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Hace exactamente cinco años, la Corte Constitucional materializó la principal preocupación del pueblo wayuu en una decisión histórica. El 8 de mayo de 2017, la Sentencia T-302 declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira por el hambre en el departamento, que solo el año anterior había cobrado la vida de setenta niños. En ella, la Corte decretó 210 órdenes que debían cumplir 25 instituciones para atender el problema.
La noticia llegó como una dosis de esperanza para las comunidades wayuus: “Siempre tuvimos claro que la Corte Constitucional era la máxima instancia y si ella se pronunciaba podría obligar al Estado a hacer las cosas como corresponde”, dice Matilde López Arpushana, una de las voceras wayuus para la implementación de la sentencia. Cinco años después, visitamos algunas comunidades de la media Guajira para conocer qué queda de esa esperanza y qué tanto ha cumplido el Estado.
Agua: soluciones insostenibles
La comunidad de Media Luna queda a cuarenta minutos del casco urbano de Uribia, municipio conocido como “la capital indígena de Colombia”. Allí, más de noventa familias y 460 estudiantes del colegio (cien de ellos internos) dependen de un pozo profundo para conseguir agua potable. Se trata de una infraestructura imponente y moderna, a base de paneles solares, que hoy no es más que un elefante blanco.
La obra fue entregada por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) en 2016. Aunque el alcalde de turno firmó un acta en la que se comprometió con el mantenimiento del pozo, eso nunca ocurrió y dejó de servir en un año.
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Como este, 26 de los 29 pozos construidos por el DPS no están funcionando, según un informe de la Veeduría Ciudadana de la Sentencia T-302. Lo mismo ocurre con 37 de los 39 molinos desalinizadores entregados por el gobierno de Juan Manuel Santos.
Hoy Media Luna se abastece de un carrotanque que envía semanalmente la Alcaldía con 20.000 litros de agua. Marbelis Ipuana, autoridad indígena, asegura que no alcanza: “Nos dicen que el agua del carrotanque es solo para el consumo humano, pero no tengo de dónde sacar más porque aquí no ha llovido y los jagüeyes están secos”.
Un informe de Felipe Núñez, experto en agua potable invitado por la Corte a la zona, confirmó que en Media Luna el agua no es suficiente : “Un cálculo rudimentario solo con base en los 464 menores que asisten a la escuela arroja una cantidad promedio de agua disponible de 2,1 litros por menor por día (...) La cantidad mínima recomendada por la OMS para hidratación es de 5,3 litros por persona al día”.
Alimentación: cobertura a medias
En la comunidad de Kaironare, en zona rural de Riohacha, los padres de familia rechazaron la entrega del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en febrero de este año. La razón es que el paquete solo traía alimentos para doce niños y la escuela tiene 26 estudiantes. Según cuenta Aída Gómez, una madre de la comunidad, la coordinadora del programa les pidió que aceptaran esas raciones mientras la Secretaría de Educación resolvía el problema, pero se negaron. “¿Y qué hacemos con los otros niños?”, le decían.
La comunidad prefirió seguir reclamando una solución completa. En lugar de un PAE rendido a la fuerza, los niños de Kaironare ahora desayunan y almuerzan gracias a que las mujeres de la comunidad se unieron para hacer mochilas y cambiarlas por alimentos. Mientras tanto, dice Aída, no queda sino “esperar la voluntad de Dios, la muchacha nos dijo que en seis meses la Secretaría de pronto nos resuelve el problema”.
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En otra escuela rural de Riohacha, la persona encargada de preparar los alimentos cuenta que los ochenta estudiantes reciben un desayuno y un almuerzo estipulado para 65 niños. A la hora del desayuno, mientras termina de servir pequeños platos con queso rallado y una rosquilla de harina, dice que “nos hemos vuelto expertas haciendo rendir la comida”.
Algo similar ocurre en la Unidad Comunitaria de Atención (UCA), el lugar que hace las veces de preescolar para los wayuus menores de cinco años. Ahí, cuentan que solo reciben alimentos para quince de los veinte niños que atienden a diario. Este es un reflejo del déficit de cobertura del principal programa de alimentación a primera infancia, que en los municipios de Manaure, Maicao, Riohacha y Uribia (priorizados por la sentencia) solo atiende al 34 % de los menores de cinco años, según un informe de la Veeduría.
Salud: “Lo que hay es hambre”
A escasos 30 minutos de Riohacha queda la comunidad de Jirrawica. Ahí vive Greici, una bebé de siete meses que ha pasado su corta vida en permanente tratamiento médico. Greici nació con bajo peso y permaneció un mes en cuidados intensivos con desnutrición aguda moderada y pañalitis.
Después pasó al hogar de recuperación nutricional de la IPS indígena Wale Keru, un espacio construido a modo de ranchería donde los niños wayuus con desnutrición viven con su familia mientras reciben atención médica y, lo más importante, agua potable y comida. Ahí, la mamá les rogó a los médicos que salvaran a la única niña de sus once hijos; les contó que el hambre ya se había llevado a una de sus hijas.
Hoy Greici está recuperada de la desnutrición, pero sigue en riesgo de recaer. Además, “tiene un retraso marcado en su talla y un retraso en el neurodesarrollo: apenas está empezando a sostener la cabeza y ya es para que ella rodara y diera vueltas”, explica la médica Angélica Correa después de revisarla.
Cuando Greici deje de tomar leche materna, probablemente entrará en la misma dieta de su familia: una comida diaria de arroz, chicha y muy de vez en cuando carne. “Es muy difícil brindar salud cuando lo que hay es hambre”, dice alguien del equipo médico antes de dejar la ranchería.
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La implementación no despega
La vida en las rancherías de La Guajira demuestra que la crisis está lejos de ser superada. Hay una cifra que lo confirma: “Cuando se emitió la sentencia, el promedio de muertes por desnutrición en el departamento era cinco veces el promedio nacional. Hoy esa cifra es casi ocho veces superior. El estado de cosas inconstitucional permanece inamovible”, explica César Arismendy, coordinador técnico de la Veeduría Ciudadana de la Sentencia.
Mientras tanto, la implementación de la sentencia no arranca en firme. La Corte le dio seis meses a la Presidencia para crear un plan de acción; es decir, una ruta concertada con las comunidades para establecer las acciones de las 25 instituciones involucradas.
Cinco años después, el plan apenas está en etapa de consulta previa. Así lo confirma la Consejería para las Regiones, entidad encargada de liderar la construcción del plan de acción: “Actualmente se está surtiendo la primera fase del proceso, con ocho mesas de consulta ya realizadas y cuya culminación se encuentra prevista para este mes de mayo. Una vez se finalice esta etapa se desarrollarán las 22 mesas técnicas en el plazo de un mes y se surtirá la fase de protocolización de los acuerdos”. Y aclaran que, en paralelo, se han desarrollado 237 acciones desde 2017 por 35 entidades del orden nacional y territorial.
Cinco años después, el plan apenas está en etapa de concertación. Por su parte, los entes de control, llamados a vigilar el cumplimiento de la sentencia, no han decretado medidas disciplinarias que obliguen a las instituciones a cumplir.
¿A qué se deben tantos incumplimientos? Para Arismendy, hay al menos dos motivos: por un lado, la falta de conocimiento de la sentencia por parte de la mayoría de funcionarios que “no la han leído”. A eso se suma un problema de “desencuentros interculturales: se trata de dos bloques, dos visiones (la institucionalidad y el pueblo wayuu). Esto debe tener una dimensión cultural que el Gobierno no le ha dado”.
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* Periodista en el Centro de Estudios Dejusticia, organización que impulsa la implementación de la Sentencia T-302 de 2017.