Con tutela, Sneyder Pinilla busca que la Ungrd no le niegue información de corrupción

El 31 de agosto de este año, Sneyder Pinilla, exsubdirector para el Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd), fue enviado por orden de un juez al Cantón Militar de Artillería, en Bogotá, como medida de prisión preventiva por su confesa responsabilidad en el millonario desfalco a la Unidad. Un día antes, el 30 de agosto, sus abogados interpusieron una tutela, conocida por este diario, en contra de esa misma entidad para la que él trabajó y a la cual le robó más de $300 millones a través de contratos, según la Fiscalía. Con ese recurso judicial, la defensa del exfuncionario alega que la Ungrd, ahora en cabeza de Carlos Carrillo, se ha negado desde marzo pasado a entregarle información que pidió con el fin de aportar detalles a la justicia sobre el entramado, y por eso, aseguran, se estarían vulnerando sus derechos a la justicia, al derecho de petición, al debido proceso y a la defensa.

El 31 de agosto de este año, Sneyder Pinilla, exsubdirector para el Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd), fue enviado por orden de un juez al Cantón Militar de Artillería, en Bogotá, como medida de prisión preventiva por su confesa responsabilidad en el millonario desfalco a la Unidad. Un día antes, el 30 de agosto, sus abogados interpusieron una tutela, conocida por este diario, en contra de esa misma entidad para la que él trabajó y a la cual le robó más de $300 millones a través de contratos, según la Fiscalía. Con ese recurso judicial, la defensa del exfuncionario alega que la Ungrd, ahora en cabeza de Carlos Carrillo, se ha negado desde marzo pasado a entregarle información que pidió con el fin de aportar detalles a la justicia sobre el entramado, y por eso, aseguran, se estarían vulnerando sus derechos a la justicia, al derecho de petición, al debido proceso y a la defensa.

La tutela fue asignada por reparto el 2 de septiembre al Juzgado 19 Laboral de Bogotá, que ya estudia el recurso. El documento subraya que desde el 14 hasta el 19 de marzo un grupo de investigadores privados (conocidos como Unidad de Investigación de Defensa), contratados por los abogados de Pinilla y avalados por la Fiscalía para pedir pruebas, solicitó a la Ungrd vía derecho de petición información que tendría relación con el caso. La solicitud abarca copias de documentos de la orden de proveeduría para la compra de 40 carrotanques con destino a La Guajira, de los correos entre proveedores y la entidad sobre estudios técnicos de esa misma orden, información de las empresas invitadas a cotizar (Impoamericana Rogers SAS, Brand SAS y Luket SAS, todas propiedad de Luis Eduardo López Rosero conocido como El Pastuso), una copia del organigrama de la subdirección para el Manejo de Desastres, copias de los contratos para compra de vehículos que ha hecho la entidad en los últimos cinco años e información sobre las entradas y salidas de representantes legales de las compañías cotizantes a las oficinas de la Ungrd.

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El Juzgado 19 Laboral de Circuito de Bogotá aceptó la tutela presentada por Pinilla:

Sin embargo, la respuesta de la entidad fue bajarle el pulgar a todas esas solicitudes. Con rotundo “No”, la oficina jurídica de la Ungrd le dijo a Pinilla y a su defensa que esa información es privada y, de entregarla, afectaría los derechos fundamentales “de intimidad de terceros involucrados en el proceso de contratación pública”. Para la Unidad, si se le envía esa información a su antiguo subdirector, estarían incurriendo en los delitos de prevaricato, abuso de autoridad y violación de mandatos constitucionales como el habeas data, “ya que se trata de información reservada que requiere permiso de los titulares o una orden judicial”. No obstante, estos argumentos no fueron razón suficiente para los abogados del exfuncionario, quienes manifiestan que esa información que piden no es del todo reservada y que, por el contrario, detalles sobre las empresas cotizantes o la orden de proveeduría de los carrotanques ha sido publicada en diferentes medios de comunicación.

Las declaraciones de Pinilla que iniciaron en medios de comunicación y terminaron en interrogatorios con autoridades judiciales le han dado forma a un entramado ilegal al interior de la Unidad para atender desastres. Desde marzo pasado, el exsubdirector ha estado en búsqueda de un principio de oportunidad con la Fiscalía y, para obtenerlo, ha entregado información clave sobre otros responsables del desfalco. Por ejemplo, el exfuncionario le dijo a la Fiscalía que, con Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y bajo órdenes del exdirector nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, se pactaron coimas de hasta $4.000 millones para favorecer a Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, con el fin de agilizar el trámite de las reformas del Ejecutivo en el Congreso. También ha señalado al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, de ordenarle dirigir contratos para favorecer a congresistas de las comisiones de crédito público por más de $91.000 millones.

Y aunque el escándalo de los carrotanques fue destapado inicialmente por diversos informes de prensa, para los abogados de Pinilla también hay publicaciones clave en la red social X por parte del ahora director de la Unidad, Carlos Carillo, quien tomó posesión del cargo el pasado 19 de marzo. En algunos posts en el antiguo Twitter, el directivo se ha referido a la corrupción al interior de la entidad durante la gestión de Pinilla y Olmedo López, ambos procesados por corrupción. En sus trinos, Carrillo ha mencionado temas clave sobre las investigaciones internas que ha adelantado desde que llegó a la Unidad y ha mostrado, con imágenes y pantallazos de contratos, irregularidades en diferentes órdenes de proveeduría entre la Ungrd y empresas propiedad de El Pastuso.

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Pese a esas denuncias, la defensa de Pinilla señala que la información que ellos pidieron a través de mecanismos legales es la misma que ha aparecido en medios de comunicación y redes sociales, pero no se las han entregado a pesar de solicitarlas mediante un derecho de petición: “Salta a ojos la estratagema de la entidad para negar la información dentro de un derecho de petición (...) afecta directamente los derechos fundamentales del señor Sneyder Pinilla Álvarez de forma deliberada, la información nunca fue privada o de terceros, ni requirió órdenes de jueces penales, ella misma (la Ungrd) la publicó en medios masivos de información”, reseña la tutela conocida por El Espectador.

El derecho de petición con el que el exsubidrector buscaba acceder a información de contratación pública de la Ungrd tiene otro detalle particular. En su solicitud, elevada por la Unidad de Investigación de Defensa contratada por Pinilla, se pidió la extracción y el análisis de evidencia almacenada en un computador de marca HP y con serial 4CE7454W7K, así como algunos registros de su antiguo correo electrónico cuando trabajó en la Ungrd y de otros elementos como USB y discos duros. Allí estarían puntos claves de contratos irregulares al interior de la entidad y los cuales, según Pinilla, buscaba entregar a la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia en medio de las investigaciones en su contra por contratación corrupta.

La entidad volvió a responderle nuevamente el 27 de marzo que no podía entregar esa información. Para el equipo jurídico de la Ungrd, los datos alojados en esos tres elementos no pueden ser entregados sin una orden judicial, sobre todo en el caso del computador que, aseguran, no pertenecía a Pinilla. Así mismo, la entidad dirigida por Carrillo señala que la Unidad de Investigación de Defensa, al ser privada, “no tiene funciones de policía judicial y no realizan cadena de custodia”, por lo que no podría ni acceder ni quedarse con esa información. No obstante, para la defensa, según la ley, “los investigadores privados pueden recolectar información y pruebas que pueden ser presentadas en el proceso judicial”.

Las investigaciones de la Fiscalía han determinado que Pinilla fue una pieza clave de la “empresa criminal”, como calificó el ente investigador, que se gestó con el fin de apropiarse de recursos públicos. Luego de analizar los contratos y órdenes de proveeduría que se firmaron entre la Unidad y El Pastuso para llevar 40 carrotanques con agua potable a La Guajira, el ente de control encontró que el exsubdirector se apropió de de hasta $300 millones producto de un sobrecosto de más de $14.000 millones. De ese exceso de gasto también llegaron $724 millones a los bolsillos de Olmedo López y otros $7.821 millones a las arcas de López Rosero. Según la Fiscalía, otros $1.000 millones de ese sobrecosto se le entregaron a Pedro Rodríguez Melo, exasesor jurídico de la dirección de la entidad, y quien fue capturado e imputado a mediados de esta semana.

El Espectador se contactó con la Unidad para la Gestión del Riesgo para conocer su versión del caso. A través de la oficina de prensa, la entidad señaló que la información solicitada por Pinilla hace parte del “material probatorio dentro una causa penal, por lo tanto goza de reserva y no puede entregarse a terceros sin autorización u orden judicial”. Ante la tutela interpuesta por la defensa de Pinilla, la Ungrd la considera “improcedente”, pues “no existe ninguna conducta concreta, activa u omisiva, que haya podido concluir con la supuesta afectación de los derechos fundamentales alegados por el peticionario”. La Unidad añade que en ningún momento ha vulnerado los derechos de su exsubdirector, “ya que proporcionó respuesta de fondo a cada uno de sus requerimientos y se le notificó de la remisión de la comunicación pertinente”.

Así las cosas, el Juzgado 19 Laboral de Bogotá estudia el recurso presentado por Pinilla y le dio un día de plazo desde el 30 de agosto a la entidad para pronunciarse sobre la tutela. La única respuesta que se conoce hasta ahora por parte de la Ungrd es la conocida por este diario. Por ahora, Sneyder Pinilla seguirá recluido en una guarnición militar por su participación en el escándalo, pues la Fiscalía lo señala de ser uno de los principales autores de un millonario saqueo a la Unidad dedicada a atender a poblaciones vulneradas por catástrofes.

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