Cielo Redondo, exalcaldesa de Uribia, imputada por contratación irregular
No es la primera vez que la exmandataria está ante los estrados judiciales. En 2016 se entregó ante la Sijin de la Policía por concierto para delinquir.
Por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público y corrupción fue imputada Cielo Beatriz Redondo Mindiola, exalcaldesa de Uribia (La Guajira). Junto a la exmandataria también fueron judicializados algunos funcionarios de su segunda administración que responden a Camilo Manuel Polo González, exjefe de recursos físicos de la Alcaldía de Uribia; Víctor Manuel Mejía, exsecretario de Gobierno de Uribia, y Dailineth Torres Iguarán, contratista.
La exmandataria fue llamada ante los estrados judiciales por presuntas irregularidades en la ejecución y liquidación del contrato 053 celebrado en 2010, que tenía como objetivo el suministro de víveres, alimentos y enseres para atender a la población wayuu afectada por la temporada de lluvias. El convenio que pactó por casi $50 millones buscaba mitigar las necesidades de las comunidades de 21 corregimientos que quedaron incomunicados por vía terrestre, situación que generó una grave afectación para la seguridad alimentaria de niños, madres gestantes y adultos mayores.
Lea aquí: Los exgobernadores que, por corruptos, tienen en jaque a La Guajira
La Fiscalía tiene en su poder sendas pruebas que dan cuenta de posibles irregularidades, como la elección directa del contratista, sin tener en cuenta los requisitos de ley establecidos. También tienen documentado que no se hizo un censo del número de personas a beneficiar, ni se estableció la cantidad de mercados o los productos que los conformarían. Incluso, según dice la investigación, se habría certificado el ingreso de las ayudas al almacén de la Alcaldía de Uribia y la posterior entrega de los mercados a las comunidades indígenas, algo que no sucedió.
Esta no es la primera vez que la exmandataria está ante la palestra. En mayo de 2016, tras estar prófuga de la justicia, se entregó ante la Sijin de la Policía porque era requerida por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y falsedad en documento privado porque, supuestamente, incurrió en irregularidades al comprar unos materiales de construcción cuando fue alcaldesa de su pueblo por segunda vez, entre 2007 y 2011. En ese entonces, alegó supuestos problemas de salud cuando iba a ser trasladada a Bogotá, por lo que terminó siendo judicializada en Riohacha y enviada a su lugar de residencia.
Lea también: A diez años de cárcel fue condenado el gobernador de La Guajira Wilmer González Brito
En materia política, Redondo Mindiola tuvo nexos con el exgobernador Wilmer David González Brito, quien fue condenado a nueve años por corrupción electoral y a quien en los últimos días la Corte Suprema de Justicia le dio casa por cárcel. El exmandatario departamental llegó a instancias judiciales luego de ocupar el cargo en la Gobernación tras tener el apoyo de la exalcaldesa, derribando las barreras electorales que dejó a su paso Juan Francisco Kiko Gómez, exgobernador de La Guajira.
La cuestionada política no solo ha sido señalada de irregularidades en sus mandatos sino también, según un informe que hizo Paz y Reconciliación, en 2014, se le acusa de ser la jefa política de la estructura criminal de alias Pablo, supuesto jefe del Frente Contrainsurgente Wayuu. El documento deja en evidencia el posible actuar criminal, incluso, de su núcleo familiar. “Igualmente, la familia de Redondo está rodeada por la criminalidad. Su hermano Alfredo y uno de sus sobrinos trabajan para la banda de Emi Solano, responsable de una importante cantidad de secuestrados en La Guajira y la zona de frontera venezolana”, reposa en el informe.
Por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público y corrupción fue imputada Cielo Beatriz Redondo Mindiola, exalcaldesa de Uribia (La Guajira). Junto a la exmandataria también fueron judicializados algunos funcionarios de su segunda administración que responden a Camilo Manuel Polo González, exjefe de recursos físicos de la Alcaldía de Uribia; Víctor Manuel Mejía, exsecretario de Gobierno de Uribia, y Dailineth Torres Iguarán, contratista.
La exmandataria fue llamada ante los estrados judiciales por presuntas irregularidades en la ejecución y liquidación del contrato 053 celebrado en 2010, que tenía como objetivo el suministro de víveres, alimentos y enseres para atender a la población wayuu afectada por la temporada de lluvias. El convenio que pactó por casi $50 millones buscaba mitigar las necesidades de las comunidades de 21 corregimientos que quedaron incomunicados por vía terrestre, situación que generó una grave afectación para la seguridad alimentaria de niños, madres gestantes y adultos mayores.
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La Fiscalía tiene en su poder sendas pruebas que dan cuenta de posibles irregularidades, como la elección directa del contratista, sin tener en cuenta los requisitos de ley establecidos. También tienen documentado que no se hizo un censo del número de personas a beneficiar, ni se estableció la cantidad de mercados o los productos que los conformarían. Incluso, según dice la investigación, se habría certificado el ingreso de las ayudas al almacén de la Alcaldía de Uribia y la posterior entrega de los mercados a las comunidades indígenas, algo que no sucedió.
Esta no es la primera vez que la exmandataria está ante la palestra. En mayo de 2016, tras estar prófuga de la justicia, se entregó ante la Sijin de la Policía porque era requerida por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y falsedad en documento privado porque, supuestamente, incurrió en irregularidades al comprar unos materiales de construcción cuando fue alcaldesa de su pueblo por segunda vez, entre 2007 y 2011. En ese entonces, alegó supuestos problemas de salud cuando iba a ser trasladada a Bogotá, por lo que terminó siendo judicializada en Riohacha y enviada a su lugar de residencia.
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En materia política, Redondo Mindiola tuvo nexos con el exgobernador Wilmer David González Brito, quien fue condenado a nueve años por corrupción electoral y a quien en los últimos días la Corte Suprema de Justicia le dio casa por cárcel. El exmandatario departamental llegó a instancias judiciales luego de ocupar el cargo en la Gobernación tras tener el apoyo de la exalcaldesa, derribando las barreras electorales que dejó a su paso Juan Francisco Kiko Gómez, exgobernador de La Guajira.
La cuestionada política no solo ha sido señalada de irregularidades en sus mandatos sino también, según un informe que hizo Paz y Reconciliación, en 2014, se le acusa de ser la jefa política de la estructura criminal de alias Pablo, supuesto jefe del Frente Contrainsurgente Wayuu. El documento deja en evidencia el posible actuar criminal, incluso, de su núcleo familiar. “Igualmente, la familia de Redondo está rodeada por la criminalidad. Su hermano Alfredo y uno de sus sobrinos trabajan para la banda de Emi Solano, responsable de una importante cantidad de secuestrados en La Guajira y la zona de frontera venezolana”, reposa en el informe.