Colombia cierra la semana con maratón de mea culpa por graves violaciones de DD. HH

Esta semana, en medio de noticias que ocuparon las primeras planas, pasó casi que inadvertida la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al país. Con el liderazgo del relator José Luis Caballero, el objetivo fue impulsar la implementación de medidas de reparación integral de graves violaciones de derechos humanos allegados al sistema interamericano, por víctimas que nunca han tenido una respuesta en Colombia.

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“Durante los días 22 al 24 de mayo, el Comisionado Caballero y el equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH participaron en eventos cruciales, incluyendo la firma de acuerdos de solución amistosa, cumplimiento de recomendaciones y reconocimientos de responsabilidad en casos emblemáticos”, explicó la Comisión en un comunicado de prensa. Los acuerdos se firmaron con la ayuda de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en cabeza de Jhon Camargo.

Entre los casos de reconocimiento de responsabilidad estuvo el de Gloria Lara Echeverri, directora nacional de Acción Comunal y Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, asesinada en noviembre de 1983. La investigación por dar con los responsables cayó en la absoluta impunidad, en medio de un montaje judicial que se orquestó desde el Ejército. El Caso Gloria Lara hoy constituye un capítulo sombrío de la guerra en Colombia, por el que el Estado ofreció excusas más de cuatro décadas después.

Estos son los casos que tuvieron resolución esta semana:

• Luis Giovan Laverde y otros: Colombia reconoció responsabilidad por la detención ilegal, en octubre de 2002, de los jóvenes Luis Giovan Laverde, Juan Carlos Castro, Bladimir Vélez, José Lizardo Piedrahita y Braimer Alexander Oquendo, en zona rural del municipio de Urrao (Antioquia). Tres de esos jóvenes, cuyas edades oscilaban entre los 14 y 24 años, fueron acribillados por miembros del Ejército y presentados como resultado contra las guerrillas.
• Nelson Enrique Giraldo y otros: La Agencia Jurídica de Defensa del Estado también reconoció culpas en el caso de este joven de entonces 15 años, quien fue torturado por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, en agosto de 1997 en la vereda Los Mangos de Cocorná (Antioquia). El niño fue atado a un árbol y fusilado, y ante tal demostración de terror, sus familiares tuvieron que desplazarse a Medellín.

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• José Alirio Cañas y otros: De otro lado, Colombia llegó a un acuerdo de solución amistosa o reconocimiento temprano de responsabilidad, en el caso de una víctima de la fuerza desproporcional del Estado. José Alirio Cañas, en 1997, tenía secuestrado al antiguo empleador de su padre. Cuando más de 50 efectivos de la Policía, el Ejército y el Gaula, fueron a atender la situación, lo acorralaron de tal manera que no tenía escapatoria. Aunque Cañas estaba rendido y no representaba un peligro para la seguridad de la Fuerza Pública, lo fusilaron de inmediato, en lugar de presentarlo ante las autoridades judiciales.
• Jhon Fredy Lopera y otros: En este caso, Colombia también llegó a una solución amistosa con la familia de Jon Fredy Lopera, por un caso de desaparición, en el Batallón Militar de Ingenieros Pedro Nel Ospina. En noviembre de 1997, el joven Jhon Fredy Lopera invitó a sus familiares a su ceremonia de clausura de servicio militar, luego de pasar un par de años en el batallón. Cuando los familiares asistieron, se toparon con que todos los militares les dijeron que Jhon Fredy había desaparecido días antes y nadie sabía nada de él. El Ejército fue tan descarado que lo denunció por deserción y la Justicia Penal Militar lo condenó. No ha aparecido desde 1997.

Sobre los actos de reconocimiento, el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado le respondió a este diario que “algunas víctimas dijeron que se aproximaban al acto sin rencores y completamente descargados. Otras personas manifestaron que el acto solo resolvía una parte del problema, pues el sentimiento de abandono por parte del Estado, y la demora en dar una respuesta efectiva, sobre todo en términos de justicia, había sido otra forma de revictimización. Una situación que claramente comparto”, señaló Camargo.

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Y agregó: “Desde el actual Gobierno, Colombia es reconocida como el principal referente en el cumplimiento de medidas pactadas en acuerdos de solución amistosa en el hemisferio. Sin embargo, creemos firmemente que aún no estamos haciendo lo suficiente y que no lo hemos hecho de la mejor manera. Reconocemos que existe un espacio en el que estamos obligados a exigirnos al máximo y a ser autocríticos: el reconocimiento temprano de derechos”. Colombia tiene 1.053 casos en trámite ante la Comisión Interamericana.

Esta fue una de las ceremonias presentadas durante la semana:

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador

Esta semana, en medio de noticias que ocuparon las primeras planas, pasó casi que inadvertida la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al país. Con el liderazgo del relator José Luis Caballero, el objetivo fue impulsar la implementación de medidas de reparación integral de graves violaciones de derechos humanos allegados al sistema interamericano, por víctimas que nunca han tenido una respuesta en Colombia.

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“Durante los días 22 al 24 de mayo, el Comisionado Caballero y el equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH participaron en eventos cruciales, incluyendo la firma de acuerdos de solución amistosa, cumplimiento de recomendaciones y reconocimientos de responsabilidad en casos emblemáticos”, explicó la Comisión en un comunicado de prensa. Los acuerdos se firmaron con la ayuda de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en cabeza de Jhon Camargo.

Entre los casos de reconocimiento de responsabilidad estuvo el de Gloria Lara Echeverri, directora nacional de Acción Comunal y Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, asesinada en noviembre de 1983. La investigación por dar con los responsables cayó en la absoluta impunidad, en medio de un montaje judicial que se orquestó desde el Ejército. El Caso Gloria Lara hoy constituye un capítulo sombrío de la guerra en Colombia, por el que el Estado ofreció excusas más de cuatro décadas después.

Estos son los casos que tuvieron resolución esta semana:

• Luis Giovan Laverde y otros: Colombia reconoció responsabilidad por la detención ilegal, en octubre de 2002, de los jóvenes Luis Giovan Laverde, Juan Carlos Castro, Bladimir Vélez, José Lizardo Piedrahita y Braimer Alexander Oquendo, en zona rural del municipio de Urrao (Antioquia). Tres de esos jóvenes, cuyas edades oscilaban entre los 14 y 24 años, fueron acribillados por miembros del Ejército y presentados como resultado contra las guerrillas.
• Nelson Enrique Giraldo y otros: La Agencia Jurídica de Defensa del Estado también reconoció culpas en el caso de este joven de entonces 15 años, quien fue torturado por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, en agosto de 1997 en la vereda Los Mangos de Cocorná (Antioquia). El niño fue atado a un árbol y fusilado, y ante tal demostración de terror, sus familiares tuvieron que desplazarse a Medellín.

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• José Alirio Cañas y otros: De otro lado, Colombia llegó a un acuerdo de solución amistosa o reconocimiento temprano de responsabilidad, en el caso de una víctima de la fuerza desproporcional del Estado. José Alirio Cañas, en 1997, tenía secuestrado al antiguo empleador de su padre. Cuando más de 50 efectivos de la Policía, el Ejército y el Gaula, fueron a atender la situación, lo acorralaron de tal manera que no tenía escapatoria. Aunque Cañas estaba rendido y no representaba un peligro para la seguridad de la Fuerza Pública, lo fusilaron de inmediato, en lugar de presentarlo ante las autoridades judiciales.
• Jhon Fredy Lopera y otros: En este caso, Colombia también llegó a una solución amistosa con la familia de Jon Fredy Lopera, por un caso de desaparición, en el Batallón Militar de Ingenieros Pedro Nel Ospina. En noviembre de 1997, el joven Jhon Fredy Lopera invitó a sus familiares a su ceremonia de clausura de servicio militar, luego de pasar un par de años en el batallón. Cuando los familiares asistieron, se toparon con que todos los militares les dijeron que Jhon Fredy había desaparecido días antes y nadie sabía nada de él. El Ejército fue tan descarado que lo denunció por deserción y la Justicia Penal Militar lo condenó. No ha aparecido desde 1997.

Sobre los actos de reconocimiento, el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado le respondió a este diario que “algunas víctimas dijeron que se aproximaban al acto sin rencores y completamente descargados. Otras personas manifestaron que el acto solo resolvía una parte del problema, pues el sentimiento de abandono por parte del Estado, y la demora en dar una respuesta efectiva, sobre todo en términos de justicia, había sido otra forma de revictimización. Una situación que claramente comparto”, señaló Camargo.

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Y agregó: “Desde el actual Gobierno, Colombia es reconocida como el principal referente en el cumplimiento de medidas pactadas en acuerdos de solución amistosa en el hemisferio. Sin embargo, creemos firmemente que aún no estamos haciendo lo suficiente y que no lo hemos hecho de la mejor manera. Reconocemos que existe un espacio en el que estamos obligados a exigirnos al máximo y a ser autocríticos: el reconocimiento temprano de derechos”. Colombia tiene 1.053 casos en trámite ante la Comisión Interamericana.

Esta fue una de las ceremonias presentadas durante la semana:

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