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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por el aumento de caso de desplazamiento forzado en Colombia. Según la entidad internacional, aunque se han adelantado acciones para hacer frente a estas situaciones, han sido insuficientes y le solicitan al Estado que tome medidas integrales para la prevención del desplazamiento.
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La CIDH le recomendó al Estado adoptar las medidas necesarias para prevenir el desplazamiento forzado, con perspectiva de género y enfoques diferenciados. Igualmente, pidió “implementar las medidas pertinentes para garantizar protección y seguridad a las personas que retornan a los territorios”, incluyendo en esa perspectiva, el desminado. Por último, solicitaron avanzar en la judicialización de los casos de desplazamiento forzado, esto con el fin de contribuir con la visibilización.
De la misma manera, la Comisión le pidió al Estado cumplir con las obligaciones de “prevenir el desplazamiento”; proteger y brindar asistencia durante el desplazamiento; prestar y facilitar la asistencia humanitaria. A su vez, pidieron “adoptar medidas de retorno, reasentamiento o reintegración local, en condiciones de seguridad” y garantizar que toda medida que se adopte para la protección de los derechos de las personas desplazadas incorpore el enfoque de género y diversidad.
Las cifras
Según la CIDH, el Informe sobre Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) sigue reportando en Colombia el número más alto de personas desplazadas internas en todo el mundo, según el informe, sería un total de 8,3 millones de personas a finales del año pasado, a pesar de la pandemia. Igualmente, dice la Comisión, entre enero y agosto de 2021 la cantidad de personas desplazadas en Colombia creció un 135 % en comparación con los mismos meses de 2020. Según las cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), indican que en este periodo más de 57.100 personas habrían sido desplazadas, principalmente, por amenazas directas por parte de grupos armados.
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Por su parte, la Defensoría del Pueblo registro que durante los seis primeros meses de este año habrían ocurrido 102 eventos de desplazamiento masivo, en los cuales hubo 44.290 personas que se movilizaron de forzosamente. Según cifras de la OCHA, la mayoría de situaciones de desplazamiento masivo ocurrieron en Roberto Payán y Magüí (Nariño), Argelia (Cauca), Cáceres e Ituango (Antioquia), y Buenaventura (Valle del Cauca). Dentro de lo dicho por la CIDH, las denuncias ciudadanas que recibieron darían cuenta de que el desplazamiento estaría vinculado al control territorial, todo con el fin de construir infraestructuras portuarias y turísticas.
Estas mismas denuncias civiles, según dice la Comisión, demostrarían que los líderes sociales que luchan por el territorio son los más afectados por los grupos armados, pues no estaría solo siendo obligados a desplazarse, sino que se atentaría contra su vida. De la misma manera, la labor del Estado no estaría garantizándoles la protección de los derechos a las víctimas del desplazamiento.
Campesinos, indígenas y afrodescendientes: los más afectados
Uno de los puntos destacados por la CIDH, según las denuncias que recibieron, tendría como una de las principales causas del desplazamiento forzado la falta de cumplimiento del Acuerdo de Paz. En la información que recibió la entidad internacional, la principal falla estaría en los componentes del convenio que procuran mitigar las causas estructurales de la violencia mediante la sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS) y de desarrollo económico con enfoque territorial (PDET). Así mismo, de acuerdo con la Defensoría, las poblaciones mayormente afectadas son las comunidades étnicas indígenas y afrodescendientes, que serían el 59% de los casos, y la población campesina.
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Desplazamiento para las mujeres
Según la CIDH, las mujeres desplazadas enfrentan también necesidades y problemas específicos por su condición de mujer. En cuanto a esto, Corte Constitucional manifestó que el desplazamiento forzado genera riesgos específicos por el género. Dentro de estos, según el alto tribunal, está la violencia, explotación o abuso sexual; a la explotación o esclavización para ejercer labores domésticas; el riesgo de reclutamiento forzado de hijos e hijas; y los obstáculos en el acceso a la propiedad de la tierra y en la protección de su patrimonio.
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