El 13 de marzo de 2010, Clodomiro Castilla Ospino, director de la revista El Pulso del Tiempo en Montería, denunció que agentes de la Policía habían quemado viva a una de sus mascotas, Susana, una perra de raza Chow Chow, como parte de las múltiples provocaciones que sobrellevaba por parte de actores estatales y no estatales molestos por sus constantes publicaciones sobre corrupción, paramilitarismo y la connivencia de funcionarios del Estado con grupos ilegales. Este hecho se sumó a las amenazas recibidas el 20 de febrero de ese mismo año, y a una decena de denuncias por hostigamientos e intimidaciones que el periodista había presentado ante diversas autoridades desde julio de 2005.
En su carta al entonces comandante de la Policía en Córdoba, Castilla Ospino aseguraba que “(…) ya me cansé del comportamiento de sus subordinados que es el mismo de siempre hacia mí: hostil. Dos casos concretos: la casa fiscal inmediata a mi residencia ha sido ocupada por miembros de la institución que han violado mi privacidad y atentado contra mis mascotas quemándolas vivas. En ese momento, mi coronel Toro asumió la responsabilidad y pagó los costos del tratamiento para las quemaduras de tercer grado. Nuevamente, desde esa casa, unos supuestos albañiles que pueden ser policías provocan abiertamente a mis perros hasta el punto que les llamé la atención. Tengo la impresión que han incursionado en mi tejado en ausencia mía abriendo grietas hasta en el cielo raso. Yo las fotografié y mandé las tomas a los organismos respectivos porque aquí nada funciona. Las famosas revistas [rondas policiales que se realizan en el marco del programa de protección] no se llevan a cabo y en el 123 debe haber anotaciones. Hacen retenes de control y dejan vías de acceso abiertas para que todo el flujo de motocicletas pase por mi casa como para intimidarme. No me extrañaría que estuviesen pagados por el amo del chance Pedro Ghisays [gerente de apuestas de Córdoba, salpicado por Zulema Jattin en su confesión ante la JEP por su estrecha relación con Salvatore Mancuso] y el señor del Meridiano [de Córdoba, diario dirigido por William Salleg Taboada, con varias órdenes de investigación por nexos con el paramilitarismo], reconocidos paramilitares. Le anexo copia de la denuncia más reciente por amenazas y le pido el favor que no me proteja de esa manera como lo hacen sus subalternos.”
Pero la Policía no cumplió con su deber y Clodomiro Castilla -cuyo nivel de riesgo había sido calificado de “ordinario” en 2008- fue asesinado con ocho disparos de pistola nueve milímetros seis días más tarde, el 19 de marzo, lo que llevó a la condena contra la Nación en septiembre de 2022. Para el Juzgado Quinto Administrativo de Montería, “la Policía Nacional no atendió el nivel de conducta que se esperaba de su servicio en relación con la protección y seguridad del señor Clodomiro Castilla Ospino, dado que no adoptó medidas de protección y en ese sentido no tuvieron en cuenta la urgencia, gravedad e inminencia de las amenazas en su contra”.
La condena contra el Estado es el único aliciente que en los últimos catorce años ha recibido la familia de Clodomiro Castilla. Aunque el caso se encuentra en apelación, el pronunciamiento de la justicia administrativa sobresale entre la maraña de silencios, cambios de fiscales, nulos resultados y ausencia de investigación en la Fiscalía General de la Nación, sólo equiparables con la multiplicidad de denuncias penales y periodísticas que realizaba Castilla Ospino, ninguna de las cuales ha sido tenida en cuenta para la elaboración de una ruta metodológica que pueda esclarecer los móviles y responsables del crimen.
En la última edición de El Pulso del Tiempo, que vio la luz días antes del asesinato del periodista y fue comprada casi en su totalidad horas después de su publicación, la revista cuyo eslogan era “periodismo de pie”, Castilla denunció lo que él denominó un “absurdo fallo” a favor del director del periódico El Meridiano de Córdoba en un proceso por destrucción e incendio de la finca Nuevo Paraíso, ocurrido en 2004.
En el artículo, Clodomiro señalaba la injerencia del paramilitarismo en la justicia, la política y el periodismo cordobés, y mencionaba nombres que, catorce años más tarde, son bien conocidos en los estrados judiciales: Jorge Pretelt, condenado por corrupción y salpicado por vínculos con paramilitares desde al menos el año 2015; Carlos Isaac Náder, expresidente de la Corte Suprema señalado de vínculos con el clan Nule y quien en las filtraciones de Wikileaks apareció salpicado como uno de los magistrados que habría bloqueado procesos por parapolítica; Guillermo Mendoza Diago, exfiscal general de la Nación, mencionado en el caso Pretelt; William Salleg, entre otros.
De no haber sido asesinado, el 24 de marzo de 2010 Clodomiro Castilla tendría que haberse presentado ante la justicia para testificar contra Salleg Taboada en un caso que se le seguía por concierto para delinquir.
Pero el caso no avanzó, como tampoco lo hizo la orden de investigación en contra del empresario de medios cordobés emitida en el año 2015 por el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, que en una sentencia contra el Bloque Córdoba del paramilitarismo, de más de setecientas páginas, recogió el testimonio del paramilitar Dovis Grimaldi Núñez Salazar, quien confesó que “mientras sus comandantes ingresaban a las instalaciones del periódico, entre ellos Salvatore Mancuso, a quien acompañó en varias ocasiones, ellos se quedaban afuera, y aseguró que éste era socio de este medio de comunicación”.
El fallo también recogió el testimonio de Tatiana Castilla, hija del periodista hoy asilada política en Europa, quien afirmó que su padre “(…) empezó a escribir en el periódico Meridiano de Córdoba, propiedad de William Enrique Salleg Taboada, quien se convertiría en su peor enemigo. Le bastó poco tiempo para darse cuenta que, de todos los temas que tocaba el diario, había uno sólo que no era permitido, la relación entre paramilitarismo y la “gente bien” de Córdoba. (…) no hizo caso a esa prohibición y terminó enfrentado al dueño del periódico. Como consecuencia lógica, fue echado casi a las patadas del medio. Uno de los temas que alcanzó a investigar fue la relación entre Mancuso, (…) con algunos políticos locales antes de las elecciones regionales”.
Al ordenar investigar a Salleg Taboada, el magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo aseveró: “esta sentencia es también un homenaje al valor del periodista”, refiriéndose a Clodomiro Castilla.
Antes de su muerte, el director de El Pulso del Tiempo señaló con nombre propio a quienes, según él, estaban detrás de las amenazas en su contra. En su denuncia del 20 de febrero de 2010, Castilla informó a las autoridades de la existencia de un complot para asesinarlo, del que harían parte Manuel Troncoso Álvarez, exsecretario de Salud de Córdoba y cuñado de Salvatore Mancuso; Juan Manuel y Libardo López Cabrales (el primero condenado por parapolítica); la juez Mercedes Usta de León (ya fallecida); Pedro Ghisay Chadid; y Martha Sáenz, entonces gobernadora de Córdoba.
Castilla fue aún más lejos e informó de una “amenaza personal del señor Pedro Ghisay desde su celular (...) donde textualmente me dijo que si yo no desistía de las denuncias en su contra, él, a pesar de que era un hombre cristiano, podía mandarme a matar porque tenía plata para eso”.
En su escrito a la Fiscalía, Castilla Ospino indicó: “yo hice un desistimiento, lo autentiqué y se lo envié al señor Ghisay, pero no lo satisfizo plenamente”.
Clodomiro también aseguró que “las otras amenazas las atribuyo de manera directa al señor William Salleg Taboada, director del Meridiano de Córdoba, quien inclusive presentó una acción de tutela en el Juzgado Cuarto Penal del Circuito para impedir que yo siguiera publicando aspectos oscuros de su vida que constituyen flagrantes violaciones al Código Penal y contradicen la ética y la pulcritud que debe guardar un director de periódico (...) lo que está sucediendo me hace presumir que hay una manguala que debe investigarse (...) para atentar contra mi vida. (...)”.
Pero la Fiscalía General de la Nación nunca investigó los posibles móviles del crimen de Castilla Ospino, ni menos aún tuvo en cuenta sus denuncias anteriores. De hecho, durante los primeros años de investigación, la Fiscalía puso su empeño en intentar demostrar que el homicidio había tenido relación con la antigua adicción a las drogas que sufrió el periodista.
Tiempo después, las autoridades lograron individualizar al propietario de la moto en la que se movilizaban los sicarios que segaron la vida de Castilla ese 19 de marzo de 2010. En una declaración que se mantiene bajo reserva, el hombre suministró los nombres de los presuntos autores materiales del crimen, que según él estarían muertos, y dio nueva información que la Fiscalía tampoco tuvo en cuenta para impulsar la investigación, la cual se encuentra en “total impunidad”, como lo denuncia la abogada del caso y presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), Yessika Hoyos Morales.
“Durante este tiempo el proceso ha estado marcado por cambios de fiscales, inacción judicial, intentos de responsabilizar al periodista de su propia muerte y parálisis total frente a posibles hipótesis del crimen o la elaboración de una ruta metodológica para llevar a cabo la investigación”, asegura.
Al ser indagado sobre la falta de investigación en este caso, el jefe de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía, Hugo Tovar Pérez, solicitó que las preguntas fueran remitidas a la jefatura de prensa del organismo. Paola Tovar, jefa de Comunicaciones, acusó recibo de las inquietudes de El Espectador y respondió que coordinaría una entrevista formal, pero hasta la publicación de este reportaje la entidad guardó silencio.
Y es que el silencio y la impunidad resumen la actuación judicial del caso Clodomiro Castilla, que prescribirá en seis años sin que se hayan investigado los verdaderos motivos y autores del crimen del que en su momento fuera el más agudo y crítico periodista del departamento de Córdoba, quien poco antes de morir se despidió en forma premonitoria de sus colegas de la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) “a ustedes les agradezco todo lo que han hecho por salvar mi vida, pero estoy cansado del comportamiento del Gobierno, de la doble moral del Estado. Aquí, donde se crían y engordan las mejores vacas y caballos del presidente de la República, donde él considera que es el sitio más seguro, a un periodista lo quieren matar y desestabilizar por decir la verdad y mostrar esa otra cara del departamento que no aparece en los grandes medios promocionales”.
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