Comisión de la Verdad: La responsabilidad de los Gobiernos en el conflicto

Aunque bastante se ha consignado sobre la responsabilidad del Estado en el marco del conflicto armado, el más reciente informe de la Comisión de la Verdad que consigna más de 800 páginas hizo una relación de lo que fueron los errores que cometieron algunos mandatos en materia de derechos humanos y la intención de aliviar el despojo de los pobladores. El análisis da cuenta de las acciones que se tomaron desde la administración de Alberto Lleras Camargo, en 1945, hasta el expresidente Juan Manuel Santos, en 2016, quien finalmente consiguió un acuerdo con las Farc.

Aunque bastante se ha consignado sobre la responsabilidad del Estado en el marco del conflicto armado, el más reciente informe de la Comisión de la Verdad que consigna más de 800 páginas hizo una relación de lo que fueron los errores que cometieron algunos mandatos en materia de derechos humanos y la intención de aliviar el despojo de los pobladores. El análisis da cuenta de las acciones que se tomaron desde la administración de Alberto Lleras Camargo, en 1945, hasta el expresidente Juan Manuel Santos, en 2016, quien finalmente consiguió un acuerdo con las Farc.

Aunque desde 1945 se abrió una brecha en esa materia, todos los gobiernos, según la Comisión, han caído en el error de promover políticas públicas poco productivas para proteger a los pobladores que se encontraban en riesgo de despojo. Aunque el fin era proteger una agenda productiva en tema económico, las iniciativas que había sobre seguridad humana y agendas de amparo social, terminaban sin una protección real y especial a los derechos humanos.

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Por ejemplo, en la década de los noventa el Gobierno de César Gaviria dio pie a una apertura económica, que vinculaba una fuerza especial a que le daba vida a las privatizaciones y profundizó en el extractivismo, que no es otra cosa que la explotación de recursos naturales. Lo anterior trajo un cambio en el enfoque de la política agraria hacia el mercado de tierras que facilitó la adquisición de estas sin reforzar la protección de los derechos territoriales de las comunidades campesinas y étnicas.

Para el Gobierno de Andrés Pastrana, según la Comisión, se dio continuidad a estas políticas, y el país ingresó al mercado minero para hacerle frente a la crisis económica y financiera. En ese entonces, se promovió la agroindustria de palma, pero a la vez las violaciones de derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) porque se fomentó el desplazamiento forzado que golpeó a más de dos millones de colombianos en solo cinco años.

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Para los 2000, momento en el que llegó la era de Uribe Vélez, desde la Comisión coincidieron en que se tomaron acciones que no buscaban reparación, se fomentó el desplazamiento y no le era restituido el territorio al campesinado. Para esa época, trató de tomar iniciativas frente a la expedición de políticas encargadas de robustecer la confianza inversionista de empresas privadas nacionales y extranjeras, y con ello, llegaron con fuerza los tratados de libre comercio.

A diferencia de Uribe, el mandato de Santos reconoció la existencia de un conflicto armado. Fue así como, mediante la ley de víctimas y restitución de tierras, se visibilizó y reconoció por primera vez a quienes padecieron la violencia. Durante ese proceso se estableció la condición de víctima en lo que denominaron un abanico de medidas para hacer efectivo los derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantías de no repetición.

“Con esta ley nacieron, por un lado, el proceso de restitución de tierras, como parte esencial del derecho a la reparación integral de quienes han sido obligados a despojar o abandonar forzosamente sus tierras; y, por el otro, el Registro Único de Víctimas (RUV), que incluye un registro formal de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado. Esta ley se convirtió en la antesala para la firma del Acuerdo Final de Paz celebrado entre el gobierno de Santos Calderón y las FARC-EP en 2016″, resaltó el documento emitido por la Comisión.

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Si bien la intención de Santos tuvo una serie de iniciativas que pusieron por encima a las víctimas, estas tuvieron algunas limitaciones frente al derecho a la restitución. Entre ellos, la restricción de las víctimas para acceder a las diferentes formas de reparación por hechos cometidos desde el 1 de enero de 1985, pues la norma deja claro que quienes fueron víctimas previo a esa fecha, únicamente, pueden acceder al derecho a la verdad, medidas de reparación simbólica y garantías de no repetición.

“En otros términos, se establece un derecho abstracto a la verdad, negando su dimensión individual, el cual es particularmente relevante en materia de muchas otras violaciones de derechos humanos como la desaparición forzada. Así, en materia de medidas de reparación, a las víctimas de hechos anteriores al 1.o de enero de 1985 solo les queda acudir a los procedimientos judiciales administrativos y penales” dijo la Comisión en su informe.

Otra falencia que consideró la entidad que tuvo el Gobierno de Santos es que la definición de víctimas excluyó a los miembros de los grupos al margen de la ley y a los miembros de la Policía y del Ejército, así como a sus familiares, como víctimas directas quienes también padecieron la violencia.

La responsabilidad de la Fiscalía

La falta de reconocimiento de las víctimas y demás restricciones que pesan sobre las cientos de personas que padecieron el conflicto no son las únicas consecuencias que dejó la guerra. Según el informe de la Comisión, la violencia también vinculó a autoridades judiciales. A su juicio, hubo obstrucción en la justicia, a través de violaciones e infracciones que se realizaron para alinear el sistema judicial a favor de los grupos armados.

“Fue una práctica identificada en algunos casos para desviar el foco de atención sobre las causas de las graves violaciones de derechos humanos, proteger a los máximos responsables manteniéndolos en el anonimato, entorpecer la acción de la justicia y obtener así una impunidad que permitiera conservar los beneficios acumulados en el conflicto”, resaltó la Comisión y añadió que el sistema judicial fue infiltrado para gestionar apoyos que favorecían investigaciones penales.

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La entidad trajo a colación la administración del exfiscal general Luis Camilo Osorio, entre el 2001 y 2005, en el que se presume hubo un vínculo directo con grupos paramilitares. El entramado lo que hacía era favorecer a quienes estaban implicados en crímenes de lesa humanidad. Durante el esclarecimiento de la verdad, la Comisión que lideró el padre Francisco De Roux, halló testimonios que resaltaron el nexo entre el Bloque Centauros de las AUC y el exjefe del búnker.

“La Fiscalía de Luis Camilo Osorio era una Fiscalía nuestra, se lo puedo garantizar y se lo puedo demostrar con hechos y nombres. Chucho Monroy, el asesor del fiscal, era una persona que permanentemente mantenía contacto con nosotros. Yo esto lo conté en el 2005 y le informé en el 2005 a la Fiscalía 20, que después pasó a la Fiscalía 26 de la Unidad de Derechos Humanos, sobre 300.000 dólares que yo personalmente había sido testigo que le había entregado a Chucho Monroy. Por eso la sorpresa mía cuando a mí me captura la Fiscalía de Osorio”, resaltó un exparamilitar.

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El supuesto actuar de Osorio, al parecer, no solo era conocido por los miembros del grupo subversivo, sino también por integrantes del búnker, según lo consignó una exfuncionaria del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI). “El fiscal general Luis Camilo Osorio cuando llegó... bueno, antes de que él llegara, cuando hubo la posesión o el nombramiento ya de él como fiscal, por información de inteligencia y varios contactos que nosotros manejábamos, varias personas nos habían ya dicho que él venía con una misión directa de Carlos Castaño y la misión era torpedear todas las investigaciones que hubiera en contra de los paramilitares”, explicó la delegada del CTI.

Lo que data en la Comisión de la Verdad es que la misión con la que, supuestamente, llegó Osorio se cumplió en el interior del búnker tras algunos encuentros con fiscales de derechos humanos a quienes les recomendó que no debían investigar únicamente conductas relacionadas con el paramilitarismo. Por estos hechos, algunos exfuncionarios del búnker tuvieron la lupa puesta sobre su nombre por revelar información reservada sobre investigaciones contra exparamilitares.

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“El exfiscal Luis Camilo Osorio, por su parte, rechaza la base probatoria sobre la cual la Sala Penal de la Corte Suprema le compulsó copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para la apertura de su investigación, y ha negado sus vínculos con grupos armados ilegales, afirmando que en su condición de fiscal general de la nación persiguió con severidad y eficacia todas las formas de criminalidad”, dice en el informe.

En la era del exfiscal Mario Iguarán las cosas no fueron diferentes, según los relatos que recopiló la Comisión. La administración de este último, de acuerdo con el informe, contó con la supuesta manipulación de testigos. Lo que exponen es que una sola persona sirvió de testigo en 27 expedientes diferentes. Entre otras cosas, sobre el exfiscal reposan comentarios a favor y en contra sobre apoyo económico por parte de las AUC para financiar su elección como fiscal para 2005.

Exnarcotraficantes condenados dan cuenta que Iguarán recibió alrededor de $5.000 millones para llegar al búnker. En el informe reposan nombres como el del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso que ha dicho que fue instruido por el presidente de Fedegan para apoyar la elección de Iguarán. No obstante, Carlos Jiménez, alias Macaco, se alejó de esa hipótesis, y negó conocer ese tipo de información. Así como Osorio, el exfiscal Iguarán rechazó los señalamientos en su contra.

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“Sobre la presunta compra de testigos falsos en casos de parapolítica, Iguarán indicó que durante su Fiscalía nunca se proporcionaron testigos falsos; por el contrario, estos se combatieron a través de su voluntad misional y de la estructura de recursos físicos y humanos de la entidad”, resalta el informe y añade apartes de lo que también fue la persecución que adelantó el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

“De acuerdo con las declaraciones de Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, segundo de José Miguel Arroyave del Bloque Centauros, había funcionarios del DAS en su nómina a los que se referían en la jerga criminal como -primos-, forma común de llamar a funcionarios públicos que trabajaban con esta estructura criminal”, expone el documento que presentó la Comisión en su informe final que condensó millares de testimonios con los que buscan entregar parte de verdad de ese conflicto a las víctimas.

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