Los detalles de la condena final por yidispolítica contra un alfil de Álvaro Uribe
El Espectador conoció el documento completo con el que la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena en contra del exdirector del Dapre, por su participación en el acuerdo que permitió la reelección de Uribe en 2006.
Jhordan C. Rodríguez
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra uno de los alfiles más importantes del gobierno de Álvaro Uribe Vélez en su primer mandato: el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Bernardo Moreno Villegas. El Espectador conoció el documento completo con el que el alto tribunal, en segunda instancia, volvió a encontrar culpable a la ficha del uribismo por tráfico de influencias en servidor público, por hechos ocurridos en el escándalo conocido como la yidispolítica, que permitió la reelección en 2006 del expresidente Uribe, actualmente en juicio por presunta manipulación de testigos.
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La decisión en contra de Bernardo Moreno fue encabezada esta vez por el propio presidente de la Corte Suprema, el magistrado Gerson Chaverra, quien en 99 páginas le dio la razón a la Sala Especial de Primera Instancia del mismo alto tribunal, que el 18 de octubre de 2023 ya había fallado en contra del exdirector del Dapre. La Corte encontró que el funcionario de confianza del expresidente Uribe, cuyo cargo para la época lo hacía estar al frente de la contratación, la administración de recursos, el funcionamiento de la presidencia e incluso, de supervisar la seguridad del presidente, fue fundamental para la “consumación de algunos de los compromisos adquiridos por quienes intervinieron” en la compra del voto de la excongresista Yidis Medina.
Los hechos delictivos de Moreno Villegas, dice la Corte, tuvieron lugar en el escándalo de los puestos que funcionarios del Gobierno Uribe le otorgaron a varias personas cercanas a la entonces congresista Yidis Medina. El acuerdo era repartir a dedo esos cargos, a cambio del voto favorable de la legisladora al proyecto de reelección que finalmente se aprobó y le dio a Álvaro Uribe un segundo periodo presidencial entre 2006 y 2010. El alto tribunal confirmó que Moreno, valiéndose de su cargo como director del Dapre para la época, repartió cargos regionales de entidades públicas, desde Acción Social hasta notarías.
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Dentro de sus argumentos, la Sala Penal de la Corte resaltó que si bien Moreno Villegas nunca se reunió directamente con Yidis Medina a ofrecerle puestos para sus amigos, sí se valió de su alto cargo en el gobierno de Uribe “para cumplir con las cuotas burocráticas ofrecidas por otros funcionarios a Yidis Medina Padilla, como contraprestación por su voto favorable al proyecto de acto legislativo modificatorio de la Constitución Política”. Asimismo, el alto tribunal resaltó al menos cuatro acciones ilegales del exsecretario del Dapre.
Se lee en el documento conocido por El Espectador que Moreno Villegas “utilizó indebidamente sus influencias en Luis Alfonso Hoyos, jefe de la Red de Solidaridad Social (RSS) entre 2004 y 2009, para que este vinculara a dicha entidad a Jairo Alfonso Plata Quintero en orden a satisfacer los intereses burocráticos de Yidis Medina”. Asimismo, la Sala Penal expuso que el alto funcionario del gobierno Uribe también influenció en contratos de la Empresa Territorial para la Salud (Etesa). En esa entidad hizo que contrataran a César Augusto Guzmán, Liliana Figueredo Ayala, Marghori Mejía Padilla y José Agustín Quecho Angarita, quienes eran cercanos a la excongresista y recibieron millonarios contratos a dedo.
El alto tribunal encontró también que los tentáculos de Moreno Villegas como alto funcionario de Uribe llegaron hasta el entonces superintendente de Notariado, Manuel Guillermo Cuello Baute. Él, por la intervención del exsecretario, nombró como notaria segunda de Barrancabermeja a María Lucelly Valencia Giraldo, por decreto, en 2005. Finalmente, la Corte resaltó que Moreno tuvo influencia sobre el exdirector del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Darío Alonso Montoya Mejía, quien, a través de resolución, nombró a Juan Bautista Hernández Díaz como subdirector del Centro Multisectorial de Barrancabermeja, en marzo de 2006.
Ahora, con la decisión de la Sala Penal de la Corte, queda en firme la condena al exfuncionario a cinco años y medio de cárcel, a pagar una multa y a no ejercer cargos públicos durante 82 meses. Contra Moreno Villegas también se emitió una orden de captura que había quedado suspendida mientras se resolvía la apelación en segunda instancia. Este diario consultó con fuentes dentro del alto tribunal, quienes confirmaron que esa medida sigue en pie, pero que el expediente regresará a la Sala Especial de Primera Instancia, la cual tendrá que emitir nuevamente la orden en los próximos días.
Además de Moreno, otros altos funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe fueron condenados por participar de la Yidispolítica. Por ejemplo, los exministros del Interior, Sabas Pretelt de la Vega; y de Protección Social, Diego Palacio, quienes ofrecieron prebendas a la entonces congresistas para que diera su voto y se lograra el proyecto de reelección. Ambos fueron condenados a 80 meses de prisión, una multa de 167 salarios mínimos legales mensuales vigentes y 112 meses de inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas.
Esta es la sentencia de segunda instancia contra el exfuncionario de Álvaro Uribe:
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra uno de los alfiles más importantes del gobierno de Álvaro Uribe Vélez en su primer mandato: el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Bernardo Moreno Villegas. El Espectador conoció el documento completo con el que el alto tribunal, en segunda instancia, volvió a encontrar culpable a la ficha del uribismo por tráfico de influencias en servidor público, por hechos ocurridos en el escándalo conocido como la yidispolítica, que permitió la reelección en 2006 del expresidente Uribe, actualmente en juicio por presunta manipulación de testigos.
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Los hechos delictivos de Moreno Villegas, dice la Corte, tuvieron lugar en el escándalo de los puestos que funcionarios del Gobierno Uribe le otorgaron a varias personas cercanas a la entonces congresista Yidis Medina. El acuerdo era repartir a dedo esos cargos, a cambio del voto favorable de la legisladora al proyecto de reelección que finalmente se aprobó y le dio a Álvaro Uribe un segundo periodo presidencial entre 2006 y 2010. El alto tribunal confirmó que Moreno, valiéndose de su cargo como director del Dapre para la época, repartió cargos regionales de entidades públicas, desde Acción Social hasta notarías.
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Se lee en el documento conocido por El Espectador que Moreno Villegas “utilizó indebidamente sus influencias en Luis Alfonso Hoyos, jefe de la Red de Solidaridad Social (RSS) entre 2004 y 2009, para que este vinculara a dicha entidad a Jairo Alfonso Plata Quintero en orden a satisfacer los intereses burocráticos de Yidis Medina”. Asimismo, la Sala Penal expuso que el alto funcionario del gobierno Uribe también influenció en contratos de la Empresa Territorial para la Salud (Etesa). En esa entidad hizo que contrataran a César Augusto Guzmán, Liliana Figueredo Ayala, Marghori Mejía Padilla y José Agustín Quecho Angarita, quienes eran cercanos a la excongresista y recibieron millonarios contratos a dedo.
El alto tribunal encontró también que los tentáculos de Moreno Villegas como alto funcionario de Uribe llegaron hasta el entonces superintendente de Notariado, Manuel Guillermo Cuello Baute. Él, por la intervención del exsecretario, nombró como notaria segunda de Barrancabermeja a María Lucelly Valencia Giraldo, por decreto, en 2005. Finalmente, la Corte resaltó que Moreno tuvo influencia sobre el exdirector del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Darío Alonso Montoya Mejía, quien, a través de resolución, nombró a Juan Bautista Hernández Díaz como subdirector del Centro Multisectorial de Barrancabermeja, en marzo de 2006.
Ahora, con la decisión de la Sala Penal de la Corte, queda en firme la condena al exfuncionario a cinco años y medio de cárcel, a pagar una multa y a no ejercer cargos públicos durante 82 meses. Contra Moreno Villegas también se emitió una orden de captura que había quedado suspendida mientras se resolvía la apelación en segunda instancia. Este diario consultó con fuentes dentro del alto tribunal, quienes confirmaron que esa medida sigue en pie, pero que el expediente regresará a la Sala Especial de Primera Instancia, la cual tendrá que emitir nuevamente la orden en los próximos días.
Además de Moreno, otros altos funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe fueron condenados por participar de la Yidispolítica. Por ejemplo, los exministros del Interior, Sabas Pretelt de la Vega; y de Protección Social, Diego Palacio, quienes ofrecieron prebendas a la entonces congresistas para que diera su voto y se lograra el proyecto de reelección. Ambos fueron condenados a 80 meses de prisión, una multa de 167 salarios mínimos legales mensuales vigentes y 112 meses de inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas.
Esta es la sentencia de segunda instancia contra el exfuncionario de Álvaro Uribe:
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