Comisionado de Paz hizo un llamado para que se detenga el uso de minas antipersona

El Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda hizo un llamado para que, de manera inmediata, los grupos armados detengan el uso de minas antipersona. En 2023, se han registrado 19 víctimas desde tipo de artefactos, entre ellos: dos menores, una mujer y siete miembros de la fuerza pública. A través de un comunicado, la oficina indicó que “este tipo de arma irregular está proscrita por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y afecta sin distinción a civiles y combatientes”.

El uso y la instalación de minas antipersona generan confinamientos, desplazamientos y consecuencias humanitarias graves como hambre, desempleo y deserción escolar, afirmó el comunicado y que, desde la oficina del Alto Comisionado para la Paz, seguirán desarrollando todas las acciones posibles de prevención. “Y si los actores armados se disponen, a partir de las treguas que logremos en algunos departamentos, iniciaremos desminados humanitarios”, añadió.

(Le puede interesar: Sábado violento tras dos masacres y la muerte de un indígena por mina antipersonal)

Según la misma comunicación, los departamentos de Chocó, Putumayo, Nariño y Bolívar han sido los más afectados por el uso de minas antipersonales en 2023. En Nariño, por ejemplo, el 28 de enero pasado, en el resguardo indígena El Gran Sábalo, zona rural de Tumaco, murió Berna Nastacúas Pai, líder indígena y miembro de la Guardia Indígena a causa de una mina antipersonal cuando iba camino a su casa.

Indígenas como los Awá han denunciado los riesgos para la vida y la integridad que se producen con la amenaza de estos artefactos. Por lo regular, son zonas donde hay presencia de varios grupos armados ilegales como disidencias de las Farc y el ELN. Asimismo, suelen ser lugares donde no ha sido posible la ejecución del proyecto de desminado humanitario que tomó fuerza después del Acuerdo de Paz. Sitios donde el conflicto se mantiene debido a la dominación de estos grupos armados.

Aunque Antioquia no está dentro de los departamentos más afectados por el minado, miembros de pueblos indígenas han sido desplazados de manera forzada hasta Medellín por el conflicto armado e, incluso, la presencia de las minas antipersona. El 22 de febrero, un grupo de indígenas del pueblo Embera protestaron dentro de las instalaciones de la Alcaldía de Medellín, de ahí que las condiciones de vulnerabilidad a las que han sido sometidos volvieron a hacerse visibles y una de estas es el desplazamiento a causa de las minas.

Sobre esto, la secretaria (e) de Paz y No Violencia, Luz Correa, señaló para Radio Nacional de Colombia que “el mayor problema de derechos humanos en los territorios indígenas tiene que ver con el tema de minas, la presencia de actores armados y los posibles uso, utilización y reclutamiento de indígenas”, refiriéndose también a las comunidades indígenas del Chocó que son desplazadas hasta la capital antioqueña.

Desde el Gobierno continúan generando acciones para establecer condiciones de seguridad en el avance del desminado humanitario. “Es urgente, en perentorio dar garantías para la vida de los pobladores”, dijo Danilo Rueda, el comisionado de paz, al respecto.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

El Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda hizo un llamado para que, de manera inmediata, los grupos armados detengan el uso de minas antipersona. En 2023, se han registrado 19 víctimas desde tipo de artefactos, entre ellos: dos menores, una mujer y siete miembros de la fuerza pública. A través de un comunicado, la oficina indicó que “este tipo de arma irregular está proscrita por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y afecta sin distinción a civiles y combatientes”.

El uso y la instalación de minas antipersona generan confinamientos, desplazamientos y consecuencias humanitarias graves como hambre, desempleo y deserción escolar, afirmó el comunicado y que, desde la oficina del Alto Comisionado para la Paz, seguirán desarrollando todas las acciones posibles de prevención. “Y si los actores armados se disponen, a partir de las treguas que logremos en algunos departamentos, iniciaremos desminados humanitarios”, añadió.

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Según la misma comunicación, los departamentos de Chocó, Putumayo, Nariño y Bolívar han sido los más afectados por el uso de minas antipersonales en 2023. En Nariño, por ejemplo, el 28 de enero pasado, en el resguardo indígena El Gran Sábalo, zona rural de Tumaco, murió Berna Nastacúas Pai, líder indígena y miembro de la Guardia Indígena a causa de una mina antipersonal cuando iba camino a su casa.

Indígenas como los Awá han denunciado los riesgos para la vida y la integridad que se producen con la amenaza de estos artefactos. Por lo regular, son zonas donde hay presencia de varios grupos armados ilegales como disidencias de las Farc y el ELN. Asimismo, suelen ser lugares donde no ha sido posible la ejecución del proyecto de desminado humanitario que tomó fuerza después del Acuerdo de Paz. Sitios donde el conflicto se mantiene debido a la dominación de estos grupos armados.

Aunque Antioquia no está dentro de los departamentos más afectados por el minado, miembros de pueblos indígenas han sido desplazados de manera forzada hasta Medellín por el conflicto armado e, incluso, la presencia de las minas antipersona. El 22 de febrero, un grupo de indígenas del pueblo Embera protestaron dentro de las instalaciones de la Alcaldía de Medellín, de ahí que las condiciones de vulnerabilidad a las que han sido sometidos volvieron a hacerse visibles y una de estas es el desplazamiento a causa de las minas.

Sobre esto, la secretaria (e) de Paz y No Violencia, Luz Correa, señaló para Radio Nacional de Colombia que “el mayor problema de derechos humanos en los territorios indígenas tiene que ver con el tema de minas, la presencia de actores armados y los posibles uso, utilización y reclutamiento de indígenas”, refiriéndose también a las comunidades indígenas del Chocó que son desplazadas hasta la capital antioqueña.

Desde el Gobierno continúan generando acciones para establecer condiciones de seguridad en el avance del desminado humanitario. “Es urgente, en perentorio dar garantías para la vida de los pobladores”, dijo Danilo Rueda, el comisionado de paz, al respecto.

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