Comunidades afrodescendientes llegan a la CIDH por invisibilidad en el país

Las posibles malas cuentas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) llevaron a que alrededor de cinco organizaciones afrodescendientes sentaran un precedente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este miércoles expondrán su inconformismo sobre los errores que se presentaron en el Censo que se realizó en el 2018, en el que se registró una disminución en la población en más del 30%. Es decir, pasaron de estar en 4.311.757 de habitantes en 2005, a 2.982.224, en 2018.

Las posibles malas cuentas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) llevaron a que alrededor de cinco organizaciones afrodescendientes sentaran un precedente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este miércoles expondrán su inconformismo sobre los errores que se presentaron en el Censo que se realizó en el 2018, en el que se registró una disminución en la población en más del 30%. Es decir, pasaron de estar en 4.311.757 de habitantes en 2005, a 2.982.224, en 2018.

“Esta alarmante disminución de la población afrodescendiente en los registros oficiales que determinan las decisiones que garantizan la atención de los derechos humanos para reducir las desigualdades, representa, además, una amenaza fehaciente a nuestros derechos económicos, sociales y culturales; al derecho a la información, la diversidad étnica y cultural, y al derecho a la igualdad y no discriminación”, explicaron las organizaciones.

A juicio de las comunidades, el error estadístico pone en evidencia el incumplimiento del Estado sobre proteger a los grupos étnicos que han sido históricamente discriminados. Además, pone en tela de juicio la transparencia de la información encargada de sistematizar, analizar y evaluar el desarrollo de dichas sociedades. Recordaron que, con esa falencia, estarían incumpliendo el Sistema Interamericano de Derechos.

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ILEX Acción Jurídica, La Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA), la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), la Asociación Colombiana de Economistas Negras, Mano Cambiada, el Proceso de Comunidades Negras (PCN) y la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, son las organizaciones que estarán este miércoles ante la CIDH y explicarán las implicaciones que un mal censo tiene sobre cada una de sus comunidades.

“Expondremos las deficiencias del Estado al adoptar medidas que realmente puedan resarcir los daños que se derivaron por la invisibilización estadística y la desprotección a la que se ha sometido esta población, especialmente en un contexto como el de la pandemia, en el que tener datos actualizados y desagregados resulta indispensable para poder medir impactos diferenciales que ha tenido la emergencia sanitaria de la COVID-19″, explicaron a través de un documento de 15 páginas que remitieron al órgano internacional.

Aunque las comunidades ya internacionalizaron el proceso, el expediente tiene un episodio en la Corte Constitucional que reposa en el despacho de la magistrada Diana Fajardo, y que aún no ha sido resuelto. Se trata de una acción de tutela que presentaron en noviembre de 2020. En primera instancia, el Juzgado Administrativo 21 de Bogotá no amparó las pretensiones de las comunidades.

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Básicamente, en el documento pusieron de presente que la puja empezó en 2018 cuando bajo el Plan Nacional de Desarrollo se expide la Ley 1753 de 2015 que, en su momento, fue catalogada como “Todos por un nuevo país”. El censo que llegó para las comunidades negras no solo tarde, con tres años de retraso, sino también con fallas en sus cuentas, trajo consigo serios problemas, pues sin tener las estadísticas actualizadas se fomentó irregularidades en el cumplimiento de deberes que tiene el Estado con esas poblaciones.

“Se alega que el censo adoleció de falencias que afectaron los datos obtenidos, tales como las categorías de identificación y el grado de capacitación de los encuestadores. Se ha hecho referencia específica a la exclusión de denominaciones como moreno, con las cuales se auto identifican sectores de la población afrocolombiana que prefieren no identificarse con el término “negro”, por su connotación histórica negativa”, reposa en el documento.

Para las comunidades, las falencias que se registraron por parte del DANE obedecen al incumplimiento de un compromiso que se adquirió sobre facilitar campañas de información acerca del cuestionario del censo. Asimismo, con el fin de lograr la ejecución de este, la pregunta étnico-racial fue omitida con frecuencia y, de acuerdo con testimonios, algunos encuestadores habrían respondido a la pregunta con base en su propia percepción de la identidad étnico-racial del encuestado. A juicio de las organizaciones, esos hechos fomentaron aún más la invisibilidad de sus pueblos.

Los impactos de la invisibilidad

La Corte Constitucional ha dicho, en reiteradas ocasiones, que “los censos son una labor fundamental para los estados modernos. Permiten recoger información básica sobre la composición demográfica, económica y cultural de un país, para luego diseñar, a partir de estos datos, políticas públicas idóneas”, reseñó el alto tribunal y añadió que la información estadística se ha convertido, pese a sus limitaciones, en un aliado del discurso de los derechos humanos ya que permite evaluar avances y retrocesos en el cumplimiento de las obligaciones del Estado.

No obstante, “actualmente las organizaciones y ciudadanos afrodescendientes individualmente considerados no tienen un panorama de seguimiento sobre lo que realmente se ha ejecutado en estos últimos años, que como ya hemos reiterado se ha caracterizado por la toma urgente de decisiones diferenciales, especialmente cuando la situación de los derechos de la población se ha visto vulnerada, sin tener un panorama real de lo que esto implica”, dijeron.

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Explicaron que, por ejemplo, los niveles de pobreza de la población afrodescendiente resultan alarmantes puesto que el 37% de esta se encuentra en tal condición. Asimismo, el 62% de la población afrodescendiente consideraba para el 2020 que su situación económica era peor que en los 12 meses anteriores, mientras que esta percepción para la población sin pertenencia etnico-racial era del 59,6%. Así las cosas, lo que avizora este panorama, a juicio de las comunidades, es una latente desigualdad.

“El Estado falla en diseñar un plan que permita la satisfacción real y efectiva del derecho a la información para tener datos rigurosos, estandarizados, completos, actualizados y debidamente desagregados en un periodo razonable de tiempo, teniendo en cuenta que esta situación no ha encontrado la atención debida desde que se publicaron sus resultados en el año 2019″, dijeron la comunidades y añadieron que se han obviado los canales de información con los que se implementan recomendaciones en materia de derechos humanos.

Así las cosas, lo que buscan las organizaciones es poner en evidencia, este miércoles, que la población afrodescendiente ha tenido una lucha histórica por ingresar a los datos oficiales sin tener mayor éxito, por lo que ven como una flagrante vulneración que esa invisibilidad anule la identidad de su población. Por ahora, aunque existe un expediente pendiente en la Corte Constitucional, el órgano internacional también tendrá la posibilidad de intervenir si así lo considera pertinente.

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