Colombia no mejora en proteger derechos humanos: Departamento de Estado de EE.UU.

El Departamento de Estado de Estados Unidos entregó su edición anual del ‘Informe nacional sobre prácticas de derechos humanos’, en el cual se analizó la situación de varios países en 2023, incluido Colombia. ¿La conclusión? “No hubo cambios significativos en la situación de los derechos humanos en Colombia durante el año”, según reportó esa división del gobierno norteamericano, con sede en Washington. El análisis tuvo en cuenta la situación de violencia en el país, con datos actualizados hasta agosto del año pasado en temas como asesinatos, secuestros, corrupción, conflicto, entre otros.

Uno de los apartados más extensos del informe estadounidense hace referencia a los asesinatos cometidos en el marco del conflicto armado, más precisamente en lo que tiene que ver con las ejecuciones extrajudiciales, también conocidas como ‘falsos positivos’. El departamento registró que, con corte al 1 de septiembre de 2023, fueron más de 3.797 miembros de la fuerza pública que aceptaron la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para acogerse a procesos judiciales en el sistema de justicia transicional. Así mismo, 508 rindieron testimonio en el macrocaso 03 (de falsos positivos).

El informe también recordó que, el 30 de agosto, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción imputó cargos al general (r) y excomandante del Ejército, Mario Montoya Uribe, junto a otros ocho militares, por crímenes de guerra y de lesa humanidad por su participación en más de 130 ejecuciones extrajudiciales en Antioquia. “Esta fue la primera acusación contra un oficial militar de alto rango en el marco del macrocaso de la JEP sobre asesinatos de falsos positivos. El caso se centró en ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares en 2002-2003, cuando Montoya era comandante de la Cuarta Brigada”, detalla el informe.

Sumado a este punto, los resultados del informe del departamento dirigido por Antony Blinken, también mencionaron la masacre de Alto Remanso, en Puerto Leguízamo (Putumayo), donde fueron asesinados 11 civiles y la escena fue manipulada por los perpetradores. El pasado 16 de abril, la Corte Constitucional puso punto final a un debate de competencia que había surgido sobre los hechos, pues la defensa de los militares involucrados solicitaron que fuera la Justicia Penal Militar la que estuviera a cargo de la investigación; sin embargo, el alto tribunal definió que debía hacerlo la justicia ordinaria.

La violencia, según el informe, también se extendió por cuenta del accionar de los grupos armados ilegales, principalmente las disidencias de las FARC (tanto la Segunda Marquetalia como el Estado Mayor Central), el ELN y el Clan del Golfo. “El gobierno informó que entre el 1 de enero y el 30 de junio, grupos armados presuntamente mataron a 85 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. La Fiscalía General de la Nación informó la investigación de dos casos con 11 víctimas”, añade el reporte. De hecho, el informe resume que, en su mayoría, estos hechos estuvieron relacionados con el narcotráfico.

El tema se agrava teniendo en cuenta que, de acuerdo con la Fiscalía, entre “el 1 de enero al 31 de julio se registraron 45 casos con 93 homicidios de civiles no relacionados con el conflicto pero cometidos por disidencias de las FARC, el ELN y otros grupos armados ilegales”, señala el informe. Y, frente a la situación de seguridad de los firmantes de paz, tema por el cual deberá responder Otty Patiño, alto comisionado de paz ante la JEP el próximo 8 de mayo, principalmente en el marco de la política de paz total, el informe del departamento estadounidense también señaló algunas cifras.

“Entre la firma del acuerdo de paz en 2016 y el 2 de agosto, la Fiscalía General de la República investigó homicidios de excombatientes desmovilizados de las FARC, lo que resultó en 54 condenas por los homicidios de 48 excombatientes. A septiembre, 52 casos se encontraban en etapa de juicio, 37 estaban en investigación, 64 tenían órdenes de aprehensión pendientes y 11 estaban en archivo por muerte del imputado”, detalla el documento. Así mismo, dice el reporte, los observadores verificaron un total de 375 asesinatos de excombatientes (incluidas 11 mujeres, 54 afrocolombianos y 35 indígenas) y 129 intentos de homicidio (incluidas 10 mujeres).

Respecto a la situación de líderes y lideresas sociales y, los resultados también recopilaron datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la cual informó que, entre el 1 de enero y el 30 de junio, recibió 113 denuncias de homicidios de defensores de derechos humanos. “De esas acusaciones, la ACNUDH confirmó que 46 muertes estaban relacionadas con las acciones del individuo en defensa de los derechos humanos y encontró que 67 casos no eran concluyentes”. Esto se suma a los datos de la Defensoría del Pueblo, la cual indicó que, hasta finales de junio de 2023, se habían producido 92 homicidios de líderes sociales.

“La ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó 151 homicidios de líderes sociales hasta el 25 de noviembre. Las ONG consideraron al país como altamente peligroso para los activistas ambientales”, concluye el informe del Departamento de Estado.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

El Departamento de Estado de Estados Unidos entregó su edición anual del ‘Informe nacional sobre prácticas de derechos humanos’, en el cual se analizó la situación de varios países en 2023, incluido Colombia. ¿La conclusión? “No hubo cambios significativos en la situación de los derechos humanos en Colombia durante el año”, según reportó esa división del gobierno norteamericano, con sede en Washington. El análisis tuvo en cuenta la situación de violencia en el país, con datos actualizados hasta agosto del año pasado en temas como asesinatos, secuestros, corrupción, conflicto, entre otros.

Uno de los apartados más extensos del informe estadounidense hace referencia a los asesinatos cometidos en el marco del conflicto armado, más precisamente en lo que tiene que ver con las ejecuciones extrajudiciales, también conocidas como ‘falsos positivos’. El departamento registró que, con corte al 1 de septiembre de 2023, fueron más de 3.797 miembros de la fuerza pública que aceptaron la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para acogerse a procesos judiciales en el sistema de justicia transicional. Así mismo, 508 rindieron testimonio en el macrocaso 03 (de falsos positivos).

El informe también recordó que, el 30 de agosto, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción imputó cargos al general (r) y excomandante del Ejército, Mario Montoya Uribe, junto a otros ocho militares, por crímenes de guerra y de lesa humanidad por su participación en más de 130 ejecuciones extrajudiciales en Antioquia. “Esta fue la primera acusación contra un oficial militar de alto rango en el marco del macrocaso de la JEP sobre asesinatos de falsos positivos. El caso se centró en ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares en 2002-2003, cuando Montoya era comandante de la Cuarta Brigada”, detalla el informe.

Sumado a este punto, los resultados del informe del departamento dirigido por Antony Blinken, también mencionaron la masacre de Alto Remanso, en Puerto Leguízamo (Putumayo), donde fueron asesinados 11 civiles y la escena fue manipulada por los perpetradores. El pasado 16 de abril, la Corte Constitucional puso punto final a un debate de competencia que había surgido sobre los hechos, pues la defensa de los militares involucrados solicitaron que fuera la Justicia Penal Militar la que estuviera a cargo de la investigación; sin embargo, el alto tribunal definió que debía hacerlo la justicia ordinaria.

La violencia, según el informe, también se extendió por cuenta del accionar de los grupos armados ilegales, principalmente las disidencias de las FARC (tanto la Segunda Marquetalia como el Estado Mayor Central), el ELN y el Clan del Golfo. “El gobierno informó que entre el 1 de enero y el 30 de junio, grupos armados presuntamente mataron a 85 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. La Fiscalía General de la Nación informó la investigación de dos casos con 11 víctimas”, añade el reporte. De hecho, el informe resume que, en su mayoría, estos hechos estuvieron relacionados con el narcotráfico.

El tema se agrava teniendo en cuenta que, de acuerdo con la Fiscalía, entre “el 1 de enero al 31 de julio se registraron 45 casos con 93 homicidios de civiles no relacionados con el conflicto pero cometidos por disidencias de las FARC, el ELN y otros grupos armados ilegales”, señala el informe. Y, frente a la situación de seguridad de los firmantes de paz, tema por el cual deberá responder Otty Patiño, alto comisionado de paz ante la JEP el próximo 8 de mayo, principalmente en el marco de la política de paz total, el informe del departamento estadounidense también señaló algunas cifras.

“Entre la firma del acuerdo de paz en 2016 y el 2 de agosto, la Fiscalía General de la República investigó homicidios de excombatientes desmovilizados de las FARC, lo que resultó en 54 condenas por los homicidios de 48 excombatientes. A septiembre, 52 casos se encontraban en etapa de juicio, 37 estaban en investigación, 64 tenían órdenes de aprehensión pendientes y 11 estaban en archivo por muerte del imputado”, detalla el documento. Así mismo, dice el reporte, los observadores verificaron un total de 375 asesinatos de excombatientes (incluidas 11 mujeres, 54 afrocolombianos y 35 indígenas) y 129 intentos de homicidio (incluidas 10 mujeres).

Respecto a la situación de líderes y lideresas sociales y, los resultados también recopilaron datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la cual informó que, entre el 1 de enero y el 30 de junio, recibió 113 denuncias de homicidios de defensores de derechos humanos. “De esas acusaciones, la ACNUDH confirmó que 46 muertes estaban relacionadas con las acciones del individuo en defensa de los derechos humanos y encontró que 67 casos no eran concluyentes”. Esto se suma a los datos de la Defensoría del Pueblo, la cual indicó que, hasta finales de junio de 2023, se habían producido 92 homicidios de líderes sociales.

“La ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó 151 homicidios de líderes sociales hasta el 25 de noviembre. Las ONG consideraron al país como altamente peligroso para los activistas ambientales”, concluye el informe del Departamento de Estado.

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