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La Comisión Nacional de Disciplina Judicial se abstuvo de abrir investigación contra los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que en marzo pasado excluyó de la justicia transicional al exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, procesado por el homicidio de Pedro Durán Franco, un veedor ciudadano. El caso llegó a la Comisión por cuenta de una queja que interpuso el exmandatario tras la apelación a la decisión que ordenó remitir su expediente a la justicia ordinaria.
En concreto, lo que reprochó Suárez Corzo es que el envío del expediente al Juzgado 15 de Ejecución de Penas violó sus derechos debido a que, a su juicio, primero se debía suspender las actuaciones de procedimiento hasta que no se resolviera el recurso de apelación que interpuso ante la Sala. El proceso cayó en el despacho del magistrado Julio Sampedro, quien consideró que las pretensiones del exmandatario “desborda las atribuciones disciplinarias de la sala”.
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El presidente de la corporación dijo que Suárez Corzo no logró poner en evidencia un análisis que abriera la puerta a que los magistrados del tribunal de paz fuesen investigados. “No encuentra este Cuerpo Colegiado que la conducta desplegada por los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz sea pasible de algún reproche disciplinario si se tiene en cuenta que la decisión de remitir a la justicia ordinaria el asunto de estudio es una consecuencia natural que se deriva de la falta de competencia de la JEP para avocarlo”, señaló la Sala.
Sampedro en su ponencia dijo que, la apelación interpuesta por Suárez continuará su trámite, incluso, aunque el expediente repose nuevamente en manos de la justicia ordinaria. El revés en este proceso se registró tras la negativa del tribunal de paz por conocer sobre lo ocurrido con la muerte de Pedro Durán. Aunque el exmandatario, recibió una respuesta positiva e inicialmente se comprometió a entregar información sobre los directos responsables del homicidio, meses más tarde la JEP consideró que no cumplía con los requisitos para acceder a tal beneficio.
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En el acta de la JEP que, de alguna forma, le dio luz verde para ingresar al tribunal de paz, reposa que Suárez Corzo, quien en el momento de ser elegido como mandatario de los cucuteños obtuvo 127.800 votos y se convirtió en la votación más alta de la historia en ese entonces bajo las toldas del Movimiento Colombia Viva, en su candidatura negoció una especie de apoyo mutuo con los paramilitares que tenían influencia en la región.
“Resultado de ese pacto fue la muerte de Pedro Durán como veedor ciudadano y la ayuda que le brindaron las autodefensas, a cambio del ofrecimiento de puestos en la Alcaldía y de un porcentaje en la contratación”, dijo en ese entonces la justicia transicional que no escatimó en adelantar un proceso en su contra como agente del Estado tercero civil no combatiente, debido a que tuvo injerencia y participó en acciones delictivas violatorias del derecho internacional humanitario en el marco del conflicto armado.
Contexto: Corte Suprema dejó en firme condena de 27 años de prisión contra exalcalde de Cúcuta
Sin embargo, esa intención no quedaría en firme durante bastante tiempo debido a que los magistrados consideraron que el exmandatario no se comprometió a hablar sobre los crímenes de Tirso Vélez y José Agustín Uribe Guatibonza (asesores jurídicos de la Gobernación de Norte de Santander) cuyas investigaciones también lo mencionan. Pero, este no es el único proceso judicial que enloda el nombre de Suárez Corzo. En julio de 2020, quedó en libertad tras purgar 13 años de cárcel por el homicidio de Alfredo Enrique Flórez, otro asesor de la Gobernación, asesinado en octubre de 2003.
En su momento, el homicidio fue atribuido a las AUC por instigación de Suárez Corzo, de acuerdo con los testimonios de varios paramilitares como Carlos Andrés Palencia González, alias Andrés o Visaje, quien dijo que estuvo presente cuando el político le había pedido a alias El Gato que asesinara a Flórez. Por este hecho, el exalcalde fue condenado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia a 27 años y si bien la determinación también cobijó que tendría inhabilidad por 20 años para ejercer en cargos públicos, en 2014, el exprocurador general, Alejandro Ordóñez, solicitó al Inpec que investigara una denuncia sobre supuestos beneficios que estarían permitiendo que el exalcalde participara en política desde la Cárcel La Picota de Bogotá.
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