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Laura Gil Urbano es ginecóloga y cofundadora del Grupo Médico por el Derecho a Decidir, una de las organizaciones que conforman Causa Justa, la coalición de mujeres de distintos sectores que volvieron a poner sobre la mesa la discusión del aborto. Con una demanda que está a punto de ser fallada en la Corte Constitucional, buscan que la interrupción del embarazo deje de ser delito, entre otras razones, porque ha mostrado ser ineficaz en reducir el uso de este procedimiento médico y porque es discriminatorio, al solo ser aplicado a las mujeres.
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La doctora Gil habló con El Espectador sobre los argumentos médicos que le presentaron a la Corte por los que, consideran, la penalización trae solo perjuicios. Mientras que, sacar el aborto del Código Penal, cree ella, puede traer varios beneficios a las mujeres y al sistema de salud.
Usted sostiene que la eliminación del delito del aborto podría traer algunos beneficios, ¿cuáles son?
El acceso al aborto seguro trae beneficios para la salud de las mujeres. En salud, tenemos varios indicadores, por ejemplo: la mortalidad materna, la infantil y los años de vida saludable que se pierden por hacer una u otra intervención. Entonces, cuando hay acceso al aborto seguro se evitan muertes maternas, no solo porque esas muertes han podido suceder por el aborto inseguro, sino porque muchos de los embarazos que terminan en muertes maternas son embarazos no deseados y de alto riesgo. Posiblemente esa mujer quería interrumpir su embarazo y no pudo hacerlo por todas las barreras que existen.
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Además, se pueden medir los años de vida saludable perdidos. Yo siempre utilizo el ejemplo de la Fundación Oriéntame, que ha brindado acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a los 12 años de la despenalización, con más de 60.000 atenciones, se evitaron siete muertes maternas y la pérdida de 437 años de vida saludable de las mujeres. Sumémosle la medición del impacto de la anticoncepción, porque el acceso a un procedimiento de aborto integral también incluye una asesoría en métodos anticonceptivos: el 85% de estas mujeres iniciaron algún método anticonceptivo, casi la mitad de larga duración, que son los más eficaces. Así, en total, se salvaron 16 muertes maternas y se evitaron 25.000 embarazos no deseados, porque las mujeres ya tenían conocimiento de métodos anticonceptivos, y se evitaron 10.000 nuevos abortos. Muchos sectores de la sociedad lo que quieren es que haya menos abortos, pero la criminalización no ayuda a que haya menos abortos.
¿Por qué la despenalización sí podría llevar a menos abortos?
Por un lado, la penalización no ayuda a que haya menos abortos porque la decisión de continuar un embarazo va mucho más allá de si es legal o no abortar. La amenaza de cárcel no hace que la mujer cambie de decisión. En los países en los que está penalizado el aborto, el número de procedimientos por cada 1.000 mujeres es exactamente el mismo o incluso mayor que en los países donde está totalmente despenalizado. Y que no sea delito lleva a que sea un procedimiento integral, con una asesoría en derechos y la posibilidad de acceder a un método anticonceptivo inmediatamente. Así, a mediano y largo plazo se evitan nuevos embarazos no deseados.
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En el gremio médico existe la confusión de que el aborto a la vez es derecho y delito. Como ginecóloga, ¿usted cómo lo ha experimentado?
Esto tiene muchos niveles. Primero, muchas mujeres no consultan el sistema de salud porque creen que abortar es un delito. Tienen miedo y no saben que tienen derechos. Segundo, al estar la carga de interpretar si es delito o no en los colegas, se abre la posibilidad para que algunos médicos digan: ‘quiero evitarme un problema, entonces mejor digo que no es legal’. Así, además, evitan ser identificados como un médico que presta abortos, que puede traerles problemas laborales, si trabajan en un hospital con filiación religiosa, a nivel social, o incluso a nivel profesional.
Esto se ve agravado en las ciudades más pequeñas. En las ciudades grandes hay un anonimato, pero en ciudades pequeñas donde hay dos o tres especialistas, nadie está dispuesto a jugarse su nombre en un procedimiento que puede ser delito. Es más fácil decirle a la paciente: ‘aquí no se hace’ o ‘usted no está dentro de las causales’. Si se despenaliza el aborto, ya no existe la dualidad entre derecho y delito.
Pero, aún con la despenalización total, una de las barreras que podría permanecer sería la de los médicos objetores de conciencia, ¿usted qué piensa de que se acuda a esta figura?
Es muy importante puntualizar qué es la objeción de conciencia. Es un mecanismo que permite no practicar el aborto si va en contra de los principios morales o religiosos del profesional. Llega hasta ahí. La Corte Constitucional ha dejado una línea muy clara de cómo ejercerla y al objetor de conciencia, claramente, nadie lo puede obligar a practicar un aborto. Sin embargo, otra cosa es que ejerza una barrera: tratar de convencer a la mujer, ponerle obstáculos, no prestarle el servicio. La Corte lo ha dicho: se puede ejercer la objeción de conciencia sí y solo sí se puede garantizar el servicio.
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Muchas veces en las regiones apartadas las mujeres nos dicen: ‘no, es que acá todos son objetores de conciencia’. Eso es algo distinto: se llama negación de servicios de salud y es muy grave. Si yo como director del hospital o como gerente de la EPS predominante en un departamento me doy cuenta de que todos son objetores de conciencia, tengo que tener unos mecanismos claros para que la atención de las mujeres que quieren una interrupción de su embarazo sea oportuna y de calidad. La eliminación del delito no va a llevar a que haya menos objetores, pero estamos trabajando es porque esa opinión personal no interfiera en el goce de los derechos de las mujeres.
En la práctica, ¿la objeción de conciencia se puede traducir en sobrecarga para los médicos que sí practican abortos?
Claro, hay unos efectos negativos de la objeción de conciencia. En Italia, por ejemplo, la mayoría de médicos se declaran objetores. Se vuelve muy difícil conseguir un aborto y, por más que traten garantizar la oportunidad y la calidad, a los médicos que sí hacen el procedimiento les queda muy difícil. Se ven sobrecargados y estigmatizados. Pero también es errado pensar que muchos médicos son objetores de conciencia.
¿Por qué?
Nosotros hicimos una encuesta en el Grupo Médico, que estamos a punto de publicar, y ahí encontramos que, por mucho, un cuarto de los médicos son objetores de conciencia y no actúan como una barrera. El 50% de los médicos no son objetores de conciencia y hay un gris pequeño, más o menos otra cuarta parte, que se declaran objetores, pero lo que hacen es imponer barreras: no remiten a las mujeres a otros profesionales, no les dan información o solo acuden a la objeción en algunas situaciones. Entonces, es importante sacarnos de la cabeza la idea de que todos los médicos son objetores de conciencia para practicar abortos. Es una condición minoritaria.
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Y segundo, llamar a la objeción de conciencia con ese nombre le da un valor implícito a la negación del aborto: como si fuera algo que pertenece al ámbito de la conciencia. Y, entonces, ¿el médico que garantiza una interrupción del embarazo no tiene conciencia? Quienes prestamos servicios de aborto lo hacemos a conciencia porque pensamos que está mal no brindarlos, que no es ético irrespetar la autonomía de las mujeres.
¿Cuáles serían los efectos económicos para el sistema de salud si se despenaliza el aborto?
El obvio y directo es que se reducirían los costos que conllevan los abortos clandestinos. Muchas mujeres que no acceden al aborto seguro se ven expuestas a procedimientos inseguros que traen complicaciones gravísimas. Eso es carísimo para el sistema de salud. E incluso cuando no traen complicaciones, muchas mujeres que se practican abortos clandestinos luego acuden a urgencias a verificar que todo esté bien, a preguntar si el sangrado es normal... eso tiene costos. No solo monetarios. No es digno para las mujeres atravesar un aborto sin el acompañamiento necesario. Y tampoco es digno exponerse a la cárcel.
Hay otros costos que podrían reducirse. El delito de aborto crea inseguridades sobre si es delito o no. Ante eso, el sistema de salud ha respondido con requisitos, papeleo, valoraciones, remisiones y, los abortos terminan siendo más costosos de lo que deberían. Si los abortos se brindaran de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud, existen cálculos de que un solo aborto costaría $48 dólares. Sin embargo, en este momento, los abortos legales pueden costar hasta $200 y $300 dólares. Es decir, con la penalización gastamos un montón de dinero innecesariamente, disminuimos la calidad de los abortos legales en vez de aumentarla e imponemos unas cargas innecesarias en las mujeres.
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