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La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá le pidió a la Fiscalía General que "investigue lo relacionado con las citas consignadas en este fallo que presuntamente implican a empleados de la empresa Postobón" con los paramilitares quee delinquían en el Cesar en los década de los 90.
La decisión se desprende de las declaraciones hechas por el exjefe de finanzas del Frente Héctor Julio Peinado Becerra, Armando Madriaga Picón, y otro desmovilizado de la estructura paramilitar que aseguraron que recibían la financiación de la empresa productora de gaseosas en Colombia.
En las versiones libres rendidas coincidieron en afirmar que la empresa les pagaba sumas de dinero a las AUC. Dichos recursos eran utilizados, principalmente, para la manutención de los miembros de la organización y alimentación de los integrantes de las estructuras.
El frente, que estaba conformado por 251 personas, recibía anualmente cerca de 595 millones de pesos. En su declaración, Madriaga Pinto aseguró que existía una presión para que los comerciantes vendieran productos de la citada empresa. Por esto se recibía una comisión de la empresa.
“Una cuota era voluntaria y otras obligatorias, el negocio que no colaboraba se le mandaba a cerrar”, precisó. El exjefe de finanzas del Frente reveló que cada mes les entregaban 15 cajas de gaseosa, las cuales eran trasladadas a un depósito al que se dirigían los comerciantes de la región para abastecer sus negocios.
Debido a esto la Sala tomó la determinación de solicitar una investigación para establecer la veracidad de las declaraciones hechas, además de establecer si se han adelantados pesquisas frente a los señalamientos hechos contra el frente de la empresa entre los años de 1999 al 2000.
“Esta Sala debe exhortar a la Fiscalía, para que informe a la autoridad de vigilancia si se han adelantado investigaciones para corroborar la participación de la empresa Postobón en la financiación y del gerente de la época. Lo anterior para evidenciar si el aporte fue voluntario u obligatorio, si fue voluntario es necesario conocer el estado de las investigaciones judiciales adelantadas por ocasión de este suceso”, reseña el fallo.
Esto con el fin de establecer si el aporte fue voluntario, “caso en el cual se vinculará a la Unidad de Víctimas de Reparación Integral de Víctimas para que se vincule a la empresa en mención al modelo de reparación que contempla la Ley 1448 de 2011. Art 177”. Esta decisión se desprende de la condena contra el exjefe paramilitar Javier Antonio Quintero Coronel, alias ‘Barranquilla’.
Vínculos con las Fuerzas Militares
Basándose en los testimonios recolectados durante las indagaciones y el proceso al Sala además compulsó copias para investigar a los integrantes del Batallón de Santander B2 por su presunta relación con dichas estructuras paramilitares. Estas alianzas fueron documentadas por varios desmovilizados que aseguraron que se confabularon para adelantar actividades ilegales.
Según las narraciones los militares se juntaron con los ‘paras’ para secuestrar y asesinar a campesinos de la región que fueron presentados oficialmente como guerrilleros abatidos en combate. Esta trágica alianza buscaba presentar resultados operaciones en el sur del departamento en la lucha contra los grupos subversivos que allí delinquían y así obtener beneficios.
Cerca de 30 policías y militares hacían parte de una nómina paralela de los paramilitares en la región, los cuales fueron señalados de colaborar con diferentes actividades ilegales entre las que se encuentran homicidios selectivos, secuestros, retenciones ilegales, pago de extorsiones, entre muchos otros durante la década de los noventa.
La Fiscalía General le documentó al frente Héctor Julio Peinado Becerra de las AUC 42 hechos delictivos, entre los que se encuentran asesinatos, desplazamientos forzados y masacres, que dejaron un total de 53 víctimas directas.