Fiscalía está de acuerdo con dejar en libertad a Salvatore Mancuso
Durante la audiencia que estudia la situación jurídica del exjefe paramilitar, la Fiscalía afirmó que el exjefe paramilitar cumple con todos los requisitos para obtener la libertad a prueba. Sin embargo, varios abogados de las víctimas se opusieron a esa posición, pues aseguran que Mancuso no ha devuelto todos los bienes que prometió, una falta grave que podría expulsarlo del sistema de Justicia y Paz. La misma posición mantuvo la Procuraduría, que argumentó que Mancuso no puede quedar libre.
Un juzgado de ejecución de sentencias de Justicia y Paz inició hoy una serie de audiencias para estudiar la situación jurídica del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso. En la primera diligencia, la juez escuchó la posición de las partes sobre una petición de la defensa del recién deportado, en la que pidieron que su cliente obtenga la libertad para poder cumplir con sus funciones como gestor de paz, asignadas por el gobierno de Gustavo Petro. La diligencia programada para este viernes 1 de marzo continuará el próximo lunes 4 de marzo desde las 2:00 pm.
Durante la audiencia, la fiscal Magaly Álvarez, como vocera de la Fiscalía, expresó que la entidad “no se opone a concederle la libertad a prueba”. Expuso que, tras la revisión de los requisitos necesarios, concluyó que el exjefe paramilitar los cumplía por completo, pues habría realizado aportes de verdad, justicia, reparación y no repetición. Además, explicó que Mancuso ya habría cumplido con las tres sentencias de Justicia y Paz que hay en su contra, en las que fue condenado a ocho años de cárcel, la pena máxima permitida en ese sistema de justicia transicional.
En contexto: Salvatore Mancuso: qué hizo, qué hará como gestor de paz y otras preguntas del caso
Sin embargo, por parte de la representación de víctimas, las posturas se mostraron divididas. Algunos expresaron reparos a la posición de la Fiscalía. Según expusieron, aún habría 100 bienes de Mancuso en materia de investigación que no habrían sido entregados por el exjefe paramilitar como parte de su reparación a las víctimas, un requisito del sistema de Justicia y Paz. No obstante, los abogados de víctimas explicaron que Mancuso ha colaborado con los procesos judiciales, sin embargo criticaron que la reparación ha tardado mucho tiempo y, en varios casos, no ha sido suficiente.
Otros representantes de víctimas no se opusieron a que Mancuso quede en libertad, pues ya está vinculado a los procesos y ha mostrado interés en ellos, incluso antes de llegar al país. Eso sí, varios pidieron que el exjefe paramilitar sea vinculado a procesos de búsqueda de personas desaparecidas en el país y la priorización de las víctimas de la masacre de El Salado ocurrida entre el 16 y 22 de febrero de 2002.
La Procuraduría, por su parte, fue enfática en solicitar que se niegue la petición presentada por la defensa del exjefe paramilitar, con la cual se eliminarían sus restricciones de movilidad por el país. El Ministerio Público explicó que este tipo de medidas se toman precisamente para proteger a las víctimas y evitar que los victimarios pueden estar en territorios donde ya han cometido actos violentos porque su presencia allí podría resultar revictimizante, explicó la Procuraduría.
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La entidad también explicó que las decisiones presidenciales, como la de nombrarlo gestor de paz, no pueden ser contrariar a las posturas que ya se han adoptado dentro de los tribunales de Justicia y Paz y no “diluyen los compromisos” que ya tiene el exjefe paramilitar con esta jurisdicción. Esto respecto al argumento de que la restricción de movilidad debían eliminarse por las labores que se esperaba cumpliera Mancuso como gestor de paz, principalmente en los territorios donde tuvo injerencia. Sobre este punto, la Procuraduría expresó que el actuar de los grupos ilegales ya ha sido documentado de manera completa y no requeriría que el implicado se desplace hasta el sitio.
La Procuraduría también criticó la situación de los bienes de Mancuso. Según la entidad, todavía hay investigaciones en recurso que podrían evidenciar que el exjefe paramilitar no cumplió con su deber de reparar a las víctimas, ocultando su riqueza en testaferros o terceros de buena fe. Para el Ministerio Público, la justicia todavía no ha determinado si Mancuso puede seguir gozando de los beneficios de Justicia y Paz, pues hay pruebas de que habría mentido.
Salvatore Mancuso, llegó el pasado 27 de febrero de 2024 a Colombia, luego de casi 16 años preso en Estados Unidos pagando una condena por narcotráfico. Tras su llegada fue llevado a la base militar de CATAM y posteriormente trasladado hasta un pabellón de máxima seguridad de la cárcel la Picota. En este lugar no tendrá contacto con otros presos y será monitoreado constantemente por cámaras. Solo podrá salir de allí ante un requerimiento de salud o judicial, como su caso en la JEP o por sus miles de crímenes como líder de los paramilitares.
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El exjefe narcoparamilitar se encontraba en Estados Unidos desde mayo de 2008, cuando el gobierno de Álvaro Uribe aceptó extraditarlo. En julio de 2023 fue designado como gestor de paz por orden del gobierno de Gustavo Petro, pues se consideró que este podía aportar a la verdad para las víctimas y “lograr la completa paz”, afirmaba el mandatario. De manera previa a esta designación, Mancuso volvió a tocar las puertas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), siendo finalmente aceptado en noviembre del año pasado.
Tal y como quedó claro en la audiencia de este viernes, el exjefe paramilitar está siendo investigado por cientos de hechos violentos mientras comandó grupos de autodefensas en el país. Según la Fiscalía, en los casos que están pendientes por resolver hay acreditadas miles de víctimas de homicidios, despojo, desplazamiento forzado, desaparición y hasta tortura.
El próximo lunes 4 de marzo, la jueza definirá el futuro de Mancuso. Sin embargo, todavía no es claro qué pasará con el resto de procesos que hoy no mencionó ni la Fiscalía ni la defensa del exparamilitar. El implicado tiene, por el momento, tres fallos parciales transicionales en firme, 41,538 hechos radicados entre 2019 y 2021 y aún no terminado de versionar en los diferentes casos en los cuales está implicado. Por otra parte, no tiene órdenes de captura vigentes con la justicia ordinaria.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Un juzgado de ejecución de sentencias de Justicia y Paz inició hoy una serie de audiencias para estudiar la situación jurídica del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso. En la primera diligencia, la juez escuchó la posición de las partes sobre una petición de la defensa del recién deportado, en la que pidieron que su cliente obtenga la libertad para poder cumplir con sus funciones como gestor de paz, asignadas por el gobierno de Gustavo Petro. La diligencia programada para este viernes 1 de marzo continuará el próximo lunes 4 de marzo desde las 2:00 pm.
Durante la audiencia, la fiscal Magaly Álvarez, como vocera de la Fiscalía, expresó que la entidad “no se opone a concederle la libertad a prueba”. Expuso que, tras la revisión de los requisitos necesarios, concluyó que el exjefe paramilitar los cumplía por completo, pues habría realizado aportes de verdad, justicia, reparación y no repetición. Además, explicó que Mancuso ya habría cumplido con las tres sentencias de Justicia y Paz que hay en su contra, en las que fue condenado a ocho años de cárcel, la pena máxima permitida en ese sistema de justicia transicional.
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Sin embargo, por parte de la representación de víctimas, las posturas se mostraron divididas. Algunos expresaron reparos a la posición de la Fiscalía. Según expusieron, aún habría 100 bienes de Mancuso en materia de investigación que no habrían sido entregados por el exjefe paramilitar como parte de su reparación a las víctimas, un requisito del sistema de Justicia y Paz. No obstante, los abogados de víctimas explicaron que Mancuso ha colaborado con los procesos judiciales, sin embargo criticaron que la reparación ha tardado mucho tiempo y, en varios casos, no ha sido suficiente.
Otros representantes de víctimas no se opusieron a que Mancuso quede en libertad, pues ya está vinculado a los procesos y ha mostrado interés en ellos, incluso antes de llegar al país. Eso sí, varios pidieron que el exjefe paramilitar sea vinculado a procesos de búsqueda de personas desaparecidas en el país y la priorización de las víctimas de la masacre de El Salado ocurrida entre el 16 y 22 de febrero de 2002.
La Procuraduría, por su parte, fue enfática en solicitar que se niegue la petición presentada por la defensa del exjefe paramilitar, con la cual se eliminarían sus restricciones de movilidad por el país. El Ministerio Público explicó que este tipo de medidas se toman precisamente para proteger a las víctimas y evitar que los victimarios pueden estar en territorios donde ya han cometido actos violentos porque su presencia allí podría resultar revictimizante, explicó la Procuraduría.
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La entidad también explicó que las decisiones presidenciales, como la de nombrarlo gestor de paz, no pueden ser contrariar a las posturas que ya se han adoptado dentro de los tribunales de Justicia y Paz y no “diluyen los compromisos” que ya tiene el exjefe paramilitar con esta jurisdicción. Esto respecto al argumento de que la restricción de movilidad debían eliminarse por las labores que se esperaba cumpliera Mancuso como gestor de paz, principalmente en los territorios donde tuvo injerencia. Sobre este punto, la Procuraduría expresó que el actuar de los grupos ilegales ya ha sido documentado de manera completa y no requeriría que el implicado se desplace hasta el sitio.
La Procuraduría también criticó la situación de los bienes de Mancuso. Según la entidad, todavía hay investigaciones en recurso que podrían evidenciar que el exjefe paramilitar no cumplió con su deber de reparar a las víctimas, ocultando su riqueza en testaferros o terceros de buena fe. Para el Ministerio Público, la justicia todavía no ha determinado si Mancuso puede seguir gozando de los beneficios de Justicia y Paz, pues hay pruebas de que habría mentido.
Salvatore Mancuso, llegó el pasado 27 de febrero de 2024 a Colombia, luego de casi 16 años preso en Estados Unidos pagando una condena por narcotráfico. Tras su llegada fue llevado a la base militar de CATAM y posteriormente trasladado hasta un pabellón de máxima seguridad de la cárcel la Picota. En este lugar no tendrá contacto con otros presos y será monitoreado constantemente por cámaras. Solo podrá salir de allí ante un requerimiento de salud o judicial, como su caso en la JEP o por sus miles de crímenes como líder de los paramilitares.
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El exjefe narcoparamilitar se encontraba en Estados Unidos desde mayo de 2008, cuando el gobierno de Álvaro Uribe aceptó extraditarlo. En julio de 2023 fue designado como gestor de paz por orden del gobierno de Gustavo Petro, pues se consideró que este podía aportar a la verdad para las víctimas y “lograr la completa paz”, afirmaba el mandatario. De manera previa a esta designación, Mancuso volvió a tocar las puertas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), siendo finalmente aceptado en noviembre del año pasado.
Tal y como quedó claro en la audiencia de este viernes, el exjefe paramilitar está siendo investigado por cientos de hechos violentos mientras comandó grupos de autodefensas en el país. Según la Fiscalía, en los casos que están pendientes por resolver hay acreditadas miles de víctimas de homicidios, despojo, desplazamiento forzado, desaparición y hasta tortura.
El próximo lunes 4 de marzo, la jueza definirá el futuro de Mancuso. Sin embargo, todavía no es claro qué pasará con el resto de procesos que hoy no mencionó ni la Fiscalía ni la defensa del exparamilitar. El implicado tiene, por el momento, tres fallos parciales transicionales en firme, 41,538 hechos radicados entre 2019 y 2021 y aún no terminado de versionar en los diferentes casos en los cuales está implicado. Por otra parte, no tiene órdenes de captura vigentes con la justicia ordinaria.
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