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Mediante una acción de tutela, la esposa del capitán en retiro del Ejército Germán Alejandro Rivera le pidió al Gobierno que ayude a su pareja y a los otros militares que se encuentran detenidos en Haití. Los 18 militares son señalados por, supuestamente, haber sido contratados para el magnicidio del expresidente Jovenel Moïse, el 7 de julio de 2021.
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Esta tutela fue admitida por el Consejo de Estado y se encuentra en el despacho del magistrado Julio Roberto Piza para su revisión. Con esta acción, buscan que Presidencia y la Cancillería intervenga ante las autoridades haitianas y garanticen los derechos a la vida, dignidad y debido proceso de los militares.
En el documento, la accionante sostiene que las autoridades haitianas han vulnerado los derechos de los militares. Según la esposa de Rivera, se vulneraron “derechos reconocidos en la Constitución de la República de Haití y en los Pactos y acuerdos internacionales de protección de los derechos humanos que han sido ratificados por Haití y por Colombia”, reportó El Tiempo.
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Una fuente cercana a uno de los militares detenidos asegura que durante los últimos meses no ha recibido mayores noticias por parte de la Cancillería colombiana. Además, que los exmilitares se han enfrentado a un juicio al parecer sin garantías, pues recién hasta hace unos días contarían con abogado y presuntamente enfrentarían maltratos por parte de las autoridades haitianas.
De hecho, el pasado 15 de septiembre, se conoció un audio en el cual un representante de los señalados mercenarios explicó que su situación es grave: “Manifestamos a ustedes, a las autoridades judiciales en Colombia, Estados Unidos, la Unión Europea, Haití, y a las diferentes organizaciones de derechos humanos, que el principal responsable y autor material de las torturas aquí denunciadas es uno de los investigadores principales de la oficina de los homicidios de la oficina de la policía judicial haitiana que, en forma sistemática, fría, calculada e inhumana, nos torturó”.
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No obstante, las fuerzas de policía haitianas y colombianas tienen la hipótesis de que los 18 militares capturados serían mercenarios contratados por el médico de origen haitiano Emmanuel Sanon, quien bajo supuestos ideales políticos sería el autor intelectual del crimen. Al parecer, contrató una empresa de seguridad llamada CTU Segurity Services, con sede en Florida (Estados Unidos), la cual habría pagado los pasajes para que los colombianos llegaran a Haití y, una vez en la isla, planearan y ejecutaran la muerte de Moïse.
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