Colombia no está obligada a comparecer ante la Corte Internacional por lío con Nicaragua
Colombia sigue en un pleito con Nicaragua, por dos demandas que pretenden aumentar la plataforma marítima del país centroamericano. El Gobierno de Juan Manuel Santos preguntó al Consejo de Estado si estaba bien no comparecer en ambos casos y la alta corte aseguró que todo presidente es responsable por las consecuencias de no intervenir ante la Corte Internacional de Justicia.
El paso devastador del huracán Iota por el archipiélago de San Andrés, que afectó el 98% de la infraestructura de la isla de Providencia, revivió el lío internacional que Colombia está librando con Nicaragua, país que quiere hacerse con las paradisiacas islas del caribe colombiano. El Consejo de Estado reveló un documento de 2016, en el cual el Gobierno solicitaba concepto sobre su comparecencia en dos demandas que Nicaragua radicó en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que pretenden sancionar a Colombia y aumentar la plataforma continental de la nación centroamericana.
En contexto: El fallo Colombia-Nicaragua ocho años después.
El Consejo de Estado advirtió, en concreto, que tanto el exmandatario Juan Manuel Santos, como cualquier presidente que tome las riendas del pleito, son responsables por las consecuencias de comparecer o no en la Corte Internacional de Justicia. “El derecho interno colombiano no contempla como obligación o deber el que el presidente de la República y su ministro de Relaciones Exteriores, provean a la comparecencia de Colombia en los dos procesos que actualmente cursan en su contra ante la CIJ”, expuso la alta corte.
Para sostener esa posición el Consejo de Estado aseguró que los estados no están obligados a presentarse en los procesos que se adelanten en La Haya, pues esa elección ha sido utilizada en diferentes ocasiones como una estrategia internacionalmente aceptada. En ese punto, la alta corte relacionó ocho ejemplos, entre los cuales se encuentra otro pleito de Nicaragua con Estados Unidos por actividades de grupos militares y paramilitares en el país centroamericano. “El hecho de que la decisión de la CIJ pueda afectar los límites de la plataforma continental de Colombia forma parte de las variables”, estableció.
Así mismo, el Consejo de Estado se refirió a la sentencia C-129-94 de la Corte Constitucional, en la que se dan luces sobre el manejo de las relaciones internacionales en casos de comparecencia ante un estrado internacional. “La discrecionalidad -decisión voluntaria- propia del Jefe de Estado es una manifestación necesaria de la naturaleza eminentemente política de su función, e implica un acto de soberanía en el Estado, frente a los demás Estados y organismos internacionales con los cuales Colombia mantiene relaciones”, apuntó.
En contexto: Colombia conserva los cayos pero pierde una porción de mar.
Todo empezó 19 de noviembre de 2012, cuando la Corte Internacional de Justicia de la Haya se pronunció sobre la primera demanda que Nicaragua elevó contra Colombia: definir la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, documento que fue radicado a principios de 2001. En ese momento, la CIJ falló parcialmente a favor de los centroamericanos, pues les entregó una porción importante del mar al oriente del meridiano 82 y les entregó los cayos Quitasueño y Serrana. Ese mismo día, el presidente Juan Manuel Santos confrontó la decisión y no aceptó el fallo del tribunal internacional.
“Todo esto realmente son omisiones, errores, excesos, inconsistencias, que no podemos aceptar. Teniendo en cuenta lo anterior, Colombia –representada por su Jefe de Estado– rechaza enfáticamente ese aspecto del fallo que la Corte ha proferido en el día de hoy. Por esto, no vamos a descartar ningún recurso o mecanismo que nos conceda el derecho internacional para defender nuestros derechos. El Gobierno respeta el derecho, pero considera que la Corte ha incurrido en este tema en serias equivocaciones”, declaró Juan Manuel Santos en alocución presidencial.
El Gobierno, en ese momento, expuso que solo se podría cambiar el territorio nacional vía constitucional, mecanismo que está lejos de suceder. Además, Juan Manuel Santos ratificó el Tratado Esguerra-Bárcenas, que data del 24 de mayo de 1928 y en el cual Nicaragua reconoció el archipiélago de San Andrés como territorio colombiano. Por su parte, en vista de la negativa nacional para cumplir con el fallo de la CIJ, el país centroamericano instauró dos demandas contra Colombia el 16 de septiembre de 2013. En ambas pide sanciones por no acatar la decisión y, además, aumentar la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas de su costa.
El presidente Juan Manuel Santos, en su momento, desconoció lo fallado en la Haya e inició una estrategia de defensa que se caracteriza por no comparecer ante las demandas nicaragüenses del 16 de septiembre de 2013. Sin embargo, el gabinete pidió concepto al Consejo de Estado y, tras cuatro años de haberse pronunciado, la alta corte reveló que todo presidente es libre de reconocer la actuación procesal de la corte internacional. ¿La negativa puede afectar a Colombia? No, el estatuto de la CIJ es claro: “la ausencia del Estado demandado no implica que automáticamente la Corte decida en favor del demandante, aunque este tiene el derecho de hacer esa petición”.
El paso devastador del huracán Iota por el archipiélago de San Andrés, que afectó el 98% de la infraestructura de la isla de Providencia, revivió el lío internacional que Colombia está librando con Nicaragua, país que quiere hacerse con las paradisiacas islas del caribe colombiano. El Consejo de Estado reveló un documento de 2016, en el cual el Gobierno solicitaba concepto sobre su comparecencia en dos demandas que Nicaragua radicó en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que pretenden sancionar a Colombia y aumentar la plataforma continental de la nación centroamericana.
En contexto: El fallo Colombia-Nicaragua ocho años después.
El Consejo de Estado advirtió, en concreto, que tanto el exmandatario Juan Manuel Santos, como cualquier presidente que tome las riendas del pleito, son responsables por las consecuencias de comparecer o no en la Corte Internacional de Justicia. “El derecho interno colombiano no contempla como obligación o deber el que el presidente de la República y su ministro de Relaciones Exteriores, provean a la comparecencia de Colombia en los dos procesos que actualmente cursan en su contra ante la CIJ”, expuso la alta corte.
Para sostener esa posición el Consejo de Estado aseguró que los estados no están obligados a presentarse en los procesos que se adelanten en La Haya, pues esa elección ha sido utilizada en diferentes ocasiones como una estrategia internacionalmente aceptada. En ese punto, la alta corte relacionó ocho ejemplos, entre los cuales se encuentra otro pleito de Nicaragua con Estados Unidos por actividades de grupos militares y paramilitares en el país centroamericano. “El hecho de que la decisión de la CIJ pueda afectar los límites de la plataforma continental de Colombia forma parte de las variables”, estableció.
Así mismo, el Consejo de Estado se refirió a la sentencia C-129-94 de la Corte Constitucional, en la que se dan luces sobre el manejo de las relaciones internacionales en casos de comparecencia ante un estrado internacional. “La discrecionalidad -decisión voluntaria- propia del Jefe de Estado es una manifestación necesaria de la naturaleza eminentemente política de su función, e implica un acto de soberanía en el Estado, frente a los demás Estados y organismos internacionales con los cuales Colombia mantiene relaciones”, apuntó.
En contexto: Colombia conserva los cayos pero pierde una porción de mar.
Todo empezó 19 de noviembre de 2012, cuando la Corte Internacional de Justicia de la Haya se pronunció sobre la primera demanda que Nicaragua elevó contra Colombia: definir la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, documento que fue radicado a principios de 2001. En ese momento, la CIJ falló parcialmente a favor de los centroamericanos, pues les entregó una porción importante del mar al oriente del meridiano 82 y les entregó los cayos Quitasueño y Serrana. Ese mismo día, el presidente Juan Manuel Santos confrontó la decisión y no aceptó el fallo del tribunal internacional.
“Todo esto realmente son omisiones, errores, excesos, inconsistencias, que no podemos aceptar. Teniendo en cuenta lo anterior, Colombia –representada por su Jefe de Estado– rechaza enfáticamente ese aspecto del fallo que la Corte ha proferido en el día de hoy. Por esto, no vamos a descartar ningún recurso o mecanismo que nos conceda el derecho internacional para defender nuestros derechos. El Gobierno respeta el derecho, pero considera que la Corte ha incurrido en este tema en serias equivocaciones”, declaró Juan Manuel Santos en alocución presidencial.
El Gobierno, en ese momento, expuso que solo se podría cambiar el territorio nacional vía constitucional, mecanismo que está lejos de suceder. Además, Juan Manuel Santos ratificó el Tratado Esguerra-Bárcenas, que data del 24 de mayo de 1928 y en el cual Nicaragua reconoció el archipiélago de San Andrés como territorio colombiano. Por su parte, en vista de la negativa nacional para cumplir con el fallo de la CIJ, el país centroamericano instauró dos demandas contra Colombia el 16 de septiembre de 2013. En ambas pide sanciones por no acatar la decisión y, además, aumentar la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas de su costa.
El presidente Juan Manuel Santos, en su momento, desconoció lo fallado en la Haya e inició una estrategia de defensa que se caracteriza por no comparecer ante las demandas nicaragüenses del 16 de septiembre de 2013. Sin embargo, el gabinete pidió concepto al Consejo de Estado y, tras cuatro años de haberse pronunciado, la alta corte reveló que todo presidente es libre de reconocer la actuación procesal de la corte internacional. ¿La negativa puede afectar a Colombia? No, el estatuto de la CIJ es claro: “la ausencia del Estado demandado no implica que automáticamente la Corte decida en favor del demandante, aunque este tiene el derecho de hacer esa petición”.