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Durante 2019, la Corte Suprema de Justicia remitió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) los expedientes por parapolítica y el Cartel de la Toga que pesaban en contra del exsenador Musa Besaile Fayad. Hoy, dos años después, la justicia transicional en un auto que aún no está firmado ratifica la expulsión del político debido a que su colaboración en cuanto a verdad no resultó ser suficiente. La decisión fue de la Sección de Apelación que resaltó que si bien su comparecencia no lo obliga a reconocer responsabilidades sí debe presentar una “verdad adicional” para que su proceso cumpla con los requerimientos de la JEP.
El exsenador, inicialmente, fue expulsado desde julio del año pasado por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP al concluir que sus aportes no fueron “relevantes” y denotaban “falta de seriedad y compromiso”. En primera instancia, la justicia transicional consideró que Besaile incumplió con el régimen de condicionalidad que suscribió cuando se sometió a la JEP por sus vínculos con las AUC.
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Con la decisión de expulsión en firme, los procesos que retornan a la Corte Suprema son el de parapolítica y el que lo vincula con el escándalo de corrupción en la justicia denominado el Cartel de la Toga. Sobre este último, el alto tribunal, en febrero de 2018 lo llamó a juicio por los delitos de peculado por apropiación y cohecho por dar u ofrecer. Por ese expediente, el exsenador más votado del Partido de la U en las elecciones de 2014 estuvo recluido en una celda de la cárcel la Picota en Bogotá.
El expediente que reposará nuevamente en el alto tribunal da cuenta que Besaile pagó $2.000 millones al exfiscal Luis Gustavo Moreno, hoy condenado, para desviar una orden de captura que pesaba en su contra en el marco de la investigación que se le adelanta por parapolítica. Lo que reposa en la investigación es que Moreno no fue el único beneficiario de ese pago. De allí se favoreció el también condenado exmagistrado Gustavo Malo Fernández, quien tenía en su despacho la investigación del excongresista por aparentes vínculos con las autodefensas de Córdoba.
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El pago, según la investigación, se hizo con dineros de la Gobernación de Córdoba obtenidos de manera ilegal. La entrega, igualmente, fue corroborada por el exgobernador del departamento Alejandro Lyons; su tío, Luis Ignacio Lyons y el propio exfiscal Moreno. Los procesos de colaboración con la Fiscalía de quienes estuvieron en dicho entramado de corrupción han dado luces que con ocasión de la amistad y el apoyo que Besaile Fayad le brindó a Lyons para llegar a la gobernación de Córdoba en el año 2011, acordaron que dividirían en partes iguales los recursos que, en su condición de gobernador, recibiera producto de los actos indebidos que sucedían en su administración.
Además de ello, el alto tribunal cuenta con la confesión del propio exsenador que señaló del pago que, según la investigación, llegó a las arcas del exmagistrado Malo. Por estos hechos, la Corte adelanta un juicio en contra del exmagistrado Leonidas Bustos, quien es considerado el cerebro de la organización, y ya fueron condenados sus compañeros de Sala, los exmagistrados Malo y Francisco Ricaurte.
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Retomando con el proceso de Besaile, la Corte también deberá definir la situación jurídica, precisamente, sobre el expediente de parapolítica que intentó negociar para evitar que fuese llevado ante los estrados. De este caso se sabe que el excongresista aceptó haber tenido vínculos con el comandante del Bloque de Córdoba de las AUC, Salvatore Mancuso Gómez, con quien se reunió en tres oportunidades entre finales del año 2001 y comienzos del año 2002, para obtener la autorización de hacer campaña a la Cámara de Representantes cuando hacía fórmula con el exsenador Juan Manuel López Cabrales.
Se conoce que el aval a su candidatura fue concedido por las AUC a cambio de no interferir con las iniciativas legislativas a favor del proyecto político paramilitar que por la época se adelantaba en el Congreso de la República.
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