Colectivo de abogados José Alvear Restrepo dice que hay “indicios” de que fueron chuzados

Hace seis días, la revista Semana aseguró que desde el Ejército usó ilegalmente de sofisticados equipos por para espiar a políticos, magistrados, generales de otras fuerzas militares y periodistas. En la extensa investigación también se menciona que se interceptó de manera irregula a personas defensoras de derechos humanos y “Colectivos de abogados”. Sobre este punto fue que se refirieron la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) al indicar que existen "indicios" para considerar que fueron blanco de "esta nueva estructura criminal al interior del Ejército Nacional". Vea: el nuevo escándalo de chuzadas que opaca al Ejército

Según la revista, hay carpetas con información de conversaciones personales de todos estos actores que se entregaba a “un reconocido político del Partido Centro Democrático". De acuerdo con la investigación de la publicación periodística y más de 12 testimonios directos, esto implicó también labores ilegales de inteligencia y monitoreo de comunicaciones de magistrados de la Corte Suprema, quienes han estado a cargo de las investigaciones en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal en ese alto tribunal. "La mención del término 'Colectivos de Abogados', agregada al hecho que Reinaldo Villalba, actual vicepresidente de la FIDH y Presidente del Cajar, es el abogado representante del senador Iván Cepeda, víctima en el caso en contra del expresidente Uribe Vélez. Hay que considerar asimismo que en la actualidad el Cajar junto a la FIDH trabajan en la documentación ante la Corte Penal Internacional (CPI) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de la posible responsabilidad del G.(r) Nicacio Martínez por ejecuciones extrajudiciales cometidas bajo su Comandancia, entre el 30 de octubre de 2004 y el 23 de enero de 2006", señalaron las dos organizaciones.

Las revelaciones del sábado pasado sobre posibles chuzadas ilegales, ordenadas al parecer con la venia de altos mandos de la institución, ponen en jaque a las fuerzas castrenses y siembran dudas sobre la verdadera razón de la salida del comandante del Ejército, el general Nicacio de Jesús Martínez, que se dio hace unas semanas. Mientras el presidente Iván Duque aseguró el pasado 27 de diciembre, y repitió tras desatarse el escándalo, que el alto oficial pidió la baja por una situación familiar, este nuevo episodio de interceptaciones ilegales habría precipitado la salida del general Martínez. Por su parte Reinaldo Villalba aseguró que “resulta inadmisible que ocurran impunemente hechos de esta naturaleza. Solicitamos al Presidente de la República y al Fiscal General de la Nación que brinden información concreta y transparente sobre la identificación de las víctimas de estas actividades criminales, para que puedan ejercer su derecho de acceso a la justicia, que sea esclarecida la verdad y las responsabilidades a que haya lugar, y se tomen medidas eficaces para que estas graves violaciones a los derechos humanos no se repitan”. El Colectivo de Abogados también fue chuzado en el pasado por parte de la extinta agencia de inteligencia adscrita a la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de seguridad (DAS).

Hace seis días, la revista Semana aseguró que desde el Ejército usó ilegalmente de sofisticados equipos por para espiar a políticos, magistrados, generales de otras fuerzas militares y periodistas. En la extensa investigación también se menciona que se interceptó de manera irregula a personas defensoras de derechos humanos y “Colectivos de abogados”. Sobre este punto fue que se refirieron la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) al indicar que existen "indicios" para considerar que fueron blanco de "esta nueva estructura criminal al interior del Ejército Nacional". Vea: el nuevo escándalo de chuzadas que opaca al Ejército

Según la revista, hay carpetas con información de conversaciones personales de todos estos actores que se entregaba a “un reconocido político del Partido Centro Democrático". De acuerdo con la investigación de la publicación periodística y más de 12 testimonios directos, esto implicó también labores ilegales de inteligencia y monitoreo de comunicaciones de magistrados de la Corte Suprema, quienes han estado a cargo de las investigaciones en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal en ese alto tribunal. "La mención del término 'Colectivos de Abogados', agregada al hecho que Reinaldo Villalba, actual vicepresidente de la FIDH y Presidente del Cajar, es el abogado representante del senador Iván Cepeda, víctima en el caso en contra del expresidente Uribe Vélez. Hay que considerar asimismo que en la actualidad el Cajar junto a la FIDH trabajan en la documentación ante la Corte Penal Internacional (CPI) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de la posible responsabilidad del G.(r) Nicacio Martínez por ejecuciones extrajudiciales cometidas bajo su Comandancia, entre el 30 de octubre de 2004 y el 23 de enero de 2006", señalaron las dos organizaciones.

Las revelaciones del sábado pasado sobre posibles chuzadas ilegales, ordenadas al parecer con la venia de altos mandos de la institución, ponen en jaque a las fuerzas castrenses y siembran dudas sobre la verdadera razón de la salida del comandante del Ejército, el general Nicacio de Jesús Martínez, que se dio hace unas semanas. Mientras el presidente Iván Duque aseguró el pasado 27 de diciembre, y repitió tras desatarse el escándalo, que el alto oficial pidió la baja por una situación familiar, este nuevo episodio de interceptaciones ilegales habría precipitado la salida del general Martínez. Por su parte Reinaldo Villalba aseguró que “resulta inadmisible que ocurran impunemente hechos de esta naturaleza. Solicitamos al Presidente de la República y al Fiscal General de la Nación que brinden información concreta y transparente sobre la identificación de las víctimas de estas actividades criminales, para que puedan ejercer su derecho de acceso a la justicia, que sea esclarecida la verdad y las responsabilidades a que haya lugar, y se tomen medidas eficaces para que estas graves violaciones a los derechos humanos no se repitan”. El Colectivo de Abogados también fue chuzado en el pasado por parte de la extinta agencia de inteligencia adscrita a la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de seguridad (DAS).