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Es un hecho: la millonaria financiación de la multinacional bananera Chiquita Brands, con hasta US$1,7 millones de dólares a los paramilitares colombianos, está conectada con los homicidios cometidos por estos grupos criminales en el Urabá y Magdalena medio, entre 1997 y 2004. El Tribunal del Distrito Sur de Florida acaba de declarar responsable a Chiquita Brands por las consecuencias de sus relaciones con las Autodefensas de Carlos Castaño y ordenó a la empresa mundialmente reconocida a pagar una millonaria indemnización a un primer grupo de ocho víctimas nacionales.
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En 2007, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, tras confesión misma de altos ejecutivos de la compañía, encontró probada la financiación a los paramilitares, quienes entonces eran considerados un grupo terrorista extranjero. Desde entonces, miles de colombianos allegaron demandas a la justicia norteamericana, explicando que haber llenado esas arcas criminales fue una fuente para cometer homicidios, desplazamientos, masacres y desapariciones forzadas. El Tribunal del Distrito Sur de la Florida recogió nueve casos simbólicos, de las miles de víctimas, y sentenció a Chiquita Brands.
Como conoció El Espectador, los jurados y el juez del Tribunal del Distrito Sur de Florida llegaron a la conclusión de qué ocho de las nueve víctimas, de estos casos emblemáticos, lograron probar que su ser querido fue asesinado por las Autodefensas Unidas de Colombia, justo en el momento en que Chiquita Brands estaba financiando a este grupo paramilitar. Ahora, la multinacional bananera tendrá un mes para decidir si apela este primer fallo en su contra, con el cual se ordenó una indemnización a las víctimas, cuyo monto este diario se abstiene de publicar por seguridad de los nacionales demandantes.
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“Este veredicto envía un mensaje contundente a las empresas de todo el mundo que se lucran a expensas de los derechos humanos: sus actos no quedarán impunes. Estas familias, que sufrieron el asedio de grupos armados y corporaciones, demostraron su fortaleza y lograron triunfar en el sistema judicial,” afirmó Marco Simons, director jurídico de EarthRights International, una de las organizaciones de derechos humanos que acompaña a las familias demandantes.
¿Por qué el caso está en Estados Unidos?
En 2007, la justicia estadounidense comprobó que Chiquita Brands giró más de un millón y medio de dólares a grupos paramilitares entre 1997 y 2004. Las pruebas que se presentaron y reconocidas por la multinacional daban cuenta de que financiaron a los paramilitares tras una reunión privada en Medellín entre Carlos Castaño y un alto ejecutivo de Banadex, que era la filial más rentable de Chiquita Brands en el país para la época.
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El centro de la controversia está en que, mientras Chiquita Brands entregaba el dinero, en 2001, el gobierno de Estados Unidos designó a los paramilitares como una organización terrorista extranjera. “Como cualquier empresa criminal, una organización terrorista necesita un flujo de financiamiento para respaldar sus operaciones”, señaló el entonces fiscal general de la División de Seguridad Nacional, Kennet Weinstein. A pesar de ello, Chiquita Brands siguió haciendo los pagos por tres años más.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos concluyó que “lo que hace esta conducta moralmente tan repugnante es que la empresa continúo mes tras mes, año tras año pagando a los mismos terroristas. Lo hizo sabiendo perfectamente que, aunque sus fincas estuvieran protegidas y sus trabajadores estuvieran protegidos mientras estaban literalmente en ellas, Chiquita estaba pagando dinero para comprar las balas que asesinaron a colombianos inocentes fuera de sus fincas”.
¿Cómo se ha defendido Chiquita Brands?
El argumento principal que ha usado Chiquita Brands en su defensa es que, aunque entregó los dineros a los paramilitares, todo fue a la fuerza y producto de extorsiones. Incluso, el gobierno estadounidense siempre se ha mantenido en que en la reunión entre Carlos Castaño y los ejecutivos de la bananera, el paramilitar dio a entender que el incumplimiento de los pagos “podría resultar en daños físicos al personal y la propiedad de Banadex”.
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Testimonios clave del juicio
El jurado conoció el testimonio de Ovidio Núñez Cabrales, alias El Indio, un extrabajador de seguridad de Chiquita que con el tiempo se unió a los paramilitares y ha sido clave en procesos de Justicia y Paz en Colombia. Su testimonio detalló que la multinacional bananera, incluso, habría entregado armas y gasolina a los dirigidos por Carlos Castaño, y habría planeado asesinatos selectivos de la mano de los criminales. También aseguró que el propio Charles Keiser, otro de los testigos y quien dirigió las operaciones de Chiquita en Colombia entre 1987 y 2000, recibió seguridad directa de las AUC.
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Hermes Hernández, quien fuera jefe de seguridad de Chiquita en Urabá y Santa Marta, detalló la actividad criminal contra la bananera por parte de las FARC, el EPL y el ELN, y que los empleados de Banadex eran obligados a participar en rifas por parte de los paramilitares, con dinero que era descontado de sus salarios. Luego, los abogados de víctimas leyeron una declaración tomada previamente a Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito y antiguo comandante paramilitar del Bloque Bananero. Este señaló que los ejecutivos de Chiquita se reunían periódicamente con líderes de las AUC para discutir cuestiones financieras y de seguridad. Aun así, aclaró que no hubo extorsión: “Nunca les obligué a aportarnos nada”, concluyó.
¿Qué sigue ahora?
De acuerdo con Marco Simons, consejero general de la organización de derechos humanos internacional Earth Rights, la cual representa víctimas en este juicio, la reciente decisión será tomada por la justicia estadounidense como un caso ejemplo para las demás demandas que vienen. Es una sentencia madre de la que podrán basarse otras en camino, ante ese tribunal y otros de la jurisdicción norteamericana. Las víctimas son miles y recién inicia este camino de verdad y justicia, relacionada con la mano criminal de delincuentes de cuello blanco.
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jcote@elespectador.com
@SebasCote95
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