Colombia se salva de pagar US$ 40 millones por caso Granahorrar

El Estado no tendrá que pagar un solo peso por, en 1998, capitalizar el antiguo banco Granahorrar, el cual tenía problemas de liquidez, es decir, no podía cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Astrid Benito Carrizosa, exaccionista de la entidad, demandó a Colombia en 2018, pero el Tribunal Arbitral Internacional inclinó la balanza a favor de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

En contexto: Los recursos de Colombia que están en juego en tribunales de arbitramento.

Carrizosa, quien demandó a Colombia por US$40 millones, lo que corresponde a $146.000 millones, perdió la batalla porque el Tribunal Arbitral Internacional determinó que no tiene competencia para desenredar el caso. Además, tras un estudio del Acuerdo de Promoción comercial entre Colombia y Estados Unidos (APC), el tribunal halló que Carrizosa demoró en presentar su reclamo, por lo que el expediente prescribió.

“Hoy hay una buena noticia para los colombianos. Colombia ganó el segundo arbitraje de inversión de su historia, con el laudo a favor obtenido en el caso de Astrid Carrizosa, exaccionista de Granahorrar, contra Colombia. El Tribunal desestimó la demanda, pero además condenó al demandante a pagarle a Colombia más de US$1 millón en gastos y costas judiciales”, señaló Camilo Gómez, director de la Agencia del defensa del Estado.

Los hechos datan de la década de los 90′s, cuando en Colombia hubo una crisis financiera que desequilibró a los bancos y corporaciones financieras. Los ahorros de millones de personas parecían desvanecerse, junto con las entidades prestadoras del servicio. Entre los mayores afectados estuvo el extinto banco Granahorrar, el cual quedó ilíquido y que estaba en manos de la familia Carrizosa.

Antecedentes: Tumban millonaria reparación a socios de Granahorrar.

Tal fue el problema que enfrentaba Granahorrar, que la Superintendencia Bancaria ordenó a los máximos accionistas una capitalización de la entidad, como medida cautelar para proteger a los ahorradores de la entidad. $157.000 millones fue el dinero solicitado por la institución pública. Sin embargo, esa capitalización nunca se dio y el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafin), con el cual Granahorrar había buscado liquidez, ordenó reducir el valor de las acciones del banco. Tomó posesión del mismo.

“FOGAFIN procedió a citar a todos los accionistas de Granahorrar a una asamblea extraordinaria, el 16 de octubre de 1998. Allí se modificó la junta directiva y se aprobaron los nuevos estatutos sociales en virtud del carácter oficial que adquirió. Además, el gobierno nacional produjo un Decreto en el que declaró la adscripción de Granahorrar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, agregó la Corte Constitucional, en sentencia del 25 de junio de 2014.

Esa sentencia de la alta corte, de hecho, fue también denunciada por la familia Carrizosa ante el Tribunal Administrativo Internacional. En primera instancia, el Consejo de Estado, en 2007, ordenó se le entregara los antiguos accionistas una millonarios indemnización, dado que el Estado habría actuado sin sustento sobre la situación real que Granahorrar estaba atravesando al momento de la crisis financiera.

Blogs El Espectador: Los 90 y La crisis que no se supera.

Sin embargo, la Corte Constitucional, en decisión de 2011 que luego fue confirmó en 2014, determinó que el Estado no tenía responsabilidad alguna por una posible intervención irregular de Granahorrar. En ese momento, Colombia también se salvó de enfrentar una millonaria indemnización. Así las cosas, con la última decisión, ese duelo entre el banco y la Agencia de Defensa del Estado queda zanjado.

A pesar de salir ganador en el último arbitraje, la defensa del Estado está trabajando en otra demanda internacional presentada por la familia Carrizosa, por US$323 millones. Se trata de los mismos hechos, por la intervención oficial a Granahorrar. “Hay otro caso instaurado por la misma familia Carrizosa contra Colombia, el cual se definirá en los próximos meses, muy pronto seguramente. Colombia confía en seguir manteniendo esta defensa acérrima de los intereses de los colombianos”, concluyó Camilo Gómez.

El Estado no tendrá que pagar un solo peso por, en 1998, capitalizar el antiguo banco Granahorrar, el cual tenía problemas de liquidez, es decir, no podía cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Astrid Benito Carrizosa, exaccionista de la entidad, demandó a Colombia en 2018, pero el Tribunal Arbitral Internacional inclinó la balanza a favor de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

En contexto: Los recursos de Colombia que están en juego en tribunales de arbitramento.

Carrizosa, quien demandó a Colombia por US$40 millones, lo que corresponde a $146.000 millones, perdió la batalla porque el Tribunal Arbitral Internacional determinó que no tiene competencia para desenredar el caso. Además, tras un estudio del Acuerdo de Promoción comercial entre Colombia y Estados Unidos (APC), el tribunal halló que Carrizosa demoró en presentar su reclamo, por lo que el expediente prescribió.

“Hoy hay una buena noticia para los colombianos. Colombia ganó el segundo arbitraje de inversión de su historia, con el laudo a favor obtenido en el caso de Astrid Carrizosa, exaccionista de Granahorrar, contra Colombia. El Tribunal desestimó la demanda, pero además condenó al demandante a pagarle a Colombia más de US$1 millón en gastos y costas judiciales”, señaló Camilo Gómez, director de la Agencia del defensa del Estado.

Los hechos datan de la década de los 90′s, cuando en Colombia hubo una crisis financiera que desequilibró a los bancos y corporaciones financieras. Los ahorros de millones de personas parecían desvanecerse, junto con las entidades prestadoras del servicio. Entre los mayores afectados estuvo el extinto banco Granahorrar, el cual quedó ilíquido y que estaba en manos de la familia Carrizosa.

Antecedentes: Tumban millonaria reparación a socios de Granahorrar.

Tal fue el problema que enfrentaba Granahorrar, que la Superintendencia Bancaria ordenó a los máximos accionistas una capitalización de la entidad, como medida cautelar para proteger a los ahorradores de la entidad. $157.000 millones fue el dinero solicitado por la institución pública. Sin embargo, esa capitalización nunca se dio y el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafin), con el cual Granahorrar había buscado liquidez, ordenó reducir el valor de las acciones del banco. Tomó posesión del mismo.

“FOGAFIN procedió a citar a todos los accionistas de Granahorrar a una asamblea extraordinaria, el 16 de octubre de 1998. Allí se modificó la junta directiva y se aprobaron los nuevos estatutos sociales en virtud del carácter oficial que adquirió. Además, el gobierno nacional produjo un Decreto en el que declaró la adscripción de Granahorrar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, agregó la Corte Constitucional, en sentencia del 25 de junio de 2014.

Esa sentencia de la alta corte, de hecho, fue también denunciada por la familia Carrizosa ante el Tribunal Administrativo Internacional. En primera instancia, el Consejo de Estado, en 2007, ordenó se le entregara los antiguos accionistas una millonarios indemnización, dado que el Estado habría actuado sin sustento sobre la situación real que Granahorrar estaba atravesando al momento de la crisis financiera.

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Sin embargo, la Corte Constitucional, en decisión de 2011 que luego fue confirmó en 2014, determinó que el Estado no tenía responsabilidad alguna por una posible intervención irregular de Granahorrar. En ese momento, Colombia también se salvó de enfrentar una millonaria indemnización. Así las cosas, con la última decisión, ese duelo entre el banco y la Agencia de Defensa del Estado queda zanjado.

A pesar de salir ganador en el último arbitraje, la defensa del Estado está trabajando en otra demanda internacional presentada por la familia Carrizosa, por US$323 millones. Se trata de los mismos hechos, por la intervención oficial a Granahorrar. “Hay otro caso instaurado por la misma familia Carrizosa contra Colombia, el cual se definirá en los próximos meses, muy pronto seguramente. Colombia confía en seguir manteniendo esta defensa acérrima de los intereses de los colombianos”, concluyó Camilo Gómez.