Colombia se salvó de pagar una millonaria multa a inversionistas estadounidenses

Colombia se salvó de pagar una indemnización de cerca de US$300 millones a empresarios estadounidenses, luego de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) emitiera un fallo absolutorio a la Nación por el caso del megaproyecto inmobiliario Meritage. La institución internacional resolvió a favor de Colombia el complejo caso en el que inversores, en cabeza del empresario Ángel Seda, demandaron al país porque, según ellos, habría vulnerado los tratados comerciales con Estados Unidos al haber impedido la construcción de un proyecto inmobiliario de lujo. Sin embargo, Colombia fue clara en que frenó esa construcción porque había pruebas para demostrar que sus predios tenían un oscuro pasado relacionado con el narcotráfico.

Colombia se salvó de pagar una indemnización de cerca de US$300 millones a empresarios estadounidenses, luego de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) emitiera un fallo absolutorio a la Nación por el caso del megaproyecto inmobiliario Meritage. La institución internacional resolvió a favor de Colombia el complejo caso en el que inversores, en cabeza del empresario Ángel Seda, demandaron al país porque, según ellos, habría vulnerado los tratados comerciales con Estados Unidos al haber impedido la construcción de un proyecto inmobiliario de lujo. Sin embargo, Colombia fue clara en que frenó esa construcción porque había pruebas para demostrar que sus predios tenían un oscuro pasado relacionado con el narcotráfico.

La indemnización, considerada como una de las más costosas que el Estado colombiano se salvó de pagar, es el resultado de una demanda interpuesta por empresarios estadounidenses que llegaron a Colombia en 2012 para invertir en un megaproyecto inmobiliario en Medellín, que llamaron Meritage. Todo el asunto se vino abajo cuando, en 2016, la Fiscalía señaló tener elementos que probarían que testaferros de la Oficina de Envigado, y hasta el narcoparamilitar Héctor Restrepo Santamaría, alias Perra Loca, habían tenido que ver en la compra y venta de los predios que se utilizarían para la construcción del proyecto. Bajo ese argumento, el ente investigador recuperó un bien en el que ya se habían invertido recursos para que el proyecto tuviera 35 locales, 114 apartasuites y hasta 116 casas.

Para el empresario Ángel Seda, quien estaba al frente del proyecto inmobiliario, y quien quedó de brazos cruzados cuando la Fiscalía inició el proceso de extinción de dominio, él actuó de buena fe al momento de adquirir los terrenos y que nada tenía que ver con la Oficina de Envigado. Entre sus argumentos y los de sus abogados, Seda especificó que la imposición de medidas cautelares en el terreno, así como la extinción de dominio sobre los bienes, constituyen una expropiación judicial por vía indirecta, lo cual iba en contra de los acuerdos de trato justo y equitativo que Colombia sostiene con Estados Unidos. No obstante, para la Fiscalía hay varios nombres del mundo del narcotráfico que, de una u otra manera, estuvieron involucrados con los lotes.

En primer lugar estaría el nombre de Javier García Rojas, alias Maracuyá, un reconocido narcotraficante, quien, al parecer, tendría intereses sobre los predios de la demanda arbitral. Las pruebas de la presunta participación de este hombre en el proyecto de Meritage fueron presentadas ante el tribunal de arbitramento por el Estado colombiano y, a último minuto, fueron tenidas en cuenta. Según información oficial del gobierno, ante el tribunal internacional se allegaron los más recientes resultados de la Fiscalía contra alias Maracuyá, a quien se le incautaron 72 bienes en Medellín. “Le pedimos al tribunal reabrir el récord (la recolección de pruebas) para que considere esta información tan importante”, señaló Camargo en su momento, una solicitud a la que el Ciadi sí le abrió las puertas.

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Otro nombre que estaría relacionado con las inversiones ilegales en los predios es el de Iván López, un extraditado que se salvó de una condena por narcotráfico en Estados Unidos en 2007, como miembro del Clan Úsuga. La investigación detalla que compró el predio en 1994 y que, según denunció, lo perdió cuando supuestos miembros de la Oficina de Envigado obligaron a su hijo a firmar un documento de escritura pública, luego de haberlo secuestrado. La persistencia de López Vanegas con esa hipótesis, de hecho, fue la que inició el proceso de extinción de dominio a Meritage en 2016. Sin embargo, Ángel Seda, en su proceso de defensa, vinculó al expediente un oficio del FBI a la Policía de Colombia, de noviembre de ese año, en el que se advierte que el secuestro nunca sucedió. De hecho, señala, el traspaso de tierras se dio por un ajuste de cuentas.

Estos hechos permitieron que Jhon Camargo, director encargado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) invocara la figura de “seguridad esencial”. Se trata de un recurso con el cual argumentaron ante la Ciadi la importancia de que la Fiscalía ejerciera la extinción de dominio en los predios en los que se construiría el proyecto de viviendas, pues el país necesitaba cumplir con sus obligaciones respecto al mantenimiento de la paz y proteger sus intereses en materia de seguridad. Esa figura, además, llegó al despacho del tribunal internacional en marzo, solo meses antes de que se conociera el fallo esperado desde 2023, cuando el Ciadi recibió los últimos documentos de parte y parte, y ya solo quedaba tomar la crucial decisión.

“Es un fallo histórico. Por primera vez un país logra demostrar en el Ciadi la efectividad de la seguridad esencial. Logramos hacer respetar temas de seguridad nacional, soberanía nacional y, sobre todo, protegimos el patrimonio de los colombianos. Todo el mundo daba por perdido este caso y la seguridad esencial fue nuestro recurso de último minuto”, le dijo Camargo a El Espectador tras conocer el resultado del fallo. Entretanto, la Andje, a través de un comunicación oficial, precisó que “el arbitraje de inversión no puede ser instrumentalizado para promover fines delictivos tan repudiables como el tráfico ilícito de estupefacientes. De esta forma, es claro que la acción de extinción de dominio iniciada por Colombia contra el proyecto Meritage tuvo fines legítimos”.

De esta manera, y mediante un recurso de último momento, el Estado colombiano evitó pagar una millonaria indemnización del bolsillo nacional, y valoró el instrumento utilizado de extinción de dominio, con el que se busca recuperar bienes del narcotráfico y otras fuentes ilegales. El lote en el cual sería construido el megaproyecto de lujo Meritage se encuentra actualmente en obra gris, luego de que la construcción quedara en ceros tras los procesos de extinción que adelantó la Fiscalía. Así pues, se cierra el último capítulo de un complejo escenario judicial que podría haberle quitado a las arcas de la Nación alrededor de US$300 millones.

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