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Después de meses de intentos, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por fin, pudo escuchar en diligencia a Dairo Antonio Úsuga David, más conocido como Otoniel. Lo logró después de que él mismo, magistrados y la Comisión de la Verdad denunciaran que la Policía no le estaba brindando las garantías que exige la ley para que el capo hablara de lo que conoce de la guerra. La audiencia se llevó a cabo con éxito este miércoles 23 de marzo en los calabozos de la Dijín en Bogotá, en donde permanece recluido quien fuera el jefe del Clan del Golfo desde su captura en octubre del año pasado.
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Aunque la JEP, las víctimas y a Procuraduría por fin lograron escuchar a Otoniel, no fue una audiencia común y corriente. Previendo que, de nuevo, agentes de la Policía podrían entorpecer la reunión, como ya lo habían hecho a través de gestos como quitarles los esferos a los comisionados, o apretándole las esposas más de la cuenta al capo, o simplemente con su presencia dentro de la sala de reuniones (algo que no permite la ley porque rompe la confidencialidad del testimonio), la JEP ideó un plan para esquivar esos obstáculos.
A la Dijín llegaron hoy con computadores y audífonos. Entraron, como lo había hecho en el pasado, y se reunieron en la sala que ya conocían. Pero, en lugar de instalar la audiencia en ese mismo lugar, todos, incluyendo Otoniel, se conectaron a una reunión virtual que ya tenían lista los funcionarios de la jurisdicción especial. Los únicos que no entraron, como siempre, fueron los representantes de víctimas, que se conectaron de manera remota, precisamente para proteger la confidencialidad de sus intervenciones.
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Con la audiencia instalada, Otoniel empezó a contestar las preguntas del magistrado Óscar Parra y su equipo, pero también de las otras partes. Su testimonio se logró en el marco del caso 03 que adelanta la JEP sobre ejecuciones extrajudiciales. Por eso, insistieron fuentes cercanas el proceso, resultó tan importante contar con la reserva de las víctimas de una audiencia en la que, como había pasado en ocasiones anteriores, la presencia de agentes de la fuerza pública no ha sido justificada.
De hecho, por ese tipo de situaciones con uniformados, la JEP decretó medidas cautelares a las declaraciones de Otoniel y ya le ha pedido explicaciones al director de la Dijín, el general Fernando Murillo, para justificar la presencia de esos agentes que, al parecer, ni siquiera están activos. La importancia de que la JEP, por fin, haya logrado escuchar el testimonio del capo es crucial para que su versión de la guerra pueda ser utilizada como prueba dentro de las investigaciones que adelanta la JEP.
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Aunque es cierto que Otoniel ya había hablado con representantes de víctimas a través de videollamada, esta es la primera vez que lo hace bajo la gravedad del juramento y con la aclaración de los magistrados de que su testimonio puede ser empleado como prueba. El detalle, procedimental ante todo, no es menor, pues el mismo Úsuga ya le dijo a la JEP que está dispuesto a hablar de todo lo que sabe de su larga vida en grupos armados ilegales, incluyendo las relaciones entre la fuerza pública y grupos paramilitares.
Justamente, sobre esos vínculos, Otoniel explicó en su acta de reconocimiento, publicada por este diario, que sabe detalles de cómo fue que el general (r) Leonardo Barrero Gordillo, se habría concertado con hombres armados para perpetrar ejecuciones extrajudiciales. El oficial en retiro está hoy bajo la lupa de las autoridades por cuenta de una investigación de la Fiscalía que develó cómo un grupo de uniformados, en retiro y activos, habrían ayudado al grupo de alias Matamba (el capo que se voló de La Picota el pasado viernes) para sus operaciones de narcotráfico.
Según las pesquisas, Barrero sería parte de ese entramado criminal que le costó la recaptura al coronel (r) Róbinson Gónzález del Río. Además de asegurar que conoce las andanzas ilegales del general Barrero, Otoniel también le advirtió a la JEP que está dispuesto a contar todo lo que sabe sobre relaciones similares de grupos armados con agentes del DAS. Según fuentes cercanas a la JEP, Úsuga dio detalles hoy de esos vínculos y, por fin, quedaron registrados bajo la gravedad del juramento y en los archivos del expediente de falsos positivos.
Según el cronograma de la JEP, el próximo 29 de marzo, las audiencias juramentadas continuarán para hablar de un tema puntual: las ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron en el departamento del Meta y la región de Dabeiba y el papel de terceros y de la fuerza pública en estos casos.
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