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La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) acaba de ser notificado de una excelente noticia para el país, por parte del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), tribunal internacional que resuelve demandas interpuestas por inversionistas extranjeros contra el país. Colombia, gracias al trabajo de la defensa jurídica nacional, acaba de salvarse de pagar una demanda por US$ 350 millones radicada por el inversionista norteamericano Vercara, antes conocido como Neustar.
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Cada vez que una persona entra a una página web que termine con el dominio “.co” debe saber que hay una empresa de gran envergadura encargada de su desarrollo y de su seguridad, a través de un contrato firmado con el Gobierno Nacional: esa empresa es Vercara. Desde 2019, no obstante, el inversionista consideró que que el gobierno de Iván Duque y su Ministerio de las Telecomunicaciones le falló en el principio de estándar mínimo de trato y de transparencia en un proceso administrativo de contratación.
Para entender el expediente hay que situarse en 2009, cuando Vercara tomó el contrato por el desarrollo y la explotación del dominio “.co” por 10 años, que presuntamente serían prorrogables. Cuando se acercaba el fin del contrato, en 2019, la empresa contaba con que era casi un hecho que renovaría por otros 10 años. Sin embargo, el Gobierno abrió una licitación pública, que al final no se le entregó a otra empresa. Aun así, Neustar asegura que terminó renovando con el país por solo cinco años y con graves pérdidas económicas.
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El Estado se ha defendido, entre otras múltiples razones, explicando que la prórroga era una posibilidad y no un derecho. Según conoció El Espectador, después de tres años de litigio, todas las pretensiones de Vercara fueron desestimadas el pasado 18 de septiembre. Así se confirma en un documento de 234 páginas expedido por el CIADI, y firmada por los árbitros Julián D.M. Lew, Yves Derains y Kaj Hobér. El tribunal, además de señalar que no tiene competencia para conocer las reclamaciones de Vercara, rechazó todas las reclamaciones de fondo. Y, así, Colombia se salvó de pagar US$ 350 millones.
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