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Después de casi cuatro meses desde que la Fiscalía le imputara cargos a Olmedo López, exdirector de Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el ente investigador firmó un preacuerdo con el exdirectivo y otros funcionarios de la entidad pública quienes se aliaron para ejecutar una sofisticada estrategia de desviación de recursos públicos, usando como puente la Ungrd.
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La noticia la confirmó la propia Fiscalía en la noche de pasado 18 de noviembre, luego de meses de negociación con López, a las que se sumó Sneyder Pinilla, exsubdirector para el Manejo de Desastres de la Ungrd, el empresario nariñense Luis Eduardo López (conocido como el Pastuso); y el exasesor jurídico de la dirección de la Ungrd, Pedro Rodríguez Melo. Los cuatro fueron imputados en julio de este año por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
Pero, ¿qué significa la firma de ese preacuerdo? ¿Qué alcances tiene ese documento? ¿El preacuerdo es una forma de impunidad? Esta y otras preguntas quedan en el aire con el anuncio de ayer de la Fiscalía. Por eso, aquí le presentamos las respuestas.
¿Qué es un preacuerdo?
Antes de arrancar con la minucia del caso de la Ungrd, es clave entender cuales son las nuevas reglas del juego. Según el Código de Procedimiento Penal, el preacuerdo es una figura jurídica que le permite a la Fiscalía negociar beneficios con un investigado, a cambio de información. Según los datos que una persona procesada puede entregar en un proceso, el ente investigador puede ofrecer una reducción en las penas o establecer un centro carcelario específico.
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En el expediente de la Unidad, la Fiscalía encontró que la información que entregaron los cuatro exfuncionarios de la entidad ha servido para esclarecer el caso y vincular a más personas que habrían participado de este entramado de corrupción. Por eso, después de meses de negociación, en ente investigador y los cuatro investigados firmaron un preacuerdo.
¿Un preacuerdo es una sentencia?
No. Es más, ese documento que firma la Fiscalía y un investigado no tiene ningún valor judicial, ¿Por qué? Porque ahora el ente investigador tiene que presentarle el preacuerdo a un juez de la República para que este lo avale o lo rechace. Que un togado de la calidad de un juez tenga que revisar la negociación de la Fiscalía y los investigados es fundamental para verificar que se hayan respetado todas las reglas de ley y también para constatar que esos beneficios que puede ofrecer la Fiscalía a cambio de información sean proporcionales. Es decir, que la información que entregan los investigados sea lo suficientemente buena como para recibir el “premio” de una reducción en la pena, por mencionar un ejemplo.
¿Qué pasa si un juez rechaza el preacuerdo?
Si un juez rechaza el preacuerdo, la Fiscalía tiene dos opciones: volver a negociar con los investigados para ajustar la negociación a lo que el juez considera correcto; o seguir con el proceso penal y llamar a juicio a los investigados.
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¿Qué pasa si un juez avala el preacuerdo?
Si el juez le da su “OK” a la negociación, pasan dos cosas claves. La primera, que la Fiscalía se ahorra el proceso de llevar a los investigados a juicio y seguir con todos los pasos judiciales hasta la condena o la absolución. Un proceso engorroso y demorado que solo termina luego de años de audiencias y valoración de las pruebas, no solo por las partes, sino también por el juez del caso. Y el segundo escenario es que el proceso pasa automáticamente a sentencia. Ese fallo solo lo puede emitir un juez.
¿Qué otros beneficios tiene la firma de un preacuerdo?
En este y otros proceso penales, cuando la Fiscalía logra la firma de un preacuerdo, no solo busca que los investigados se conviertan en testigos para vincular a más personas a la investigación y, así, poder esclarecerlo, sino que también puede negociar la devolución del dinero robado. El preacuerdo es clave para expedientes de corrupción, precisamente como el de la Ungrd.
Lo que explicó anoche la Fiscalía es que Olmedo López deberá pagar una multa de más de 3.000 salarios mínimos y devolver los $724 millones que se apropió ilegalmente producto del contrato para llevar 40 carrotanques con agua potable a La Guajira. Por su parte, Sneyder Pinilla, exsubdirector y mano derecha de Olmedo López, tendrá que devolver $618 millones apropiados de forma ilegal. Y por último, Luis Eduardo López, negoció devolverle al Estado $7.722 millones.
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¿Por qué son tan criticados los preacuerdos?
Primero, porque la negociación que hace la Fiscalía con los investigados funciona en la medida en que las partes logren un acuerdo en los beneficios que pueden recibir los sindicados. En otras palabras, de acuerdo con la información que entregan, se reducen las penas o el sitio de reclusión, por mencionar dos ejemplos. En consecuencia, como se negocia el número de años de una condena, muchas veces esta situación genera un ruido relacionado en que, como una persona investigada no paga la pena más alta, entonces hay impunidad.
En estos asuntos, no hay una ley escrita ni una posición única sobre qué tan buenos o malos son estos proceso de negociación con la Fiscalía. Lo que sí está más claro es que son un mecanismo que sirve para evitar la congestión judicial, el esclarecimiento de casos con la información entregada, y la devolución del dinero robado. En todo caso, precisamente para evitar impunidad y preacuerdos corruptos, un juez tiene la última palabra siempre.
¿Cuántos años de cárcel va a pagar Olmedo López?
En el caso puntual de la Ungrd, la Fiscalía aclaró que el preacuerdo contra los exfuncionarios es por algunos delitos y no todos. En el caso de Olmedo López, quien está recluido en una guarnición militar, su preacuerdo inicial es por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir. Por ellos, deberá pagar una pena principal de siete años, un mes y 12 días de prisión y su defensa no descarta la idea de que puedan negociar con la Fiscalía por el resto de los delitos.
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Lo mismo sucede con Sneyder Pinilla, cuyo preacuerdo es por los mismos delitos de Olmedo López y por ellos pagará una pena de seis años, seis meses y nueve días de prisión. En el caso Luis Eduardo López, el contratista llegó a un acuerdo por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público, y su pena fue fijada en de seis años, ocho meses y doce días de prisión.
En cuanto al exasesor de la Ungrd, Pedro Andrés Rodríguez Melo, su preacuerdo es por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación y su pena será de cuatro años, 10 meses y 19 días. Y por último, el exdirector de conocimiento de la Ungrd, Luis Carlos Barreto Gantiva, la negociación fue por los delitos de peculado por apropiación y soborno y se concretó una pena de tres años, siete meses y 13 días de prisión. En la negociación, la Fiscalía agregó a otra persona: Édgar Eduardo Riveros Rey, cuyo preacuerdo es por el delito de soborno y se fijó una pena de cinco años y tres meses de prisión. En todo caso, las demás investigaciones siguen adelante.
¿Qué pasa con las otras investigaciones contra Olmedo López?
En palabras concretas y sencillas, nada pasa con las otras investigaciones contra Olmedo López. La Fiscalía y los investigados seguirán buscando salidas negociadas para incluir el resto de delitos que fueron imputados. Por ahora, ambas partes han dicho que quieren negociar todos los procesos, pero el ente investigador tiene que individualizar cada conducta y cada hecho para poder negociar. Por ejemplo, Olmedo López y Pinilla, luego de la imputación de julio pasado por el caso de los carrotanques en La Guajira, fueron vinculados a otra investigación por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado y peculado. Ninguno aceptó cargos.
Aunque ya habían sido imputados por algunos de esos mismos delitos, este nuevo caso tiene que ver con hechos diferentes. En concreto, por supuestas irregularidades en 53 contratos que firmaron en la Ungrd, cuyo dinero se desvió a enriquecer bolsillos de terceros con recursos públicos. Sobre este caso, la Fiscalía apenas se sentó a poner las primeras reglas para negociar con los investigados.
¿De qué ha servido la información que ha entregado Olmedo López y Sneyder Pinilla?
La información entregada por los investigados, en sus procesos de colaboración, han hecho eco en otros expedientes judiciales. Por ejemplo, la Fiscalía citó a imputación de cargos a Sandra Ortiz Novoa, exconsejera presidencial para las Regiones, por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Según han señalado López y Pinilla, a través de ella se le entregó un soborno de $3.000 millones al expresidente del Senado, Iván Name, en reuniones secretas en el Hotel Tequendama de Bogotá, en 2023. Los investigados aseguran que ese dinero tenía por objetivo impulsar las reformas del gobierno de Gustavo Petro a través de la figura de Name en el Congreso.
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El pasado 5 de noviembre, de otro lado, la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra Name y también contra el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. La Sala de Instrucción de la alta corte consideró probable la versión de López y Pinilla, en la que Calle, además, está salpicado por presuntamente recibir un soborno de $1.000 millones para favorecer los intereses del gobierno. Según Pinilla, él mismo entregó ese dinero en un apartamento en Montería que es propiedad de Calle, en un negocio que se habría gestado con criptomonedas. Name y Calle fueron citados a indagatoria y deberán responder, entre otras cosas, por presuntamente haber utilizado los $4.000 millones en impulsos de campañas políticas de familiares, para las elecciones regionales de 2023.
Por el escándalo de corrupción de la Ungrd, a partir de la información entregada por López y Pinilla, la Corte Suprema también llamó a indagatoria a los siguientes congresistas: Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador), Juan Pablo Gallo Maya (Partido Liberal), Wadith Alberto Manzur Imbett (Partido Conservador), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal), Karen Astrith Manrique Olarte (curul de paz) y al excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera (Alianza Verde). Las indagatorias son con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades penales.
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