidades de origen.
Los casos de violaciones de menores de edad por miembros de las Fuerzas Armadas -que se conocieron hace poco- conmocionaron al país. En menos de tres semanas, una ola de denuncias sobre abusos sexuales perpetrados por militares puso en el ojo del huracán a las instituciones castrenses. El reporte de los casos llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el día de hoy se pronunció pidiendo al Gobierno colombiano llegar al fondo de las investigaciones.
Luego de conocer casos similares al de la adolescente de 15 años de la comunidad indígena nukak maku, quien contó que dos militares la retuvieron cinco días en el batallón de San José del Guaviare y que allí abusaron de ella en 2019, el organismo internacional se mostró preocupado porque los casos hagan parte de un posible patrón de conductas por parte de los integrantes del Ejército. El comandante general de esa institución, Enrique Zapateiro, ha sostenido en las últimas semanas que algunos de los implicados ya salieron de la institución y otros están siendo investigados.
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Habría por lo menos otros cinco casos de violación sexual a niñas indígenas Nukak en este mismo resguardo a manos de integrantes del Ejército de los cuales la Fiscalia priorizó 12 casos de posible violencia sexual contra mujeres de esta etnia. De acuerdo con la declaración hecha por el comandante del Ejército, desde 2016, unos 118 militares han sido o están investigados delitos sexuales a menores de 18 años. Para la CIDH las vulneraciones a los derechos de niñas y mujeres indígenas no solo genera agravantes para ellas, “sino que también afectan negativamente a sus pueblos de origen, produciendo graves quiebres en el tejido social, aumentando la sensación de indefensión e impunidad”.
En el documento, el organismo internacional rechazó cualquier tipo de violencia y pidió al Gobierno colombiano prestar atención a los abusos que enfrentan las mujeres, niñas y adolescentes indígenas en Colombia por parte de agentes del Estado. Asimismo, pidió que se tengan en cuenta los contextos de violencia en el que habitan estas mujeres. “Considerando los impactos diferenciados que derivan de esa situación; y en un escenario de conflicto son un blanco desproporcionado de agentes armados estatales y no estatales, a la vez son quienes se encuentran más expuestas a actos de violencia sexual, debido a las múltiples formas de discriminación que enfrentan y a la vulnerabilidad de su territorio”, señaló la organización.
Además, pidió al gobierno garantizarles a las víctimas el acceso oportuno a la justicia, así como “continuar investigando estos hechos con la debida diligencia en condiciones de igualdad y no discriminación, a partir de una perspectiva interseccional. La Comisión recuerda al Estado la obligación internacional que le cabe de investigar estos actos tomando en cuenta el principio de debida diligencia reforzada, procurando que la investigación sea llevada a cabo bajo una perspectiva de género y un enfoque de protección integral para mujeres”.
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Para ello, recomendó actuar de manera diferenciado teniendo en cuenta el contexto cultural de las menores de 18 años considerando los factores de riesgo asociados a su etnia y edad. Asimismo, el Estado deberá reparar a las víctimas las cuales, de acuerdo con el documento, “deben incluir una perspectiva intercultural e intergeneracional, lo que podría incluir reparaciones de carácter individual y colectivo que tengan en cuenta los impactos de los hechos de violencia sexual a sí mismas y a sus familias y comunidades”.
Los casos de violaciones de menores de edad por miembros de las Fuerzas Armadas -que se conocieron hace poco- conmocionaron al país. En menos de tres semanas, una ola de denuncias sobre abusos sexuales perpetrados por militares puso en el ojo del huracán a las instituciones castrenses. El reporte de los casos llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el día de hoy se pronunció pidiendo al Gobierno colombiano llegar al fondo de las investigaciones.
Luego de conocer casos similares al de la adolescente de 15 años de la comunidad indígena nukak maku, quien contó que dos militares la retuvieron cinco días en el batallón de San José del Guaviare y que allí abusaron de ella en 2019, el organismo internacional se mostró preocupado porque los casos hagan parte de un posible patrón de conductas por parte de los integrantes del Ejército. El comandante general de esa institución, Enrique Zapateiro, ha sostenido en las últimas semanas que algunos de los implicados ya salieron de la institución y otros están siendo investigados.
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Habría por lo menos otros cinco casos de violación sexual a niñas indígenas Nukak en este mismo resguardo a manos de integrantes del Ejército de los cuales la Fiscalia priorizó 12 casos de posible violencia sexual contra mujeres de esta etnia. De acuerdo con la declaración hecha por el comandante del Ejército, desde 2016, unos 118 militares han sido o están investigados delitos sexuales a menores de 18 años. Para la CIDH las vulneraciones a los derechos de niñas y mujeres indígenas no solo genera agravantes para ellas, “sino que también afectan negativamente a sus pueblos de origen, produciendo graves quiebres en el tejido social, aumentando la sensación de indefensión e impunidad”.
En el documento, el organismo internacional rechazó cualquier tipo de violencia y pidió al Gobierno colombiano prestar atención a los abusos que enfrentan las mujeres, niñas y adolescentes indígenas en Colombia por parte de agentes del Estado. Asimismo, pidió que se tengan en cuenta los contextos de violencia en el que habitan estas mujeres. “Considerando los impactos diferenciados que derivan de esa situación; y en un escenario de conflicto son un blanco desproporcionado de agentes armados estatales y no estatales, a la vez son quienes se encuentran más expuestas a actos de violencia sexual, debido a las múltiples formas de discriminación que enfrentan y a la vulnerabilidad de su territorio”, señaló la organización.
Además, pidió al gobierno garantizarles a las víctimas el acceso oportuno a la justicia, así como “continuar investigando estos hechos con la debida diligencia en condiciones de igualdad y no discriminación, a partir de una perspectiva interseccional. La Comisión recuerda al Estado la obligación internacional que le cabe de investigar estos actos tomando en cuenta el principio de debida diligencia reforzada, procurando que la investigación sea llevada a cabo bajo una perspectiva de género y un enfoque de protección integral para mujeres”.
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Para ello, recomendó actuar de manera diferenciado teniendo en cuenta el contexto cultural de las menores de 18 años considerando los factores de riesgo asociados a su etnia y edad. Asimismo, el Estado deberá reparar a las víctimas las cuales, de acuerdo con el documento, “deben incluir una perspectiva intercultural e intergeneracional, lo que podría incluir reparaciones de carácter individual y colectivo que tengan en cuenta los impactos de los hechos de violencia sexual a sí mismas y a sus familias y comunidades”.