Las claves para entender el fallo que dejó con vida la paz total de Petro

El proyecto de “paz total” del gobierno de Gustavo Petro, una de las banderas de su presidencia, fue reconocido y avalado por la Corte Constitucional, luego de estudiar las demandas de la oposición política que buscaba tumbar por completo la Ley 2272 de 2022. La alta corte dio luz verde para que la administración Petro siga adelante con los diálogos que, en el mejor de los casos, permitirá negociar la paz con el ELN y someter a la justicia a organizaciones criminales como las disidencias FARC, las Autodefensas de la Sierra Nevada o la Oficina de Envigado. Estas son las claves para entender la decisión.

El proyecto de “paz total” del gobierno de Gustavo Petro, una de las banderas de su presidencia, fue reconocido y avalado por la Corte Constitucional, luego de estudiar las demandas de la oposición política que buscaba tumbar por completo la Ley 2272 de 2022. La alta corte dio luz verde para que la administración Petro siga adelante con los diálogos que, en el mejor de los casos, permitirá negociar la paz con el ELN y someter a la justicia a organizaciones criminales como las disidencias FARC, las Autodefensas de la Sierra Nevada o la Oficina de Envigado. Estas son las claves para entender la decisión.

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Una propuesta de paz

La Corte encontró que la propuesta de Petro está dividida en dos: de un lado, una iniciativa que ya se ha trabajado en el pasado, como en el caso de la guerrilla de las FARC en 2016, en la que se dispone el esfuerzo estatal para desmantelar una organización de carácter político y llegar a acuerdos para que, incluso, alcancen representación parlamentaria. Ese es el caso del ELN, al cual el gobierno considera como el único grupo con ideales políticos; de otro lado, un procedimiento novedoso, en el cual, por primera vez en la historia, el ejecutivo inicia conversaciones con organizaciones denominadas de crimen organizado de alto impacto, sin reconocerles estatus político.

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En ambos casos, concluyó la Corte Constitucional, el Gobierno está actuando apegado a la Constitución política. Los magistrados reconocieron que, de hecho, la Carta Magna fue expedida como remedio para la violencia armada y para lograr la convivencia pacífica de los colombianos. “La paz también se funda en el deber de asegurar la convivencia pacífica a través de las facultades del presidente de la República para la preservación del orden público. Alcanzar la paz también supone enfrentar todos los tipos de violencia y sus causas, avanzar en el fortalecimiento del Estado de Derecho, la democracia y la protección de los derechos humanos”, explicó la Corte.

En síntesis, el alto tribunal concluyó que la Constitución habilita a cualquier presidente a recurrir a un amplio espectro de posibilidades para buscar el cierre del conflicto armado, incluyendo las vías negociadas, en las que se acerca a la criminalidad organizada para conseguir su desmonte. En ese marco, la presidencia ha firmado decretos de cese al fuego bilaterales como el suscrito con el ELN, el cual inició el pasado 3 de agosto y finaliza el próximo 29 de enero, y que está sujeto a verificación. Así como el firmado con las disidencias de las FARC, comandadas por Iván Mordisco, que comenzó en agosto pasado y se extiende hasta el 4 de enero del próximo año.

¡Pilas con la separación de poderes!

Aunque la Corte Constitucional encontró el proceso con las organizaciones armadas de alto impacto como útil y novedoso, el alto tribunal advirtió que esa iniciativa debe tener sus límites. Por ejemplo, las reglas de la desarticulación del grupo criminal no deben ser discrecionales del presidente, como así lo quería el presidente Petro. ¿Por qué? Porque se violaría el principio de separación de poderes con otras ramas del poder público, como la judicial. Por ello, el marco normativo, es decir, las reglas del juego con esos grupos, deberán ser definidos y desarrollados por el Congreso. Así mismo, todas las medidas especiales de carácter penal, por ejemplo, posibles beneficios como penas disminuidas o de justicia restaurativa, deberán estar sujetas a las consideraciones de los jueces de la República y su última palabra.

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La Corte Constitucional, además, tumbó parte de un artículo relacionado con el procedimiento de las negociaciones de paz o de desmonte de los grupos. Si la norma hubiese pasado el examen, cualquier privado de la libertad que hubiese sido nombrado por la presidencia como “vocero” o “integrante de organizaciones sociales y humanitarias”, relacionados con cualquier grupo armado, hubiese sido excarcelado por orden presidencial. Por ejemplo, un integrante del ELN que estuviera preso y que haya sido designado como vocero. Sin embargo, la Corte consideró que el Gobierno se extralimitó y que esas decisiones están por fuera de las causales del régimen de libertades de la justicia ordinaria.

“Por un lado, el presidente y la Rama Ejecutiva del poder público en general, no pueden disponer la liberación de quien ha sido privado de la libertad por orden judicial, especialmente si no se enmarca en un objetivo preciso, que tenga un fundamento constitucional claro, y que defina un ámbito de aplicación concreta subordinado a tal finalidad. Por otro lado, esta eventual excarcelación torna inocuos (deja sin efectos) los fines que en su momento justificaron la imposición de la medida de aseguramiento o de la pena de prisión por parte de las autoridades judiciales. Lo cual, a su vez, limita la efectividad del recurso judicial para las víctimas, y afecta su derecho a la efectiva impartición de justicia”, concluyó la Corte.

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De otro lado, la ley de “paz total” establecía que el Gobierno podría avisar a las autoridades judiciales que inició acercamientos con determinado grupo y que podría solicitar la suspensión de las órdenes de captura a “voceros” o “miembros representantes”. Sin embargo, para la Corte Constitucional esa facultad resultaba demasiado amplia e imprecisa, teniendo la perspectiva de que podría aplicarse a un universo enorme de criminales. Por ello, para evitar que sea discrecional al presidente, la Corte ordenó que la suspensión de las órdenes de captura solo proceda cuando los miembros de grupos criminales den muestras claras de su compromiso de dejación de armas y transición a la vida en sociedad.

En respuesta a esta decisión, el fiscal Francisco Barbosa reaccionó en la mañana de este viernes y dijo: “Seguramente los fiscales, en el marco de su autonomía e independencia, en los próximos días solicitarán las órdenes de captura a quienes se designaron voceros de paz, se encontraban en libertad y se les otorgaron esas libertades. Estamos haciendo el balance para saber cuáles son las personas que salieron como voceros de paz”. Sin embargo, todavía no es claro cuántas personas retornarían a la cárcel.

Una decisión reñida

El fallo completo todavía no se conoce. No obstante, la Corte entregó un comunicado público en el que quedaron claras las posiciones de algunos magistrados que no estuvieron de acuerdo del todo. Por ejemplo, el togado Jorge Enrique Ibáñez argumentó que un proceso de paz y un proceso de sometimiento no son comparables, de tal manera que no pueden desarrollarse bajo un mismo procedimiento. Y de hacerlo, dijo, Colombia necesitaría entonces una reforma a la Constitución. En resumen, para Ibáñez, cada uno de estos procesos tiene sus propias reglas del juego, de las cuales se desprenden las competencias que se les van a atribuir a las instituciones nacionales.

“Las normas constitucionales relativas a la paz y a los procesos de paz no fueron diseñadas ni establecidas para adelantar procesos de sometimiento a la justicia de delincuentes comunes”, argumentó Ibáñez. Tal sería la confusión en términos jurídicos que, según el magistrado, está permitiendo a diversos grupos “pasar por aquello que no son”, con el objetivo de adelantar negociaciones con el gobierno y suscribir acuerdos de paz. El resultado sería todo el contrario al esperado, dado que, para Ibáñez, los grupos criminales no cesarían operaciones, sino que las incrementarían con la expectativa de que algún día entren en negociaciones, que les permitan recibir indultos o amnistías, como en el caso del Acuerdo de Paz de 2016.

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El togado Juan Carlos Cortés, por su parte, consideró que excarcelar a los “voceros” de las organizaciones criminales no reñía con el principio de separación de poderes, al contrario, hubiese demostrado una especie de colaboración armónica entre las ramas del poder público. Sobre todo porque la ley de “paz total”, antes de su examen constitucional, incluía la participación de la rama judicial en este aspecto, con la garantía de que los jueces verificarían la precedencia de la suspensión de las órdenes de captura. A su juicio eran medidas idóneas, pues generaban incentivos para avanzar en los acercamientos con el fin último de lograr la paz.