Con tutela, exgobernador Luis Alfredo Ramos busca tumbar su condena
El político antioqueño fue condenado por sus nexos con paramilitares. En abril de este año, la Corte Suprema de Justicia ratificó su pena de más de siete años.
Luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la condena de más de siete años contra el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, por nexos con el paramilitarismo, el político radicó ante el mismo alto tribunal una acción de tutela con la que busca dejar sin piso su sentencia.
“El día de hoy, he presentado acción de tutela ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia fundamentada en múltiples y flagrantes violaciones a garantías plasmadas en nuestra Constitución y en tratados internacionales de Derechos Humanos, contra las sentencias dictadas por la Sala Penal, que busca la nulidad de las mismas y que injustamente dieron lugar a la privación de mi libertad”, resalta el político.
Lea aquí: Corte Suprema ratificó condena de más de siete años contra Luis Alfredo Ramos
Ramos se entregó el pasado 6 de julio ante las autoridades en el municipio de El Retiro, Antioquia, cumpliendo con una orden que emitió el juzgado 28 de ejecución de penas de Bogotá. El político de 74 años, a través de un escrito que colgó en su cuenta oficial de Twitter, relató los argumentos de la acción de tutela que presentó este jueves ante el alto tribunal.
A su juicio, la condena de más de siete años estuvo basada en “pruebas de contexto”. Es decir, ninguna soportó una responsabilidad individual, por lo que estimó que se violó la presunción de inocencia. Del mismo modo, estimó que la Sala de Primera Instancia, no valoró los testimonios en su contra, y que incluso, incluyeron pruebas en la sentencia que no fueron presentadas en la etapa de juicio.
Lea también: Por irregularidades en Hidroituango, exgobernador Luis Alfredo Ramos fue imputado
Para Ramos está claro que hubo “desconocimiento absoluto de todas las pruebas presentadas por la defensa, contrariando la obligación de tener en cuenta aspectos favorables al imputado”, y añadió que existió “violación del Acto Legislativo 01 de 2018 sobre doble instancia, particularmente la omisión de hacer un juicio por parte de la sala de primera instancia”.
El político también trajo a colación que, en su momento, el magistrado Ariel Torres, ponente del caso, expuso su intención de apartarse del proceso, pero la Sala Penal de la Corte no accedió a esa pretensión. En este caso, Ramos dijo que existió una violación evidente sobre “el principio de imparcialidad que confesó tener alterado su ánimo en mi contra y, a pesar de ello, dictar sentencia”.
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De otro lado, el político antioqueño también reveló en su acción de tutela que la filtración de dos proyectos ponencia afectó el debido proceso y causó una “afectación grave” al mismo. “Espero que los jueces constitucionales decidan en pleno derecho con el fin de que se haga Justicia en mi caso. Seguiré defendiendo mi inocencia, mi libertad y mi honra hasta el último día de mi vida, esperando que ningún colombiano tenga que padecer la persecución a la que me he visto sometido tras una carrera pública dedicada al servicio de Antioquia y del país”, resaltó.
El expediente de Ramos que cumplió caso 10 años en los despachos de los magistrados de la Corte Suprema culminó el pasado 1 de octubre con una condena de casi ocho años de prisión por haberse aliado con grupos paramilitares entre 2001 y 2007. El documento que reveló El Espectador daba cuenta de las actuaciones ilegales del político antioqueño con los hermanos Castaño, líderes de las extintas AUC.
Lea aquí: Luis Alfredo Ramos: un caso a punto de definirse tras años de demoras
El apoyo de los subversivos se materializó con la financiación que asumieron en las campañas políticas para que Ramos llegara a ocupar una curul en el Congreso. El político fue condenado con una votación de dos a favor y uno en contra porque se probó que “se asoció con organizaciones paramilitares por varios años” y colocó la función pública al servicio de esos grupos ilegales, contribuyendo “con el creciente estado de violencia que se presentó en el departamento de Antioquia y en general de tipo estructural que continúa sumido el conglomerado local, regional y nacional, menoscabando el interés que el Estado busca salvaguardar”.
El fallo de 100 páginas consignó que Ramos recibió apoyo del Bloque Metro, del Bloque Centauros y de los hermanos Carlos y Vicente Castaño. Para el alto tribunal está claro que el político recibió dinero no solo para posicionarse en el Congreso con una curul a través de votos, sino también con inyección económica a sus campañas. El pacto, según el fallo firmado por el magistrado Ariel Torres, era que Ramos, a cambio de los apoyos financieros trataba de hacer pasar al grupo ilegal como inadvertido ante la fuerza pública.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la condena de más de siete años contra el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, por nexos con el paramilitarismo, el político radicó ante el mismo alto tribunal una acción de tutela con la que busca dejar sin piso su sentencia.
“El día de hoy, he presentado acción de tutela ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia fundamentada en múltiples y flagrantes violaciones a garantías plasmadas en nuestra Constitución y en tratados internacionales de Derechos Humanos, contra las sentencias dictadas por la Sala Penal, que busca la nulidad de las mismas y que injustamente dieron lugar a la privación de mi libertad”, resalta el político.
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Ramos se entregó el pasado 6 de julio ante las autoridades en el municipio de El Retiro, Antioquia, cumpliendo con una orden que emitió el juzgado 28 de ejecución de penas de Bogotá. El político de 74 años, a través de un escrito que colgó en su cuenta oficial de Twitter, relató los argumentos de la acción de tutela que presentó este jueves ante el alto tribunal.
A su juicio, la condena de más de siete años estuvo basada en “pruebas de contexto”. Es decir, ninguna soportó una responsabilidad individual, por lo que estimó que se violó la presunción de inocencia. Del mismo modo, estimó que la Sala de Primera Instancia, no valoró los testimonios en su contra, y que incluso, incluyeron pruebas en la sentencia que no fueron presentadas en la etapa de juicio.
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Para Ramos está claro que hubo “desconocimiento absoluto de todas las pruebas presentadas por la defensa, contrariando la obligación de tener en cuenta aspectos favorables al imputado”, y añadió que existió “violación del Acto Legislativo 01 de 2018 sobre doble instancia, particularmente la omisión de hacer un juicio por parte de la sala de primera instancia”.
El político también trajo a colación que, en su momento, el magistrado Ariel Torres, ponente del caso, expuso su intención de apartarse del proceso, pero la Sala Penal de la Corte no accedió a esa pretensión. En este caso, Ramos dijo que existió una violación evidente sobre “el principio de imparcialidad que confesó tener alterado su ánimo en mi contra y, a pesar de ello, dictar sentencia”.
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De otro lado, el político antioqueño también reveló en su acción de tutela que la filtración de dos proyectos ponencia afectó el debido proceso y causó una “afectación grave” al mismo. “Espero que los jueces constitucionales decidan en pleno derecho con el fin de que se haga Justicia en mi caso. Seguiré defendiendo mi inocencia, mi libertad y mi honra hasta el último día de mi vida, esperando que ningún colombiano tenga que padecer la persecución a la que me he visto sometido tras una carrera pública dedicada al servicio de Antioquia y del país”, resaltó.
El expediente de Ramos que cumplió caso 10 años en los despachos de los magistrados de la Corte Suprema culminó el pasado 1 de octubre con una condena de casi ocho años de prisión por haberse aliado con grupos paramilitares entre 2001 y 2007. El documento que reveló El Espectador daba cuenta de las actuaciones ilegales del político antioqueño con los hermanos Castaño, líderes de las extintas AUC.
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El apoyo de los subversivos se materializó con la financiación que asumieron en las campañas políticas para que Ramos llegara a ocupar una curul en el Congreso. El político fue condenado con una votación de dos a favor y uno en contra porque se probó que “se asoció con organizaciones paramilitares por varios años” y colocó la función pública al servicio de esos grupos ilegales, contribuyendo “con el creciente estado de violencia que se presentó en el departamento de Antioquia y en general de tipo estructural que continúa sumido el conglomerado local, regional y nacional, menoscabando el interés que el Estado busca salvaguardar”.
El fallo de 100 páginas consignó que Ramos recibió apoyo del Bloque Metro, del Bloque Centauros y de los hermanos Carlos y Vicente Castaño. Para el alto tribunal está claro que el político recibió dinero no solo para posicionarse en el Congreso con una curul a través de votos, sino también con inyección económica a sus campañas. El pacto, según el fallo firmado por el magistrado Ariel Torres, era que Ramos, a cambio de los apoyos financieros trataba de hacer pasar al grupo ilegal como inadvertido ante la fuerza pública.
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