CIDH solicita proteger a integrantes del Consejo Comunitario La Plata Bahía Málaga

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares a trece líderes sociales y defensores de los derechos étnico-territoriales del Consejo Comunitario de las comunidades negras de La Plata Bahía Málaga, el cual se encuentra ubicado en Buenaventura (Valle del Cauca). En la solicitud se planteaba que este Consejo Comunitario habría estado resistiendo a presiones por parte de grupos armados ilegales.

Según expuso la CIDH, el pasado 22 de enero, un grupo armado habría intentado tomar por la fuerza la sede del Consejo. Presuntamente, este grupo ilegal utilizó fusiles, amenazas de muerte y disparos indiscriminados para presionar por el control territorial de la zona. Posteriormente, en febrero de este año, los miembros del consejo habrían recibido solicitudes para reunirse con el grupo armado en una vereda cercana a Bahía Málaga.

Aunque los defensores de derechos humanos realizaron la denuncia y le solicitaron al Estado protección, las autoridades no habrían adoptado las medidas necesarias para este tipo de situación. Se cree que por este motivo se produjo el desplazamiento de varios líderes de la zona y el confinamiento de las comunidades, pues al parecer esta vereda se ha convertido en un centro de operaciones del grupo ilegal.

La Comisión analizó la información entregada por el Estado sobre la ayuda humanitaria que han prestado, sin embargo, consideró que estas acciones no habrían sido suficientes, ya que no se tradujeron en la disminución de factores de riesgo, así como tampoco se implementaron esquemas de protección. Al contrario, estos datos “revelan la intensidad de violencia que vive la zona” debido a la llegada de este grupo armado y al desplazamiento de sus líderes, según expone la CIDH.

Por este motivo, el ente internacional le solicitó a Colombia que adopte las medidas necesarias para proteger la vida de los 13 líderes sociales y que estos puedan volver a su comunidad de manera segura. Estos lineamientos deben ser implementados, pues son “indispensables” para que los líderes puedan continuar realizando actividades de defensa de derechos humanos sin ser amenazados u hostigados. El país también tendrá que informar sobre las acciones que decida adoptar.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares a trece líderes sociales y defensores de los derechos étnico-territoriales del Consejo Comunitario de las comunidades negras de La Plata Bahía Málaga, el cual se encuentra ubicado en Buenaventura (Valle del Cauca). En la solicitud se planteaba que este Consejo Comunitario habría estado resistiendo a presiones por parte de grupos armados ilegales.

Según expuso la CIDH, el pasado 22 de enero, un grupo armado habría intentado tomar por la fuerza la sede del Consejo. Presuntamente, este grupo ilegal utilizó fusiles, amenazas de muerte y disparos indiscriminados para presionar por el control territorial de la zona. Posteriormente, en febrero de este año, los miembros del consejo habrían recibido solicitudes para reunirse con el grupo armado en una vereda cercana a Bahía Málaga.

Aunque los defensores de derechos humanos realizaron la denuncia y le solicitaron al Estado protección, las autoridades no habrían adoptado las medidas necesarias para este tipo de situación. Se cree que por este motivo se produjo el desplazamiento de varios líderes de la zona y el confinamiento de las comunidades, pues al parecer esta vereda se ha convertido en un centro de operaciones del grupo ilegal.

La Comisión analizó la información entregada por el Estado sobre la ayuda humanitaria que han prestado, sin embargo, consideró que estas acciones no habrían sido suficientes, ya que no se tradujeron en la disminución de factores de riesgo, así como tampoco se implementaron esquemas de protección. Al contrario, estos datos “revelan la intensidad de violencia que vive la zona” debido a la llegada de este grupo armado y al desplazamiento de sus líderes, según expone la CIDH.

Por este motivo, el ente internacional le solicitó a Colombia que adopte las medidas necesarias para proteger la vida de los 13 líderes sociales y que estos puedan volver a su comunidad de manera segura. Estos lineamientos deben ser implementados, pues son “indispensables” para que los líderes puedan continuar realizando actividades de defensa de derechos humanos sin ser amenazados u hostigados. El país también tendrá que informar sobre las acciones que decida adoptar.

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