Condenan a 23 años de prisión al exmagistrado Luis Sáchica por desfalco a DNE

Tras un juicio de siete años, el Juzgado Cuarto Penal de Bogotá condenó a 23 años de prisión al exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Luis Fernando Sáchica Méndez, por una serie de decisiones que tomó en 2010, cuando ejercía como subdirector de la Subdirección de Bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes. El exfuncionario, en su momento fue llevado ante los estrados judiciales por los delitos de peculado, prevaricato, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.

La decisión, conocida este jueves, también le impuso a Sáchica una multa de más de $400 millones y una inhabilidad para ejercer cargos públicos durante uno poco más de 280 meses. El exfuncionario, que se llevó una de las condenas más altas en este proceso judicial, terminó enredado por elegir las sociedades Casamotor y Petroquality como depositarias de 12 estaciones de gasolina y gas embargadas a Gerardo Alvarado, un empresario que fue capturado el 23 de marzo de 2010, junto con sus dos hermanos y otras seis personas, por ser supuestamente testaferros de las Farc. Un año más tarde la Fiscalía archivó su proceso.

Lea aquí: Las cuentas pendientes de la justicia en el caso DNE

No obstante, el entramado de corrupción continuó en la DNE. En enero de 2012, antes de que la Fiscalía decidiera arrebatarle los bienes a Gerardo Alvarado, el exmagistrado suscribió un acta en la que designaba a Casamotor, en representación de Adolfo Castillo Lozada, como depositaria de las sociedades Movilgás Ltda. y Estaciones de Servicio Alvarado Rido y Cia. Para ese entonces, según la Fiscalía, ya se avizoraba “el interés particular de Castillo Lozada para obtener las utilidades generadas por estas sociedades”.

Incluso, lo que después se le reprochó a Sáchica es que previo a esa designación de entidades, el exmagistrado posesionó a Castillo como depositario provisional ignorando otras propuestas que estaban sobre la mesa. Sin embargo, en su momento, la Fiscalía dijo que el plan falló en un principio, ya que Casamotor sólo obtenía el 8% de las utilidades, lo que no les dejaba las ganancias esperadas. De esta forma, Castillo le dijo a la DNE que ser depositario no era negocio, por lo que el exmagistrado tuvo que realizar un nuevo proceso de selección, en el que resultó ganador Petroquality.

Le puede interesar: La condena desconocida que podría destrabar el caso del desfalco a la DNE

En el marco de la investigación, la Fiscalía aseguró que el proceso estuvo viciado al punto que, a pesar de que el comité de selección de la DNE designó a Petroquality como depositario el 29 de junio de 2010, los cronogramas de la invitación pública se conocieron hasta el 23 de julio de ese año. La explicación que entregaron es que en el momento de la elección, la sociedad no tenía registrado en la Cámara de Comercio un representante legal, y solo un mes después designaron a Óscar Buitrago en esa figura.

A juicio del ente acusador, dato que terminó corroborando la condena en contra de Sáchica, es que la extensión de los plazos del cronograma tenía como fin dar visos de legalidad a las irregularidades que se presentaron en el momento en que el comité eligió a Buitrago como depositario, ya que se obvió por completo que Petroquality no tenía inscrito un representante legal, y por ende, estaba inhabilitada para contratar. Con ese antecedente, se constató que Sáchica violó los principios de transparencia, igualdad de condiciones y objetividad porque no fueron evaluadas las propuestas de otros oferentes.

Contexto: El exmagistrado en líos por caso DNE

Además se tuvo en cuenta también que la sociedad no cumplía con los requisitos, dado que sólo contaba con tres años de experiencia, su planta de personal era de seis personas, además no tenía permisos de operación para el tráfico de combustible y su capital eran $100 millones, una cifra cuatro veces menor a las utilidades de las empresas de Alvarado.

El entramado del exmagistrado Sáchica y Castillo finalmente les costó no solo enfrentarse a un proceso penal sino a los señalamientos por su mala gestión como funcionario público. El Juzgado que, este jueves condenó al exmagistrado, resaltó que defraudó la administración pública a través de la asignación indebida de bienes que estaban bajo dominio de la DNE.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

“Así, se tiene en el primer caso que la administración pública se ve altamente afectada cuando un servidor público que funcionalmente tiene un deber de garantía de imparcialidad, objetividad, transparencia y neutralidad accede a participar de actos de corrupción como el permitir que a través de acciones de intermediación, cabildeo o lobby, se deforme su deber funcional para que se asignen bienes con fines de beneficio económico a terceros apelando para ello a la irregular utilización de una figura jurídica contractual”, reposa en la providencia de 61 páginas.

El Juzgado le reprochó también que producto del compromiso que tenía con lo que denominó una “empresa criminal” a Sáchica no le importó lesionar aún más a la administración pública al plasmar información falsa en documentos públicos. “No solo aportó en la afectación a la administración sino que la fe pública se violentó al no poder confiar en la veracidad de la información que los servidores públicos plasman en sus pronunciamientos, y con el objeto de dar apariencia de legalidad y transparencia en el actuar y así encubrir el ilegal objetivo inicial, incluso, aunque ello conllevara la necesidad de actuar frontalmente contra el ordenamiento jurídico”.

Tras un juicio de siete años, el Juzgado Cuarto Penal de Bogotá condenó a 23 años de prisión al exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Luis Fernando Sáchica Méndez, por una serie de decisiones que tomó en 2010, cuando ejercía como subdirector de la Subdirección de Bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes. El exfuncionario, en su momento fue llevado ante los estrados judiciales por los delitos de peculado, prevaricato, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.

La decisión, conocida este jueves, también le impuso a Sáchica una multa de más de $400 millones y una inhabilidad para ejercer cargos públicos durante uno poco más de 280 meses. El exfuncionario, que se llevó una de las condenas más altas en este proceso judicial, terminó enredado por elegir las sociedades Casamotor y Petroquality como depositarias de 12 estaciones de gasolina y gas embargadas a Gerardo Alvarado, un empresario que fue capturado el 23 de marzo de 2010, junto con sus dos hermanos y otras seis personas, por ser supuestamente testaferros de las Farc. Un año más tarde la Fiscalía archivó su proceso.

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No obstante, el entramado de corrupción continuó en la DNE. En enero de 2012, antes de que la Fiscalía decidiera arrebatarle los bienes a Gerardo Alvarado, el exmagistrado suscribió un acta en la que designaba a Casamotor, en representación de Adolfo Castillo Lozada, como depositaria de las sociedades Movilgás Ltda. y Estaciones de Servicio Alvarado Rido y Cia. Para ese entonces, según la Fiscalía, ya se avizoraba “el interés particular de Castillo Lozada para obtener las utilidades generadas por estas sociedades”.

Incluso, lo que después se le reprochó a Sáchica es que previo a esa designación de entidades, el exmagistrado posesionó a Castillo como depositario provisional ignorando otras propuestas que estaban sobre la mesa. Sin embargo, en su momento, la Fiscalía dijo que el plan falló en un principio, ya que Casamotor sólo obtenía el 8% de las utilidades, lo que no les dejaba las ganancias esperadas. De esta forma, Castillo le dijo a la DNE que ser depositario no era negocio, por lo que el exmagistrado tuvo que realizar un nuevo proceso de selección, en el que resultó ganador Petroquality.

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En el marco de la investigación, la Fiscalía aseguró que el proceso estuvo viciado al punto que, a pesar de que el comité de selección de la DNE designó a Petroquality como depositario el 29 de junio de 2010, los cronogramas de la invitación pública se conocieron hasta el 23 de julio de ese año. La explicación que entregaron es que en el momento de la elección, la sociedad no tenía registrado en la Cámara de Comercio un representante legal, y solo un mes después designaron a Óscar Buitrago en esa figura.

A juicio del ente acusador, dato que terminó corroborando la condena en contra de Sáchica, es que la extensión de los plazos del cronograma tenía como fin dar visos de legalidad a las irregularidades que se presentaron en el momento en que el comité eligió a Buitrago como depositario, ya que se obvió por completo que Petroquality no tenía inscrito un representante legal, y por ende, estaba inhabilitada para contratar. Con ese antecedente, se constató que Sáchica violó los principios de transparencia, igualdad de condiciones y objetividad porque no fueron evaluadas las propuestas de otros oferentes.

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Además se tuvo en cuenta también que la sociedad no cumplía con los requisitos, dado que sólo contaba con tres años de experiencia, su planta de personal era de seis personas, además no tenía permisos de operación para el tráfico de combustible y su capital eran $100 millones, una cifra cuatro veces menor a las utilidades de las empresas de Alvarado.

El entramado del exmagistrado Sáchica y Castillo finalmente les costó no solo enfrentarse a un proceso penal sino a los señalamientos por su mala gestión como funcionario público. El Juzgado que, este jueves condenó al exmagistrado, resaltó que defraudó la administración pública a través de la asignación indebida de bienes que estaban bajo dominio de la DNE.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

“Así, se tiene en el primer caso que la administración pública se ve altamente afectada cuando un servidor público que funcionalmente tiene un deber de garantía de imparcialidad, objetividad, transparencia y neutralidad accede a participar de actos de corrupción como el permitir que a través de acciones de intermediación, cabildeo o lobby, se deforme su deber funcional para que se asignen bienes con fines de beneficio económico a terceros apelando para ello a la irregular utilización de una figura jurídica contractual”, reposa en la providencia de 61 páginas.

El Juzgado le reprochó también que producto del compromiso que tenía con lo que denominó una “empresa criminal” a Sáchica no le importó lesionar aún más a la administración pública al plasmar información falsa en documentos públicos. “No solo aportó en la afectación a la administración sino que la fe pública se violentó al no poder confiar en la veracidad de la información que los servidores públicos plasman en sus pronunciamientos, y con el objeto de dar apariencia de legalidad y transparencia en el actuar y así encubrir el ilegal objetivo inicial, incluso, aunque ello conllevara la necesidad de actuar frontalmente contra el ordenamiento jurídico”.