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En una audiencia desarrollada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington (Estados Unidos), la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado reconoció responsabilidad, en nombre de Colombia, por el asesinato del exlíder guerrillero del M-19 y candidato presidencial, Carlos Pizarro Leongómez. El país admitió culpas en la etapa temprana de un proceso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con el fin de garantizar los derechos de la familia de Pizarro y, así, evitar que el expediente llegara a la Corte Interamericana. El Estado, entonces, se declara internacionalmente responsable por violación de derechos a la vida, integridad, garantías judiciales, protección a la honra, y derechos del niño, de circulación, protección judicial e igualdad ante la ley.
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La Agencia de Defensa Jurídica catalogó el asesinato de Pizarro, ocurrido el 26 de abril de 1990, como un magnicidio y una ejecución extrajudicial probada. El antiguo líder de la guerrilla del M-19 solo llevaba 49 días en la civilidad, tras dejar las armas y firmar un Acuerdo de Paz con el Estado, cuando fue acribillado en pleno vuelo de Bogotá a Barranquilla. Entonces, Pizarro Leongómez se dirigía a la capital atlanticense para cumplir con el desarrollo de su agenda como candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19, cuando el sicario Gerardo Gutiérrez Uribe, alias Jerry, sacó una subametralladora del baño y lo acribilló. A pesar de que, según los expedientes judiciales, el asesino se tiró al suelo y alzó sus manos para ser capturado, la escolta del candidato lo mató al instante.
De acuerdo con César Palomino, director de la Agencia de Defensa Jurídica, “se encuentra probado que en la ejecución extrajudicial de Pizarro Leongómez están involucrados no solo grupos paramilitares, sino también Agentes del Estado; particularmente, miembros del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que entre otras cosas eran responsables de su seguridad”, dijo en la ceremonia. El funcionario agregó que agentes del DAS planeaban, facilitaban, ejecutaban y encubrían asesinatos selectivos de líderes oposición en Colombia, precisamente como Carlos Pizarro León Gómez. El director de la Agencia de Defensa Jurídica también reconoció las “debilidades del Estado”, especialmente “respecto de la teoría del caso inicial en la cual no se vinculó a funcionarios del Estado y las implicaciones que tuvo para el acceso a la verdad y las garantías de plazo razonable”.
A su turno, María José Pizarro, congresista e hija del dirigente político, resaltó que la muerte de su padre pudo haberse evitado de no ser por las políticas que iban en contravía de la diferencia. La senadora, quien resaltó que el país está viviendo por primera vez un gobierno de izquierda, señaló que a “generaciones y generaciones enteras se les ha negado el derecho a la paz, el derecho a crecer en una sociedad democrática donde se respete la diferencia”. Asimismo, al responder sobre cómo el magnicidio de Pizarro le afectó, Pizarro dijo que, así como le arrebataron a su padre, también “me arrebataron la seguridad de un hogar, me arrebataron mi familia y esas son las circunstancias, no solamente en las que crecí yo, sino en las que crecieron millones de colombianos y de colombianas”.
Además, Colombia reconoció responsabilidad por violar los derechos de Pizarro Leongómez a la libertad de pensamiento, expresión, asociación, así como a la vida política, al tratarse de un líder de oposición, quien había firmado un acuerdo de paz. Pizarro fue miembro de las FARC, de las Juventudes Comunistas y llegó a ser el máximo comandante del M-19 desde 1986, tras la muerte de Álvaro Fayad. Participó en los principales golpes gestados por esa guerrilla, como lo fue la toma de la espada de Bolívar, la toma del Palacio de Justicia y el secuestro al líder conservador Álvaro Gómez Hurtado. Además, a finales de los noventa, Pizarro fue clave en las negociaciones de paz con el gobierno de Virgilio Barco, el cual le otorgó amnistía a él y a sus camaradas, con lo cual pudo lanzarse a la Alcaldía de Bogotá y, posteriormente, a la presidencia del país.
Colombia también reconoció que su aparato judicial ha incurrido en irregularidades y excesivas demoras para esclarecer los hechos del asesinato. Sus familiares han clamado por décadas que hubo una asociación entre grupos paramilitares y miembros del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). De hecho, la escolta de Pizarro Leongómez estaba conformada, en su mayoría, por efectivos de esta entidad. Recién en septiembre del año pasado, la Fiscalía logró condenar a Jaime Ernesto Gómez, quien baleó a alias Jerry, y conformó la ahora probada estructura criminal que acabó con Pizarro. “Participó del complot criminal entre la organización de las autodefensas al mando de los hermanos Castaño Gil y el DAS, infiltrando su esquema de seguridad, con el único fin de dejar el hecho en la impunidad por asesinar al sicario que dio muerte a Pizarro”, señala la sentencia conocida por este diario.
Antes de ello, los únicos avances de fondo en el proceso fueron la vinculación y condena de los hermanos Fidel Antonio y Carlos Castaño, líderes paramilitares, por el crimen en 2002. Un juzgado especializado de Bogotá los condenó a 24 años de prisión y a una multa de 2.100 salarios mínimos, como coautores y determinadores del homicidio con fines terroristas. Sin embargo, la condena nunca se hizo efectiva porque los dos paramilitares fueron asesinados antes de ir a prisión, incluso Fidel Castaño murió en 1994, mucho antes de que se dictara la condena. En septiembre pasado, El Espectador reveló el llamado a juicio contra Manuel Antonio González, exdirector de Protección del DAS, de 86 años, por ser pieza fundamental en el engranaje que acabó con la vida de Pizarro.
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Finalmente, Colombia ofreció excusas públicas por la situación particular que vivió María José Pizarro cuando era niña. Justo en el momento en que Colombia sabía la autoridad como jefe guerrillero de Pizarro, intentó salir junto con su madre y hermana a otro país buscando protección por las amenazas que recibían por la labor guerrillera. Sin embargo, el gobierno colombiano no se lo habría permitido por no contar con el permiso de su padre, quien para ese momento vivía en clandestinidad. La madre de María José Pizarro habría tenido que cambiarle el apellido, por el de su esposo, para así lograr el permiso para salir del país. Ahora, décadas después, María José Pizarro sale del país para recibir, en Washington, las disculpas de un gobierno por el crimen de su padre.
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