Condenan a 24 años de prisión a Samuel Moreno Rojas

En fallo de segunda instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá no solo ratificó la culpabilidad del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas, sino que aumentó su condena de 18 a 24 años y ocho meses de prisión, por haber exigido comisiones para adjudicar en 2009 un contrato por $67.000 millones para la prestación del servicio de ambulancias en la capital de la República.

Tras resolver el recurso de apelación, la Sala determinó que hay suficientes pruebas para inferir que el entonces Alcalde Mayor de Bogotá pidió una “tajada” del 9% a un grupo de contratistas sobre el valor total del contrato, para garantizar su adjudicación.

Moreno Rojas, tras recibir la promesa de pago, direccionó el del contrato No. 1229 del 30 de septiembre de 2009, celebrado por el Fondo Financiero Distrital de Salud con la UT Transporte Ambulatorio Médico de Bogotá, una de las empresas del contratista Emilio Tapia Aldana –condenado por el ‘carrusel de la contratación’-, pese a que no contaba con la capacidad para cumplirlo.

Las "coimas" las antregaron al senador Iván Moreno Rojas –condenado por la Corte Suprema de Justicia a 14 años de prisión-, y al secretario de Salud de Bogotá, Héctor Zambrano –condenado a 12 años tras firmar un preacuerdo-, para que modificaran el pliego de condiciones, para lograr que solamente la empresa de Tapia Aldana resultara favorecida en el proceso.

Pese a que no tenía la experiencia para ejecutar el contrato, y mucho menos la capacidad para la prestación del servicio de ambulancias, la UT Transporte Ambulatorio se quedó con el contrato, poniendo en grave riesgo la integridad de las personas que en algún momento tuvieran la necesidad de recurrir a este servicio de emergencias. Por estos hechos, Moreno Rojas fue declarado culpable por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio. 

Del soborno, también se entregaron dineros a los concejales Hipólito Moreno, Andrés Camacho Casado, Orlando Parada –condenados por el ‘carrusel’ y José Juan Rodríguez –procesado- para que omitieran sus funciones de control político del citado contrato, en el Concejo de Bogotá. Cada uno recibió un porcentaje del valor real del contrato, por parte del entonces secretario distrital de salud.

Por unanimidad, la Sala consideró que las conductas del exmandatario distrital revisten una mayor gravedad, razón por la que aceptaron la petición de la Fiscalía General de aumentar la pena, que en primera instancia fue de 18 años de prisión. En la lectura del fallo, los magistrados hicieron un fuerte reproche a Moreno Rojas, por buscar un beneficio personal a costa del bien de la comunidad.

La Sala Penal fijó una multa de 361 salarios mínimos legales vigentes y una inhabilidad de 20 años para ocupar cargos públicos. La Fiscalía le solicitará formalmente al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que se adelante el trámite, para que el exalcalde sea trasladado a la cárcel La Picota y cumpla la condena.  

El exalcalde de Bogotá se encuentra privado de su libertad desde septiembre de 2011 en la Escuela de Carabineros en el centro de Bogotá. Actualmente enfrenta otros dos procesos penales relacionados con las irregularidades en la entrega de los contratos 071 y 072 de 2007, para la reparación de la malla vial en la capital y la cesión del contrato de la fase III de TransMilenio por la calle 26 que estaba en poder del denominado Grupo Nule.

En fallo de segunda instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá no solo ratificó la culpabilidad del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas, sino que aumentó su condena de 18 a 24 años y ocho meses de prisión, por haber exigido comisiones para adjudicar en 2009 un contrato por $67.000 millones para la prestación del servicio de ambulancias en la capital de la República.

Tras resolver el recurso de apelación, la Sala determinó que hay suficientes pruebas para inferir que el entonces Alcalde Mayor de Bogotá pidió una “tajada” del 9% a un grupo de contratistas sobre el valor total del contrato, para garantizar su adjudicación.

Moreno Rojas, tras recibir la promesa de pago, direccionó el del contrato No. 1229 del 30 de septiembre de 2009, celebrado por el Fondo Financiero Distrital de Salud con la UT Transporte Ambulatorio Médico de Bogotá, una de las empresas del contratista Emilio Tapia Aldana –condenado por el ‘carrusel de la contratación’-, pese a que no contaba con la capacidad para cumplirlo.

Las "coimas" las antregaron al senador Iván Moreno Rojas –condenado por la Corte Suprema de Justicia a 14 años de prisión-, y al secretario de Salud de Bogotá, Héctor Zambrano –condenado a 12 años tras firmar un preacuerdo-, para que modificaran el pliego de condiciones, para lograr que solamente la empresa de Tapia Aldana resultara favorecida en el proceso.

Pese a que no tenía la experiencia para ejecutar el contrato, y mucho menos la capacidad para la prestación del servicio de ambulancias, la UT Transporte Ambulatorio se quedó con el contrato, poniendo en grave riesgo la integridad de las personas que en algún momento tuvieran la necesidad de recurrir a este servicio de emergencias. Por estos hechos, Moreno Rojas fue declarado culpable por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio. 

Del soborno, también se entregaron dineros a los concejales Hipólito Moreno, Andrés Camacho Casado, Orlando Parada –condenados por el ‘carrusel’ y José Juan Rodríguez –procesado- para que omitieran sus funciones de control político del citado contrato, en el Concejo de Bogotá. Cada uno recibió un porcentaje del valor real del contrato, por parte del entonces secretario distrital de salud.

Por unanimidad, la Sala consideró que las conductas del exmandatario distrital revisten una mayor gravedad, razón por la que aceptaron la petición de la Fiscalía General de aumentar la pena, que en primera instancia fue de 18 años de prisión. En la lectura del fallo, los magistrados hicieron un fuerte reproche a Moreno Rojas, por buscar un beneficio personal a costa del bien de la comunidad.

La Sala Penal fijó una multa de 361 salarios mínimos legales vigentes y una inhabilidad de 20 años para ocupar cargos públicos. La Fiscalía le solicitará formalmente al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que se adelante el trámite, para que el exalcalde sea trasladado a la cárcel La Picota y cumpla la condena.  

El exalcalde de Bogotá se encuentra privado de su libertad desde septiembre de 2011 en la Escuela de Carabineros en el centro de Bogotá. Actualmente enfrenta otros dos procesos penales relacionados con las irregularidades en la entrega de los contratos 071 y 072 de 2007, para la reparación de la malla vial en la capital y la cesión del contrato de la fase III de TransMilenio por la calle 26 que estaba en poder del denominado Grupo Nule.