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Después de 38 años del magnicidio del director de El Espectador, Guillermo Cano, un hombre que señaló con nombre propio a los criminales que se tomaron el Estado en los ochenta, representantes de la institucionalidad colombiana ofrecieron excusas por no proteger su vida y fallar en la correcta identificación, juzgamiento y sanción de los responsables. En una ceremonia en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, solicitó el perdón de la familia Cano y se comprometió, en nombre del Estado, a seguir adelante con la investigación del crimen de lesa humanidad perpetrado el 17 de diciembre de 1986.
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“Le fallamos a Guillermo Cano y a El Espectador”, explicó el ministro de Justicia, Néstor Osuna. En una declaración, sin hoja en mano, el representante del Gobierno ofreció sentidas disculpas por la inacción del Estado para proteger a Cano. Se comprometió a instar a la Fiscalía para seguir investigando el caso y a hacer todo lo posible por hacer pervivir la memoria del ex director, por encima de su victimario.
Asimismo, la familia Cano explicó, a través de Fernando Cano, hijo del ex director de El Espectador, que las luchas familiares y editoriales no eran contra el narcotráfico: era a favor de la democracia colombiana. Cano hizo un recuento de los hechos victimizantes que sufrieron tanto la infraestructura como los colaboradores de El Espectador, los meses y años siguientes al magnicidio. Y, con ellos, queriendo puntualizar que el Estado le falló a su familia, pero también a su casa editorial. Las instituciones no pudieron proteger a este diario. “Seguimos soñando, como Guillermo Cano Isaza, con una Colombia con mayúsculas“, concluyó.
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Guillermo Cano fue asesinado por dos sicarios bajo las órdenes del Cartel de Medellín, mientras salía de un antiguo edificio de El Espectador, con destino a su casa. El proceso de las autoridades judiciales fue tan deprorable que solo terminó condenada efectivamente una persona, Luis Carlos Molina Yepes, quien pagó seis años de cárcel, pues de su cuenta bancaria salió el cheque con el que se pagó el asesinato. Además, el Estado permitió que los criminales siguieran persiguiendo a los periodistas y colaboradores de este diario, al punto que los hijos de Cano Isaza y su jefe de investigaciones, Fabio Castillo, terminaron exiliados. Un abogado de la familia y tres distribuidores del periódico en Medellín fueron asesinados también.
Así las cosas, a raíz de este acto de excusas públicas, el Estado se compromete a continuar con la investigación que permita esclarecer el asesinato de Guillermo Cano, a través de las funciones de la Fiscalía. Además, Colombia deberá realizar un documental sobre la violencia que sufrió El Espectador y sus periodistas, en el contexto en que se dio el magnicidio. De otro lado, iniciará un proceso de reparación económica a favor de la familia que, por decisión de ella misma, será destinada exclusivamente a la financiación del Premio Mundial de Periodismo “Guillermo Cano”, de la Unesco.
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Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa, la cual apoyó este proceso desde sus inicios, señaló que hoy más que nunca se debe valorar el trabajo de independencia de Guillermo Cano. Recordó su trabajo en su conocida “Libreta de apuntes”, el espacio de opinión del exdirector, donde solía poner con nombre propio las denuncias contra quienes estaban en contra del Estado democrático.
El contexto del caso
El ofrecimiento de excusas que presenta el Estado nace de un trámite ante el Sistema Interamericano de justicia que comenzó la Sociedad Interamericana de Prensa y la familia Cano, en febrero de 1997. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió el caso ese mismo año, al encontrar probable que la justicia estaba haciendo poco o nada por esclarecer el magnicidio. En febrero de 2001, la CIDH concluyó, a través de un informe de fondo, que el Estado colombiano incumplió su obligación de garantizar el derecho a la vida de Guillermo Cano y que no atendió su deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables, además de dar protección a las víctimas y sus familiares.
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Sin embargo, en 2001, inexplicablemente la CIDH no notificó a las partes del proceso de ese informe de fondo, lo cual era un requisito fundamental para que todos los involucrados se pronunciaran. De hecho, la CIDH emitió unas recomendaciones que nadie siguió, porque nadie se dio cuenta de ese trámite procesal. La familia Cano no tuvo chance de revisar el informe y presentar objeciones con respecto a las medidas consideradas insuficientes en un caso así de emblemático. Recién hasta 2016, gracias a la insistencia de la FLIP, las partes se dieron cuenta del grueso error de la CIDH. Pero ya era muy tarde.
Tan tarde que, por voluntad de la misma comisión, ni siquiera es posible que la Corte Interamericana de Derechos Humanos conozca ese informe fondo y eventualmente emita órdenes a Colombia que son de obligatorio cumplimiento. Así ha sucedido en casos como el del Palacio de Justicia y de la persecución a la Unión Patriótica. Al final, los actuales representantes del Estado llegaron a un acuerdo con la familia Cano, así como sus representantes judiciales, para realizar un acto de excusas públicas, como se recomendó en 2001 en el informe de fondo que se refundió por años. Los compromisos marchan sobre ese mismo proceso, para, algún día, esclarecer cuanta verdad sea posible de este crimen de lesa humanidad.
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