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La Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró responsable al Estado colombiano por la desaparición forzada de Arles Edisson Guzmán, que ocurrió en 2002 durante la intervención que llevó a cabo el Ejército, en colaboración con paramilitares, para retomar el control territorial de la Comuna 13 (San Javier) en Medellín. Así mismo, Colombia es responsable por violación a las garantías judiciales y al derecho a conocer la verdad.
(En contexto: El caso de Arles Edisson Guzmán esclarece lo ocurrido en la Operación Orión)
Según la Corte, el 30 de noviembre de 2002, Guzmán fue extraído del restaurante donde se encontraba por dos hombres que se identificaron como paramilitares, con la excusa de que un comandante necesitaba hacerle unas preguntas. No sé supo más de él por décadas. Posterior a esto comenzaron las denuncias por parte de la Defensoría del Pueblo y del hermano de la víctima para descubrir la verdad. Sin embargo, el Estado no reconoció su responsabilidad sino hasta el 31 de enero de 2023 cuando Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, se pronunció ante la Corte para reconocer los hechos y ofrecer excusas en nombre del Estado.
El caso presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte expone que el Estado no solo no proporcionó las herramientas necesarias para esclarecer los hechos, sino que también estuvo implicado en la desaparición de Guzmán, ocurrida semanas después del inicio de la operación Orión. El Estado no inició un mecanismo de búsqueda tras ser notificado el 6 de diciembre de 2002, seis días después de que sucediera el hecho y posteriormente suspendió la investigación en el año 2004 cuando aún no se habían agotado los recursos.
(En contexto: Estado reconoció responsabilidad por caso de desaparición en Operación Orión)
Debido a la intensidad del conflicto armado en el país y durante el despliegue de la Operación Orión, en Colombia fue decretado el estado de conmoción interior, el cual le daba facultades especiales al presidente Álvaro Uribe para tomar decisiones. En ese contexto se idearon diversas estrategias militares para retomar el control territorial, en el caso del operativo de la comuna 13, según se ha documentado, se dio un despliegue de más de 1. 000 uniformados pertenecientes a la IV Brigada del Ejército, el Grupo de Fuerzas Especiales Urbanas, el Batallón contra guerrilla, la Policía, el DAS y el CTI.
El gobierno Uribe afirmó que este operativo había sido llevado a cabo con éxito, ya que habían logrado recuperar el territorio y diezmar la presencia guerrillera. Sin embargo, la medida también desencadeno en desplazamientos intraurbanos, desapariciones forzadas y violaciones a los derechos humanos, como el caso de Guzmán, que fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del que hoy sabemos el Estado se hace responsable.
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Además de notificar sentencia, la Corte también indicó que el Estado colombiano continuará las investigaciones, el proceso penal y las acciones de búsqueda del cuerpo. Además de comprometerse a brindar atención sicológica y psiquiátrica a la familia de la víctima y ofrecer una indemnización por los daños ocasionados.
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