La sanción ambiental llegó porque no contaban con la modificación que advertía los cambios que se hicieron a Hidroituango durante 2018 con la nueva construcción del túnel que se generó por cuenta de un taponamiento que dejó grandes daños en la infraestructura.
Foto: cortesía EPM
En la Sección Primera del Consejo de Estado reposa una demanda radicada por Empresas Públicas de Medellín (EPM) que busca tumbar una sanción de más de $5.000 millones que le adjudicó la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) por haber iniciado la construcción de la Galería Auxiliar de Desviación del proyecto Hidroituango sin haber tramitado y obtenido la modificación de la licencia ambiental.