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La semana pasada, el carro blindado en el que Claudia Julieta Duque se movilizaba fue bloqueado por una motocicleta que escapó cuando su conductor se percató de que la periodista estaba acompañada por miembros de las Brigadas Internacionales de Paz, organización que le brinda acompañamiento no armado desde 2003.
El acto de intimidación sucedió una semana antes de la audiencia preparatoria que se llevará a cabo este miércoles contra el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, los exdirectores de Inteligencia de ese organismo Giancarlo Auqué de Silvestri y Enrique Alberto Ariza, investigados por la tortura sicológica a la que fue sometida Duque: persecuciones, amenazas y llamadas, entre el 2001 y el 2004, y por la que ya han confesado dos funcionarios del extinto organismo.
El grupo G-3 del DAS fue el que adelantó la persecución contra Duque. En el marco de una operación denominada “Caso Filtración” recolectó información sobre la periodista y su familia, interceptó sus comunicaciones, incluso se dispuso de un taxi de uso de la Subdirección de Operaciones de ese organismo para realizar seguimiento a la periodista.
La persecución a Duque fue tan feroz que el grupo G-3 del DAS creó un manual para ejecutar las llamadas telefónicas, en el cual se especificaba cómo hacerlas para evitar ser descubiertos, incluso había un guion específico para amedrentar a la periodista con insultos y fuertes amenazas a la vida de su hija que en ese entonces era una niña. Un guion en el que se sugerían sentencias como esta: “Ni camionetas blindadas ni carticas chimbas le van a servir ahora, nos tocó meternos con lo que más quiere, eso le pasa por perra y por meterse en lo que no le importa, vieja gonorrea hijueputa”.
Las intimidaciones continuaron a la par de las investigaciones y denuncias de Duque. Su hija tuvo que irse del país por razones de seguridad; su conductor recibió una llamada a finales del 2014 de un hombre que se hizo pasar por funcionario de la Unidad Nacional de Protección que le dio toda clase de datos sobre la periodista y su familia. Además, su abogado, Víctor Velásquez, también es foco de amenazas; cuando se apoderó del caso, hace dos años, recibió llamadas en las que le decían que ya habían comprado las tumbas para él y su familia. Esta semana los desconocidos volvieron a contactar al abogado, ahora le dicen que ya es hora de llenar las tumbas que tienen compradas.
La periodista asegura que las amenazas se reactivaron con fuerza desde noviembre del 2014, cuando fue capturado Ronal Rivera, un exdetective del G-3 envuelto en el caso. Agrega que su proceso estuvo quieto durante varios años en la Fiscalía y que solo se movía por las denuncias que ella misma hacía, hasta el 2011, cuando una fiscal nueva asumió la investigación y empezó a avanzar. Sin embargo, dice que el ente acusador ha mostrado falencias para ejecutar las órdenes de captura contra algunos de los implicados.
Estas falencias están relacionadas con Auqué de Silvestri, quien ha mostrado disposición para entregarse, incluso se ha comunicado con las autoridades sin que éstas procedan a capturarlo; de él se espera que se presente este miércoles en el juicio. Por su parte, la Fiscalía ordenó expedir circular roja contra Enrique Ariza, quien actualmente está en Estados Unidos adelantando trámites de residencia y asilo, pero hasta el momento la circular no aparece en la base de datos de la Interpol.
Esta secuencia de persecuciones y amenazas, e incluso un secuestro del que fue víctima, empezó hace 14 años cuando Duque se dedicó a investigar el asesinato de Jaime Garzón y encontró supuestas pistas que implicaban a agentes del Estado con la muerte del humorista. La periodista dice que al fin la Fiscalía se acerca a la verdad en el caso de Garzón. Lo que poco ha cambiado es la situación de Duque, quien comienza el juicio oral en su faceta de víctima bajo intimidaciones similares a las que dieron origen a esta historia.
jflorez@elespectador.com