Colombia solicitó en extradición al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso
El antiguo líder de las Autodefensas Unidas de Colombia luego de que en 2008 el gobierno de Álvaro Uribe lo extraditara a los EE.UU por delitos de narcotráfico. Su vuelta estaba prevista para el 27 de marzo pasado, pero esta se habría postpuesto por la crisis sanitaria del coronavirus.
Redacción Judicial
La Fiscalía General y el Ministerio de Justicia presentaron al Gobierno de los Estados Unidos una solicitud para que sea extraditado el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. El requerimiento fue hecho el pasado 15 de abril con el fin de que el antiguo líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) "comparezca ante la jurisdicción colombiana, con el fin de garantizar la consecución de la verdad, reparación y no repetición que merecen las víctimas de los delitos que se le atribuyen", señaló el ente investigador.
En enero pasado se supo que la vuelta de Mancuso sería inminente. Así se lo comunicó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a Ana Fabiola Castro, directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General. A su vez, en una escueta carta, la funcionaria judicial le comunicó al entonces delegado contra el crimen organizado del ente investigador, Álvaro Osorio Chacón, de este arribo con el fin que los despachos de su dirección que tenga investigaciones en contra del paramilitar de origen cordobés sean informados.
Vea: Mancuso daría información sobre Álvaro Uribe, Iván Cepeda y otros a cambio de entrar a la JEP
En noviembre de 2019, una jueza de ejecución de penas de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá avaló dejar en libertad condicional a Mancuso. Según la jueza Luz Marina Zamora, quien le dio el beneficio de libertad bajo prueba a Mancuso, por someterse al sistema de justicia creado tras el desmonte de las Autodefensas, el exjefe paramilitar ya cumplió con los requisitos exigidos en la ley de Justicia y Paz para gozar de su libertad. Principalmente, dijo la funcionaria judicial, el exjefe de las Auc ya estuvo en prisión por un tiempo superior a ocho años, como contemplaba la norma.
Sin embargo, a finales de enero pasado la Corte Suprema le negó la libertad luego de negarle una apelación que presentó su defensa contra una decisión de la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla, que le negó la sustitución de la medida de aseguramiento. La negativa del alto tribunal se basó en que este tiene otra investigación pendiente por lavado de activos de dineros del narcotráfico y concierto para delinquir. Se trata de un proceso por ocultamiento de ingresos de varias firmas, entre ellas de la empresa 911 Limitada, encargada de prestar seguridad a establecimientos del chance en el norte del país.
El 15 de enero pasado también se supo que Mancuso, en un primer borrador de su plan de contribución a la verdad y reparación a las víctimas entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), hablaría de Santiago y Álvaro Uribe Vélez, Piedad Córdoba, Iván Cepeda, entre otros. A su vez, agregó hechos que demostrarían que, entre 1989 y 1996, desempeñó el rol de tercero “viéndose comprometido con acciones de intimidación y muertes violentas de personas pertenecientes a grupos de izquierda, al igual que con acciones de destrucción y apropiación de bienes civiles en el municipio de Turbo, bajo la premisa de una lucha antisubversiva”.
Mancuso se encuentra preso en Atlanta (Estados Unidos) desde 2008, cuando fue extraditado por el delito de tráfico de drogas. Desde allá siguió con sus procesos en Justicia y Paz. De acuerdo con la Fiscalía, Mancuso estuvo al frente de 139 masacres, en las que asesinaron a 837 personas. Entre ellas están la del El Salado, en Carmen de Bolívar, donde fueron asesinadas cerca de cuarenta personas en febrero de 2000; la de El Aro, en Ituango (Antioquia), donde asesinaron a 17 campesinos, robaron sus bienes y quemaron el pueblo, en 1997, y la de Mapiripán (Meta), donde ejecutaron a 75 campesinos, en el mismo año.
En octubre de 2018, Mancuso también dijo que la Fiscalía y la Policía supuestamente tienen un complot en su contra para excluirlo de los beneficios que ofrece la ley de Justicia y Paz, un marco jurídico promovido en el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe para promover la desmovilización del paramilitarismo en Colombia. Mancuso aseguró en su momento que contaba con pruebas para denunciar a integrantes de la Fiscalía, un investigador de la Dijín y a Deivis y Leonardo Rojas Zabala, dos personas que, según él, son falsos testigos. Mancuso fue extraditado en mayo de 2008 por el gobierno de Uribe Vélez junto a Jorge 40, Macaco, entre otros líderes del paramilitarismo.
La Fiscalía General y el Ministerio de Justicia presentaron al Gobierno de los Estados Unidos una solicitud para que sea extraditado el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. El requerimiento fue hecho el pasado 15 de abril con el fin de que el antiguo líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) "comparezca ante la jurisdicción colombiana, con el fin de garantizar la consecución de la verdad, reparación y no repetición que merecen las víctimas de los delitos que se le atribuyen", señaló el ente investigador.
En enero pasado se supo que la vuelta de Mancuso sería inminente. Así se lo comunicó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a Ana Fabiola Castro, directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General. A su vez, en una escueta carta, la funcionaria judicial le comunicó al entonces delegado contra el crimen organizado del ente investigador, Álvaro Osorio Chacón, de este arribo con el fin que los despachos de su dirección que tenga investigaciones en contra del paramilitar de origen cordobés sean informados.
Vea: Mancuso daría información sobre Álvaro Uribe, Iván Cepeda y otros a cambio de entrar a la JEP
En noviembre de 2019, una jueza de ejecución de penas de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá avaló dejar en libertad condicional a Mancuso. Según la jueza Luz Marina Zamora, quien le dio el beneficio de libertad bajo prueba a Mancuso, por someterse al sistema de justicia creado tras el desmonte de las Autodefensas, el exjefe paramilitar ya cumplió con los requisitos exigidos en la ley de Justicia y Paz para gozar de su libertad. Principalmente, dijo la funcionaria judicial, el exjefe de las Auc ya estuvo en prisión por un tiempo superior a ocho años, como contemplaba la norma.
Sin embargo, a finales de enero pasado la Corte Suprema le negó la libertad luego de negarle una apelación que presentó su defensa contra una decisión de la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla, que le negó la sustitución de la medida de aseguramiento. La negativa del alto tribunal se basó en que este tiene otra investigación pendiente por lavado de activos de dineros del narcotráfico y concierto para delinquir. Se trata de un proceso por ocultamiento de ingresos de varias firmas, entre ellas de la empresa 911 Limitada, encargada de prestar seguridad a establecimientos del chance en el norte del país.
El 15 de enero pasado también se supo que Mancuso, en un primer borrador de su plan de contribución a la verdad y reparación a las víctimas entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), hablaría de Santiago y Álvaro Uribe Vélez, Piedad Córdoba, Iván Cepeda, entre otros. A su vez, agregó hechos que demostrarían que, entre 1989 y 1996, desempeñó el rol de tercero “viéndose comprometido con acciones de intimidación y muertes violentas de personas pertenecientes a grupos de izquierda, al igual que con acciones de destrucción y apropiación de bienes civiles en el municipio de Turbo, bajo la premisa de una lucha antisubversiva”.
Mancuso se encuentra preso en Atlanta (Estados Unidos) desde 2008, cuando fue extraditado por el delito de tráfico de drogas. Desde allá siguió con sus procesos en Justicia y Paz. De acuerdo con la Fiscalía, Mancuso estuvo al frente de 139 masacres, en las que asesinaron a 837 personas. Entre ellas están la del El Salado, en Carmen de Bolívar, donde fueron asesinadas cerca de cuarenta personas en febrero de 2000; la de El Aro, en Ituango (Antioquia), donde asesinaron a 17 campesinos, robaron sus bienes y quemaron el pueblo, en 1997, y la de Mapiripán (Meta), donde ejecutaron a 75 campesinos, en el mismo año.
En octubre de 2018, Mancuso también dijo que la Fiscalía y la Policía supuestamente tienen un complot en su contra para excluirlo de los beneficios que ofrece la ley de Justicia y Paz, un marco jurídico promovido en el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe para promover la desmovilización del paramilitarismo en Colombia. Mancuso aseguró en su momento que contaba con pruebas para denunciar a integrantes de la Fiscalía, un investigador de la Dijín y a Deivis y Leonardo Rojas Zabala, dos personas que, según él, son falsos testigos. Mancuso fue extraditado en mayo de 2008 por el gobierno de Uribe Vélez junto a Jorge 40, Macaco, entre otros líderes del paramilitarismo.