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La Corte Constitucional admitió una demanda con la que una organización le pide despenalizar el suicidio médicamente asistido (SMA), que hasta hoy sigue siendo un delito en el país. Los accionantes dicen que legalizar esta práctica sería un paso más al derecho a morir dignamente que tuvo un significativo avance en julio de este año, cuando el alto tribunal disminuyó los requisitos para acceder a la eutanasia.
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En la demanda, presentada por el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLab), los representantes de este grupo pidieron a la Corte que el suicidio médicamente asistido sea mecanismo constitucionalmente permitido para garantizar el derecho fundamental a morir dignamente. Así mismo, le solicitaron al alto tribunal que se pueda acceder a esta práctica sin riesgo de ser castigados con las penas que están vigentes en este momento (16 a 36 meses de prisión).
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Camila Jaramillo, una de las firmantes de la demanda, le manifestó a El Espectador que “queremos que la Corte diga que es inconstitucional castigar a los profesionales de la medicina que prestan una ayuda para que la persona cause su propia muerte. No tiene sentido que en el ordenamiento jurídico sea legal causar la muerte (eutanasia) pero no prestar la ayuda (SMA)”.
Así mismo, dijo Jaramillo, piden que se pueda acceder bajo tres requisitos: cuando una persona entregue el consentimiento, cuando tenga una lesión corporal o enfermedad grave e incurable o cuando la condición le genere dolores incompatibles con su idea de dignidad. En alguno de esos tres escenarios, un profesional de la medicina podría prestarle ayuda a ese paciente para causar su propia muerte.
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Por otra parte, Lucas Correa, miembro de DescLab y también firmante de la demanda, le manifestó a este diario que, “estamos seguros de que la Corte, cómo lo ha hecho durante los últimos 25 años, seguirá ampliando y profundizando el derecho a morir dignamente”. Para Correa, de no despenalizarse el SMA, “significaría un retroceso para los derechos fundamentales de los colombianos, no solo de derecho a morir dignamente, sino también de la vida digna, el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía”.
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Dentro de las aspiraciones de la organización en la demanda está que el Congreso legisle sobre derecho fundamental a morir dignamente, que el Ministerio de Salud y Protección Social reglamente en un plazo de tres meses el acceso al SMA y que se garantice la participación ciudadana y de organizaciones sociales en la reglamentación para el acceso a esta práctica.