Comisionado de Paz denunció que detenido pagó $120 millones por favores judiciales
Según el comisionado Danilo Rueda, los acercamientos lo han hecho un grupo de abogados con el fin de otorgar una serie de beneficios a los privados de la libertad.
El comisionado de paz, Danilo Rueda, presentó desde el pasado 3 de febrero una denuncia ante la Fiscalía en la que señala la presunta participación de un grupo de abogados que ofrecen beneficios penales y el ingreso de delincuentes al proceso de paz total y sometimiento a cambio de cuantiosas sumas de dinero. Esta no es la primera vez que el funcionario del Gobierno Petro presenta esa situación de manera pública. Los delitos que denunció, en este caso, son falsedad, enriquecimiento ilícito de particulares y estafa agravada.
En el documento de cinco páginas, el comisionado denunció que tiene conocimiento de que un abogado habría solicitado a un detenido la suma de $120 millones con el fin de conseguir un traslado desde una URI hacia un centro penitenciario. “También hemos conocido, a través de los medios de comunicación, que se estarían realizando estos cobros con el fin de obtener la designación como gestores de paz, para lo cual presuntamente adelantarían gestiones ante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz”, resaltó el funcionario del Gobierno.
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Para Rueda, también es necesario poner en conocimiento de la Fiscalía una serie de versiones que han escuchado sobre que, la Unidad Investigativa del INPEC, podría contar con elementos indiciarios sobre las situaciones irregulares conocidas. “A mi juicio, los indicios existentes y ejecutados por profesionales del derecho, se pueden calificar como conductas punibles, pues se adecúan a los tipos penales de falsedad personal, estafa agravada y de enriquecimiento ilícito de particulares”.
De acuerdo con Rueda, existe una inducción en error por parte de personas inescrupulosas a personas privadas de la libertad con el fin de ofrecer un beneficio inexistente jurídicamente respecto de gestores de paz y garantía de no extradición obteniendo un provecho económico. El funcionario dijo que para materializar esa conducta las personas que las ejecutan, simulan relaciones y gestiones inexistentes con la oficina de paz, con el fin de incidir en el proceso de paz y el sometimiento de estructuras armadas.
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En el documento, Rueda anunció que, a través de esa conducta, quienes la ejecutan obtienen un incremento patrimonial no justificado. Situación que debe ser analizada por el ente acusador. La denuncia del funcionario reiteró que, desde la oficina que preside, ha adelantado la labor de acercamiento en cárceles desde el pasado 7 de agosto con la intención de tener acercamientos con personas privadas de la libertad y o grupos armados interesados en hacer parte de espacios de conversación sobre los contenidos y propósitos de la paz total.
Rueda aseguró que cada uno de los encuentros han sido acompañados por testigos nacionales e internacionales. “En todas las reuniones se han precisado los alcances institucionales de la Oficina de Paz, y se han advertido cuales son las normas existentes y aplicables en la actualidad en relación con organizaciones de crimen de alto impacto, incluyendo la normatividad vigente sobre el tema de la extradición, así como las competencias de los órganos judiciales”, explicó en la denuncia.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
El comisionado de paz, Danilo Rueda, presentó desde el pasado 3 de febrero una denuncia ante la Fiscalía en la que señala la presunta participación de un grupo de abogados que ofrecen beneficios penales y el ingreso de delincuentes al proceso de paz total y sometimiento a cambio de cuantiosas sumas de dinero. Esta no es la primera vez que el funcionario del Gobierno Petro presenta esa situación de manera pública. Los delitos que denunció, en este caso, son falsedad, enriquecimiento ilícito de particulares y estafa agravada.
En el documento de cinco páginas, el comisionado denunció que tiene conocimiento de que un abogado habría solicitado a un detenido la suma de $120 millones con el fin de conseguir un traslado desde una URI hacia un centro penitenciario. “También hemos conocido, a través de los medios de comunicación, que se estarían realizando estos cobros con el fin de obtener la designación como gestores de paz, para lo cual presuntamente adelantarían gestiones ante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz”, resaltó el funcionario del Gobierno.
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Para Rueda, también es necesario poner en conocimiento de la Fiscalía una serie de versiones que han escuchado sobre que, la Unidad Investigativa del INPEC, podría contar con elementos indiciarios sobre las situaciones irregulares conocidas. “A mi juicio, los indicios existentes y ejecutados por profesionales del derecho, se pueden calificar como conductas punibles, pues se adecúan a los tipos penales de falsedad personal, estafa agravada y de enriquecimiento ilícito de particulares”.
De acuerdo con Rueda, existe una inducción en error por parte de personas inescrupulosas a personas privadas de la libertad con el fin de ofrecer un beneficio inexistente jurídicamente respecto de gestores de paz y garantía de no extradición obteniendo un provecho económico. El funcionario dijo que para materializar esa conducta las personas que las ejecutan, simulan relaciones y gestiones inexistentes con la oficina de paz, con el fin de incidir en el proceso de paz y el sometimiento de estructuras armadas.
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En el documento, Rueda anunció que, a través de esa conducta, quienes la ejecutan obtienen un incremento patrimonial no justificado. Situación que debe ser analizada por el ente acusador. La denuncia del funcionario reiteró que, desde la oficina que preside, ha adelantado la labor de acercamiento en cárceles desde el pasado 7 de agosto con la intención de tener acercamientos con personas privadas de la libertad y o grupos armados interesados en hacer parte de espacios de conversación sobre los contenidos y propósitos de la paz total.
Rueda aseguró que cada uno de los encuentros han sido acompañados por testigos nacionales e internacionales. “En todas las reuniones se han precisado los alcances institucionales de la Oficina de Paz, y se han advertido cuales son las normas existentes y aplicables en la actualidad en relación con organizaciones de crimen de alto impacto, incluyendo la normatividad vigente sobre el tema de la extradición, así como las competencias de los órganos judiciales”, explicó en la denuncia.
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