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Desde la semana pasada, se suponía, el excongresista condenado Eduardo Pulgar debería estar preso en la cárcel La Picota de Bogotá, por orden del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). La familia del político, quien ya aceptó haber intentado torcer a un juez, presentó una tutela y con ella logró frenar su traslado de un centro de reclusión ubicado en el Batallón de Ingenieros Número 2 del Ejército, en Malambo (Atlántico).
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El recurso judicial fue interpuesto el pasado 4 de marzo, por la pareja sentimental de Eduardo Pulgar. Aunque la acción de tutela no ha sido resuelta de fondo, como medida provisional un juez de Soledad (Atlántico) ordenó suspender el traslado mientras se toma la decisión final. La mujer explicó que la justicia podría proteger sus derechos a la unidad familiar y debido proceso, que podrían ser vulnerados si se efectúa el traslado del Inpec.
“Además de la Resolución N. 001497, cualquier otro acto o actuación que, por parte del Inpec, busque sacarlos del entorno familiar y de su arraigo con la ciudad de Barranquilla, trasgrede el orden Constitucional, por lo que esta acción va dirigida a evitar precisamente que con ningún otro acto o actuación se vulneren los derechos fundamentales de la familia y en especial de la hija menor del recluso”, se lee en la tutela conocida por El Espectador.
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Pulgar, exsenador del Partido de la U, está condenado a cuatro años y ocho meses de prisión por, cómo lo aceptó, intentar sobornar al juez Andrés Rodríguez Cáez en 2017 para favorecer a un aliado político: el empresario Luis Fernando Acosta Osío, inmerso en un pleito administrativo por la posesión de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Fue sentenciado a mediados del año pasado y, por solicitud ante el Inpec, fue trasladado a una reclusión militar.
Sin embargo, el mismo Inpec quedó envuelto en un escándalo la semana pasada, luego de que se conociera que el empresario Carlos Mattos, a punto de ser condenado por soborno, dio un paseo por Bogotá en una camioneta de la institución. Lo hizo estando recluido en La Picota y a punto de acceder a un preacuerdo para pagar cuatro años de prisión. Tal fue el escándalo, que el antiguo director del Inpec, el general Mariano Botero Coy, presentó su carta de renuncia.
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Entonces, quedó al mando del Inpec por unos días el coronel Joaquín Medrano Muñoz, quien era el director de Custodia y Vigilancia. Su primera y hasta ahora única disposición conocida fue un remezón de internos que tendrían beneficios adicionales en sus centros de reclusión. Por ejemplo, Carlos Mattos terminó en la cárcel de Cómbita (Boyacá). Además, ordenó que Eduardo Pulgar volverá de Malambo a La Picota, específicamente al patio ERE Sur.
Según el Inpec, el traslado de Mattos y Pulgar tiene el objetivo de “proteger el derecho a la vida de la población privada de la libertad y el personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia”. También se ordenó el traslado de Emilio Tapia, el zar de la contratación, quien está en La Picota mientras se desenvuelve su presunta participación en el Caso Mintic. Deberá pasar su medida de aseguramiento en la cárcel Picaleña de Ibagué. Por otro lado, José Facundo Castillo, exgobernador de Arauca, pasará de La Picota a la cárcel de Popayán (Cauca). Está investigado por presuntas alianzas con el Eln. Ahora, resta saber si Pulgar se va o se queda en reclusión militar.
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