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La Fiscalía llamó a interrogatorio a las partes involucradas en el reciente escándalo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), en el cual se denunció la posible pérdida de un anticipo por $70.000 millones entregados a la empresa Centros Poblados, hasta hace unos días encargada de entregar internet a zonas rurales de Colombia. Se trata del primer avance investigativo de la Fiscalía, la cual apunta a un presunto escenario de corrupción.
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De acuerdo con Caracol Radio, uno de los primeros citas es Luis Fernando Duque, representante legal de la unión temporal Centros Poblados, seleccionado para ejecutar un contrato por más $1 billón para la construcción de 10 mil centros digitales en el país. A corte de abril, el avance iba en el 1% y, como lo explicó la misma ministra de las TIC Karen Abudinen, el contrato fue cancelado de tajo y, por tanto, aún no hay claridad de cómo se van a recuperar los $70.000 millones del anticipo.
El fiscal general Francisco Barbosa aseguró, en su última comunicación, que el caso MinTic fue priorizado y es un encargo especial para el directo nacional Anticorrupción del ente investigador. “Existe la estructura de un grupo de tareas especiales, donde se involucra también al coordinador de fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de Justicia (que investiga ministros), y tenemos las líneas investigativas para cada uno de esos hechos”, agregó Barbosa.
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La Fiscalía General les sigue el rastro a los funcionarios públicos del MinTic que participaron en el proceso de evaluación del billonario contrato, así como en la elaboración de las pólizas y los documentos del acuerdo. Otras líneas investigativas tienen que ver con Centros Poblados, del cual se conoció el primer avance, y la manera en qué se dieron los giros del anticipo.
El pasado fin de semana fue todo un viernes 13 para la empresa Centros Poblados, pues el MinTic confirmó la caducidad del billonario contrato, situación que había sido declarada en julio y que fue revelada por W Radio. La ministra Karen Abudinen, además, aseguró que es una funcionaria honorable y que, por decisión propia de la cartera, se decidió finalizar el acuerdo con la empresa. Aseguró que el dinero volverá a las arcas del Estado.
En el expediente quedó que Centros Poblados, al parecer, presentó garantías falsas y retrasos en las obras. El Mintic no acogió los argumentos de Centros Poblados que consideraba ilegal la caducidad y alegaba que le habían violado el debido proceso. El ministerio defendió su actuación y ratificó que el contratista incumplió sus obligaciones. Centros Poblados presentó tres garantías expedidas por el banco Itaú, sin embargo, la misma entidad financiera negó haber puesto su firma en el trámite.
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“Hay ausencia de un garante, es decir, los documentos que soportan el contrato son inexistentes. Por lo que procede la caducidad. El Banco Itaú desconoce haber expedido las garantías y el contratista nunca allegó prueba ni siquiera sumaria contradiciendo lo dicho por el banco. Se incumple entonces la obligación de aportar garantía”, concluyó el MinTic el pasado viernes. Abudinen, además, aseguró que Centros Poblados, y las empresas que la conforman, no volverían a contratar con el Estado.
Por su parte, la defensa de Centros Poblados anunció que interpondrá recursos. Frente a las garantías que no han podido ser acreditadas, el abogado de la unión temporal, Jorge Pino Ricci, dijo que solo se tuvo en cuenta la versión del banco Itaú y que funcionarios de la entidad bancaria sí dejaron los papeles en regla: “Yo quería demostrar que un funcionario del banco participó en la expedición de la garantía y usted no me decretó esa prueba (le dijo a la funcionaria que adelantó la audiencia del MinTic) (…) Con solo la declaración del banco no se puede probar la inexistencia de la garantía”.