Con informe, Colombia le pide a la CPI que archive la investigación en su contra

La eventual decisión que pueda tomar la Corte Penal Internacional (CPI) respecto de las graves violaciones de derechos humanos en Colombia es crucial para el país. Aunque no existe un plazo exacto de cuándo se puede conocer una determinación de fondo, la visita al país del nuevo fiscal de esa entidad, Karim Khan, encendió la expectativa. Mientras el funcionario cumple con sus visitas oficiales con representantes de la rama judicial y agentes diplomáticos, se conoció un documento que presentó el Estado ante la Corte.

Lo hizo el pasado 26 de septiembre, antes de la visita que por estos días está haciendo Khan. Según Blu Radio, el informe le pide a la CPI que archive todo el caso que hay de Colombia en la Corte desde 2004 por graves violaciones de derechos humanos. Según el Estado, “el caso colombiano debe ser analizado bajo su propio contexto y diferente al de otro Estado”, entre otras cosas, porque se trata de “la democracia más antigua del continente”. Además, dice el documento, porque se han creado diferentes “mecanismos propios para lograr la paz tras 50 años de conflicto”.

(En contexto: El fiscal de la CPI visitará Colombia mientras evalúa a dónde va el caso)

El documento cuenta con tres partes divididas, en parte, para llevar el sustento histórico de lo que ha sucedido en materia de guerra. Así, la primera es un recuento histórico de cómo Colombia se adhirió al Estatuto de Roma y la segunda, una creación de mecanismos de justicia transicional para investigar delitos que son competencia de la CPI (como Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-). La tercera parte trata de los avances en las investigaciones que son de interés de la Corte, especialmente en el capítulo de ejecuciones extrajudiciales.

Según las cifras que le entregó Colombia a la CPI, 76 mil miembros de grupos armados se han desmovilizado y entregado sus armas entre 2001 y 2021, en el marco de la ley de Justicia y Paz, y se han emitido 66 sentencias, 560 condenados y 10 mil hechos han sido juzgados. Además, dice, se han acreditado 22 mil víctimas y las indemnizaciones superan los US$230 millones de dólares. Ahora, sobre la JEP, el Estado le explicó a la Corte que se han abierto siete macrocasos en los que están vinculados 9.812 comparecientes de las Farc, así como 3.143 agentes del Estado y 150 terceros vinculados al Estado que no son combatientes.

(Le puede interesar: ¿A qué viene el fiscal de la Corte Penal Internacional a Colombia y Venezuela?)

Además, hay 321.900 víctimas acreditadas ante esta jurisdicción. El fiscal Karim Khan está, precisamente, cumpliendo reuniones con miembros de la JEP y de la Fiscalía para monitorear los cinco temas que tiene en su examen preliminar: la promoción y expansión de grupos paramilitares, desplazamientos forzados, delitos sexuales en la guerra, los falsos positivos y los compromisos en justicia que se hicieron en el Acuerdo de Paz con las extintas Farc.

Ahora bien, en ningún país el examen preliminar había durado tanto tiempo como en Colombia. “La Fiscalía podría mantener un examen preliminar abierto indefinidamente hasta que se completen todos los procesos relevantes antes de alcanzar una determinación sobre la admisibilidad; o podría procurar adoptar una decisión en una etapa anterior, mientras los procesos nacionales de rendición de cuentas están en curso, decisión que la Fiscalía podría revisitar en el caso de un cambio de circunstancias”, dice el informe de la exfiscal de la CPI, Fatou Bensouda.

(Lea también: Fiscalía de la CPI definirá criterios para determinar si abre o no investigación a Colombia)

Mientras el Estado pidió en el documento el archivo del caso Colombia, desde la esquina de las víctimas, el tema es diferente. Aunque varias organizaciones han dicho que tienen la esperanza de que la JEP juzgue muchos de los casos que no se han tocado por la justicia ordinaria. Uno de ellos es el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien ha dicho que cerrar el examen preliminar ahora sería “prematuro”, pues a la fecha en ninguno de los procesos que vigila la Fiscalía de la CPI ha habido mayores avances.

En cambio, él considera que la justicia transicional (la JEP) en Colombia aún es frágil a propuestas de reforma de distintas orillas políticas. “Hasta ahora, no se han dictado condenas en la JEP y los procedimientos todavía se encuentran en una etapa inicial. Todavía no hay claridad sobre en qué consistirán las sanciones que impondrá el tribunal, si y cuando se condene a quienes cooperen plenamente”, señaló Vivanco. Mientras termina la visita del fiscal Karim Khan a Colombia, sigue cogiendo fuerza la posibilidad de que, al cierre de su viaje, tome la decisión de cerrar la investigación preliminar. El próximo jueves podría ser un día clave.

ara conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

La eventual decisión que pueda tomar la Corte Penal Internacional (CPI) respecto de las graves violaciones de derechos humanos en Colombia es crucial para el país. Aunque no existe un plazo exacto de cuándo se puede conocer una determinación de fondo, la visita al país del nuevo fiscal de esa entidad, Karim Khan, encendió la expectativa. Mientras el funcionario cumple con sus visitas oficiales con representantes de la rama judicial y agentes diplomáticos, se conoció un documento que presentó el Estado ante la Corte.

Lo hizo el pasado 26 de septiembre, antes de la visita que por estos días está haciendo Khan. Según Blu Radio, el informe le pide a la CPI que archive todo el caso que hay de Colombia en la Corte desde 2004 por graves violaciones de derechos humanos. Según el Estado, “el caso colombiano debe ser analizado bajo su propio contexto y diferente al de otro Estado”, entre otras cosas, porque se trata de “la democracia más antigua del continente”. Además, dice el documento, porque se han creado diferentes “mecanismos propios para lograr la paz tras 50 años de conflicto”.

(En contexto: El fiscal de la CPI visitará Colombia mientras evalúa a dónde va el caso)

El documento cuenta con tres partes divididas, en parte, para llevar el sustento histórico de lo que ha sucedido en materia de guerra. Así, la primera es un recuento histórico de cómo Colombia se adhirió al Estatuto de Roma y la segunda, una creación de mecanismos de justicia transicional para investigar delitos que son competencia de la CPI (como Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-). La tercera parte trata de los avances en las investigaciones que son de interés de la Corte, especialmente en el capítulo de ejecuciones extrajudiciales.

Según las cifras que le entregó Colombia a la CPI, 76 mil miembros de grupos armados se han desmovilizado y entregado sus armas entre 2001 y 2021, en el marco de la ley de Justicia y Paz, y se han emitido 66 sentencias, 560 condenados y 10 mil hechos han sido juzgados. Además, dice, se han acreditado 22 mil víctimas y las indemnizaciones superan los US$230 millones de dólares. Ahora, sobre la JEP, el Estado le explicó a la Corte que se han abierto siete macrocasos en los que están vinculados 9.812 comparecientes de las Farc, así como 3.143 agentes del Estado y 150 terceros vinculados al Estado que no son combatientes.

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Además, hay 321.900 víctimas acreditadas ante esta jurisdicción. El fiscal Karim Khan está, precisamente, cumpliendo reuniones con miembros de la JEP y de la Fiscalía para monitorear los cinco temas que tiene en su examen preliminar: la promoción y expansión de grupos paramilitares, desplazamientos forzados, delitos sexuales en la guerra, los falsos positivos y los compromisos en justicia que se hicieron en el Acuerdo de Paz con las extintas Farc.

Ahora bien, en ningún país el examen preliminar había durado tanto tiempo como en Colombia. “La Fiscalía podría mantener un examen preliminar abierto indefinidamente hasta que se completen todos los procesos relevantes antes de alcanzar una determinación sobre la admisibilidad; o podría procurar adoptar una decisión en una etapa anterior, mientras los procesos nacionales de rendición de cuentas están en curso, decisión que la Fiscalía podría revisitar en el caso de un cambio de circunstancias”, dice el informe de la exfiscal de la CPI, Fatou Bensouda.

(Lea también: Fiscalía de la CPI definirá criterios para determinar si abre o no investigación a Colombia)

Mientras el Estado pidió en el documento el archivo del caso Colombia, desde la esquina de las víctimas, el tema es diferente. Aunque varias organizaciones han dicho que tienen la esperanza de que la JEP juzgue muchos de los casos que no se han tocado por la justicia ordinaria. Uno de ellos es el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien ha dicho que cerrar el examen preliminar ahora sería “prematuro”, pues a la fecha en ninguno de los procesos que vigila la Fiscalía de la CPI ha habido mayores avances.

En cambio, él considera que la justicia transicional (la JEP) en Colombia aún es frágil a propuestas de reforma de distintas orillas políticas. “Hasta ahora, no se han dictado condenas en la JEP y los procedimientos todavía se encuentran en una etapa inicial. Todavía no hay claridad sobre en qué consistirán las sanciones que impondrá el tribunal, si y cuando se condene a quienes cooperen plenamente”, señaló Vivanco. Mientras termina la visita del fiscal Karim Khan a Colombia, sigue cogiendo fuerza la posibilidad de que, al cierre de su viaje, tome la decisión de cerrar la investigación preliminar. El próximo jueves podría ser un día clave.

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