Con acción popular, Procuraduría busca frenar contratación a dedo en hospitales

Este martes, el procurador Fernando Carrillo, y el viceprocurador, Juan Carlos Cortés, anunciaron una medida jurídica con la que buscan frenar el desangre que sufre el sistema de salud. Según sus cifras, en el primer semestre de 2019 los 933 hospitales de la red pública del país tuvieron ingresos por $6.5 billones de pesos y gastos por $9 billones, lo que les genera un déficit de cerca de $2.5 billones de pesos. Una de las razones que ha generado este hueco, dicen las cabezas del Ministerio Público, es la contratación, en la que han encontrado varias irregularidades que ahora quieren frenar con una demanda.

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Tras identificar que cerca del 90% de los contratos de los hospitales el año pasado se adjudicaron de manera directa o a través de licitaciones con un único oferente, la Procuraduría presentó una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para hacer más estrictos estos trámites. La acción, dijo el viceprocurador Cortés, la interpusieron en defensa de la moralidad administrativa, el acceso al servicio de salud en condiciones de eficiencia y oportunidad y en garantía de los recursos del sistema de salud.

Cortés explicó que con una norma en concreto —la resolución 5185 de 2013— “se flexibilizaron las condiciones de contratación de las Empresas Sociales del Estado y eso ha hecho que el 90% de los contratos celebrados son a dedo, porque obedecen a contratación directa o a invitaciones a las cuales solo concurre un oferente”. Y agregó que, tras 23 visitas preventivas a diferentes hospitales del país encontraron irregularidades, como que cada entidad maneja un manual de contratación diferente “lo que genera un riesgo en la ejecución de recursos públicos”.

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La Procuraduría encontró en los hospitales, por ejemplo: sobrecostos en medicamentos que, en algunos casos, alcanzaban el 3.000%; diferencias en la adquisición de equipos de entre el 55% y el 165%, por encima de los precios del mercado; entre otras cosas. Todo esto, dijo el Ministerio Público, se remonta a que la norma que buscan tumbar flexibilizó los requisitos de participación en licitaciones del sector salud, lo que terminó abriendo la puerta para el desvío de los recursos públicos.

Por eso, señaló Cortés, “estamos pidiendo a través de la acción popular al gobierno nacional y al Ministerio de Salud, que procedan a derogar la resolución y expidan la reglamentación que incorpore los principios de la contratación pública, para garantizar la selección objetiva, la transparencia y la escogencia de los mejores proponentes en condiciones de equilibrio, para evitar la contratación a dedo y el descalabro de las ESE”. Es decir, además de tumbar la resolución, quieren que se le ordene al Gobierno establecer normativas de contratación estrictas que protejan los recursos públicos y garanticen la mejor prestación del servicio.

Este martes, el procurador Fernando Carrillo, y el viceprocurador, Juan Carlos Cortés, anunciaron una medida jurídica con la que buscan frenar el desangre que sufre el sistema de salud. Según sus cifras, en el primer semestre de 2019 los 933 hospitales de la red pública del país tuvieron ingresos por $6.5 billones de pesos y gastos por $9 billones, lo que les genera un déficit de cerca de $2.5 billones de pesos. Una de las razones que ha generado este hueco, dicen las cabezas del Ministerio Público, es la contratación, en la que han encontrado varias irregularidades que ahora quieren frenar con una demanda.

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Tras identificar que cerca del 90% de los contratos de los hospitales el año pasado se adjudicaron de manera directa o a través de licitaciones con un único oferente, la Procuraduría presentó una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para hacer más estrictos estos trámites. La acción, dijo el viceprocurador Cortés, la interpusieron en defensa de la moralidad administrativa, el acceso al servicio de salud en condiciones de eficiencia y oportunidad y en garantía de los recursos del sistema de salud.

Cortés explicó que con una norma en concreto —la resolución 5185 de 2013— “se flexibilizaron las condiciones de contratación de las Empresas Sociales del Estado y eso ha hecho que el 90% de los contratos celebrados son a dedo, porque obedecen a contratación directa o a invitaciones a las cuales solo concurre un oferente”. Y agregó que, tras 23 visitas preventivas a diferentes hospitales del país encontraron irregularidades, como que cada entidad maneja un manual de contratación diferente “lo que genera un riesgo en la ejecución de recursos públicos”.

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La Procuraduría encontró en los hospitales, por ejemplo: sobrecostos en medicamentos que, en algunos casos, alcanzaban el 3.000%; diferencias en la adquisición de equipos de entre el 55% y el 165%, por encima de los precios del mercado; entre otras cosas. Todo esto, dijo el Ministerio Público, se remonta a que la norma que buscan tumbar flexibilizó los requisitos de participación en licitaciones del sector salud, lo que terminó abriendo la puerta para el desvío de los recursos públicos.

Por eso, señaló Cortés, “estamos pidiendo a través de la acción popular al gobierno nacional y al Ministerio de Salud, que procedan a derogar la resolución y expidan la reglamentación que incorpore los principios de la contratación pública, para garantizar la selección objetiva, la transparencia y la escogencia de los mejores proponentes en condiciones de equilibrio, para evitar la contratación a dedo y el descalabro de las ESE”. Es decir, además de tumbar la resolución, quieren que se le ordene al Gobierno establecer normativas de contratación estrictas que protejan los recursos públicos y garanticen la mejor prestación del servicio.