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El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga profirió sentido de fallo condenatorio contra el mayor Daniel Fernando Estepa Becerra y el soldado profesional Yefri Danilo Coronel por el asesinato de los jóvenes Rafael Andrés Plata Sánchez, Carlos Mauricio Nova Vega y un tercero que aún no ha sido identificado.
De acuerdo con el juez, los dos militares son responsables de los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro y concierto para delinquir agravado. De acuerdo con las investigaciones, los hechos habrían ocurrido el 25 de agosto de 2008, cuando Rafael Andrés, Carlos Mauricio y el otro joven fueron trasladados desde la ciudad de Bucaramanga al municipio de Ocaña (Norte de Santander). De allí fueron llevados a la vereda Islitas del municipio de Hacarí, donde fueron asesinados por los militares.
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La información oficial que emitió el Ejército en ese entonces fue que las muertes de los jóvenes se dieron en cumplimiento de la misión Alcatraz, bajo el mando del Mayor Estepa. Según el juez, este crimen se asemeja a lo ocurrido con los jóvenes de Soacha, en donde a través de un reclutador, buscaron a jóvenes de escasos recursos y vulnerables por su condición social para hacerlos pasar como muertos en combate.
De acuerdo con un reciente informe de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las ejecuciones extrajudiciales siguen siendo una realidad en nuestro país. "Cinco presuntas ejecuciones extrajudiciales fueron perpetradas en el marco de operaciones de seguridad ciudadana realizadas por las fuerzas militares, lo que demuestra los riesgos de involucrar a los militares en tareas policiales. Otros tres casos presuntamente ocurrieron durante operaciones militares en contra del Eln. Tres más están relacionadas con el presunto uso excesivo de la fuerza durante procedimientos policiales de rutina", señala el reporte emitido en marzo de este año.
(En contexto: Ejecuciones extrajudiciales no se han acabado, señala informe de la ONU)
En total, la ONU registró 11 casos de ejecuciones extrajudiciales en 2017 en Arauca, Bolívar, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Norte de Santander y Tolima. De esos 11 casos, ocho habrían sido cometidos por el Ejército y tres, por la Policía. El informe adjudica estos casos a diferentes causas: falta de mando y control por parte de los comandantes de la Policía y las Fuerzas Armadas; la falta de planificación de las operaciones; y la ausencia de disciplina en la estrategia de los mismos entes de seguridad.