Colombia ganó arbitraje contra Claro y se salvó de pagar más de $4 billones

Hoy se confirmó la segunda victoria de Colombia en el día en los estrados judiciales internacionales. Se trata de la controversia judicial que sostenía el Estado contra la compañía mexicana América Móvil (Claro) en la que estaban en juego 1.286 millones de dólares (4.6 billones de pesos) que equivalen a la tercera parte del recaudo mensual, o a la mitad de lo que pretende recaudar la nueva reforma tributaria que se va a presentar. La pelea nació en 2013, cuando Colombia le pidió a la empresa que le devolviera, en dinero, la infraestructura que le prestó desde 1994 para que echara a andar su negocio, un trámite conocido como la reversión de activos de telecomunicaciones.

Lo que alegaba Claro es que Colombia había emitido una ley en 1998 y confirmada en 2009, en la cual se eliminó esa reversión de activos. Como se cambiaron las reglas del juego, la compañía interpretó que esa nueva disposición normativa también aplicaba a su contrato y, en ese sentido, no estaba obligada a devolver la infraestructura que el Estado le prestó. En 2013, la Corte Constitucional revisó el asunto y determinó que dichas leyes se mantendrían en firme pero que se debían respetar las cláusulas de reversión de los contratos de concesión que se firmaron antes de las fechas de expedición de esas normas.

Eso dejó en firme la cláusula 33 del contrato suscrito por Claro y el Estado, según la cual, al terminar la concesión para montar y prestar ese servicio, todos los elementos y bienes relacionados pasarían a ser propiedad de la nación sin compensación alguna para los privados. Pese a la decisión del alto tribunal, el asunto fue revisado por un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá que decidió en un sentido similar. Para esta instancia, dicha cláusula estaba vigente y la compañía debía devolverle al Estado la infraestructura prestada. (Lea también: La maldición de la cláusula 33 en la pelea entre Claro, Movistar y el Estado)

El tribunal nacional determinó que la devolución física no era posible, entonces que Claro debía devolver un equivalente en dinero, por lo cual, le ordenó a la compañía a pagar 3.1 billones de pesos. Aunque la empresa acató el laudo y pagó el dinero, no se quedó cruzada de brazos y llevó el conflicto hasta el Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) alegando que había sido objeto de una “expropiación” por parte del Estado colombiano, toda vez que este le estaba exigiendo la devolución de una infraestructura que ya era de ellos, toda vez que la ley colombiana eliminó la reversión de activos.

Sin embargo, una vez más, la justicia no le dio la razón. El tribunal arbitral internacional encontró que no podía hablarse de expropiación de las inversiones de la compañía y dejó intactas las decisiones de la Corte Constitucional en 2013 y del laudo de la Cámara de Comercio de Bogotá. Además, le ordenó a Claro que le pague a Colombia más de 2.1 millones de dólares ($8.102 millones) por los costos del arbitraje y gastos de representación legal en los que incurrió el Estado.

“La Agencia (de Defensa Jurídica del Estado) celebra esta decisión del Tribunal que le evita a la Nación el pago de 1.286 millones de dólares - 4.6 billones de pesos-, que pretendía la contraparte. Esta es una decisión de gran importancia, es un tribunal de última instancia y no existe apelación, salvo un recurso de anulación que no me parece una opción viable”, indicó el director de la Andje, Camilo Gómez.

En efecto, a través de un comunicado dirigido a sus inversionistas, la compañía América Móvil (AMX), informó que “se encuentra analizando las instancias legales a su alcance en contra de dicho laudo, incluyendo la solicitud de su posible anulación ante la corte federal del Distrito de Columbia (sede del arbitraje)”. Gómez, por su parte, agregó que este laudo es conveniente para el país porque existe otro proceso similar. también en arbitraje. pero con la compañía Movistar. “Sigue el caso de Movistar y tenemos la esperanza de que el tribunal vea los mismos elementos”, señaló.

Esta es la segunda buena noticia que recibe la Agencia de Defensa del Estado este viernes 7 de mayo. La primera tiene que ver con el caso Granahorrar. Colombia se salvó de pagar 232 millones de dólares (1.2 billones de pesos) por el pleito con los hermanos Carrizosa luego de que en 1998 el Estado capitalizara el antiguo banco que estaba en crisis financiera. El mes pasado, el Estado también salió bien librado en otro proceso internacional por estos mismos hechos pero contra Astrid Benito Carrizosa, la accionista mayoritaria del banco y en esa ocasión el país se ahorró 40 millones de dólares (146.000 millones de pesos).

Hoy se confirmó la segunda victoria de Colombia en el día en los estrados judiciales internacionales. Se trata de la controversia judicial que sostenía el Estado contra la compañía mexicana América Móvil (Claro) en la que estaban en juego 1.286 millones de dólares (4.6 billones de pesos) que equivalen a la tercera parte del recaudo mensual, o a la mitad de lo que pretende recaudar la nueva reforma tributaria que se va a presentar. La pelea nació en 2013, cuando Colombia le pidió a la empresa que le devolviera, en dinero, la infraestructura que le prestó desde 1994 para que echara a andar su negocio, un trámite conocido como la reversión de activos de telecomunicaciones.

Lo que alegaba Claro es que Colombia había emitido una ley en 1998 y confirmada en 2009, en la cual se eliminó esa reversión de activos. Como se cambiaron las reglas del juego, la compañía interpretó que esa nueva disposición normativa también aplicaba a su contrato y, en ese sentido, no estaba obligada a devolver la infraestructura que el Estado le prestó. En 2013, la Corte Constitucional revisó el asunto y determinó que dichas leyes se mantendrían en firme pero que se debían respetar las cláusulas de reversión de los contratos de concesión que se firmaron antes de las fechas de expedición de esas normas.

Eso dejó en firme la cláusula 33 del contrato suscrito por Claro y el Estado, según la cual, al terminar la concesión para montar y prestar ese servicio, todos los elementos y bienes relacionados pasarían a ser propiedad de la nación sin compensación alguna para los privados. Pese a la decisión del alto tribunal, el asunto fue revisado por un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá que decidió en un sentido similar. Para esta instancia, dicha cláusula estaba vigente y la compañía debía devolverle al Estado la infraestructura prestada. (Lea también: La maldición de la cláusula 33 en la pelea entre Claro, Movistar y el Estado)

El tribunal nacional determinó que la devolución física no era posible, entonces que Claro debía devolver un equivalente en dinero, por lo cual, le ordenó a la compañía a pagar 3.1 billones de pesos. Aunque la empresa acató el laudo y pagó el dinero, no se quedó cruzada de brazos y llevó el conflicto hasta el Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) alegando que había sido objeto de una “expropiación” por parte del Estado colombiano, toda vez que este le estaba exigiendo la devolución de una infraestructura que ya era de ellos, toda vez que la ley colombiana eliminó la reversión de activos.

Sin embargo, una vez más, la justicia no le dio la razón. El tribunal arbitral internacional encontró que no podía hablarse de expropiación de las inversiones de la compañía y dejó intactas las decisiones de la Corte Constitucional en 2013 y del laudo de la Cámara de Comercio de Bogotá. Además, le ordenó a Claro que le pague a Colombia más de 2.1 millones de dólares ($8.102 millones) por los costos del arbitraje y gastos de representación legal en los que incurrió el Estado.

“La Agencia (de Defensa Jurídica del Estado) celebra esta decisión del Tribunal que le evita a la Nación el pago de 1.286 millones de dólares - 4.6 billones de pesos-, que pretendía la contraparte. Esta es una decisión de gran importancia, es un tribunal de última instancia y no existe apelación, salvo un recurso de anulación que no me parece una opción viable”, indicó el director de la Andje, Camilo Gómez.

En efecto, a través de un comunicado dirigido a sus inversionistas, la compañía América Móvil (AMX), informó que “se encuentra analizando las instancias legales a su alcance en contra de dicho laudo, incluyendo la solicitud de su posible anulación ante la corte federal del Distrito de Columbia (sede del arbitraje)”. Gómez, por su parte, agregó que este laudo es conveniente para el país porque existe otro proceso similar. también en arbitraje. pero con la compañía Movistar. “Sigue el caso de Movistar y tenemos la esperanza de que el tribunal vea los mismos elementos”, señaló.

Esta es la segunda buena noticia que recibe la Agencia de Defensa del Estado este viernes 7 de mayo. La primera tiene que ver con el caso Granahorrar. Colombia se salvó de pagar 232 millones de dólares (1.2 billones de pesos) por el pleito con los hermanos Carrizosa luego de que en 1998 el Estado capitalizara el antiguo banco que estaba en crisis financiera. El mes pasado, el Estado también salió bien librado en otro proceso internacional por estos mismos hechos pero contra Astrid Benito Carrizosa, la accionista mayoritaria del banco y en esa ocasión el país se ahorró 40 millones de dólares (146.000 millones de pesos).