Condenan a mano derecha de Carlos Castaño por asesinato de investigadores del CTI

El Tribunal Superior de Medellín acaba de condenar a 40 años de prisión a una de las fichas claves del proyecto paramilitar de los hermanos Carlos y Vicente Castaño. Se trata de Jacinto Alberto Soto Toro, más conocido en los expedientes judiciales con el alias de Lucas. Según el ente investigador, este hombre de confianza de la Casa Castaño fue quien participó en los hechos que rodearon el asesinato de tres investigadores del CTI de la Fiscalía que indagaban sobre las finanzas y los patrocinadores del narcoparamilitarismo en Antioquia en el denominado caso Parqueadero Padilla.

Los tres crímenes por los que fue condenado Lucas son el de Manuel Guillermo López Umaña (5 de septiembre de 1997), John Jairo Ruiz (14 de marzo de 1998) y Luis Fernando González (13 de abril de 1998), quienes investigaban los tentáculos del paramilitarismo en Antioquia. Estos asesinatos, y los de otros nueve integrantes de ese cuerpo de investigación, fueron perpetrados en un contexto en el que los paramilitares habían infiltrado la Fuerza Pública, la propia Fiscalía, políticos, y otros sectores de la sociedad. Además, Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, otro exjefe paramilitar, en ese momento era el capo de la Oficina de Envigado, tras la muerte de Pablo Escobar en diciembre de 1993.

Dos muestras de la infiltración paramilitar en Medellín durante esos años son los casos del general (r) Mauricio Santoyo, antiguo jefe de seguridad del expresidente Uribe y el exinvesitgador del CTI Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio. El primero de ellos, tras ser extraditado a los Estados Unidos y aceptar que colaboró con las Auc, hoy es procesado por su presunta participación en el asesinato de Jesús María Valle y la desaparición forzada de los defensores de derechos humanos Claudia Monsalve y Ángel Quintero. Todos hechos perpetrados en Medellín. El segundo fue mano derecha de Don Berna y llegó a dirigir esa oficina de cobro que fue creada por Pablo Escobar en los años 80.

Lucas, que fue recapturado en abril de 2021, ha resumido ante las autoridades que su papel en las Auc fue el de un simple “mandadero” y que no tenía jerarquía para ordenar asesinatos. Sin embargo, para la Fiscalía es claro que su papel fue más allá y fue determinante en la planeación de asesinatos, que eran perpetrados por la temida banda La Terraza, a la cual se le endilgan los homicidios de Jaime Garzón, Jesús María Valle, Mario Calderón y Elsa Alvarado, entre otros. Por ese mismo papel logístico fue que a principios de agosto de 2022 la Fiscalía también llamó a juicio a Lucas por planear la masacre de nueve personas en Coredó, en 1996.

En el proceso la Fiscalía le citó varios de los testimonios que lo incriminan. Uno de ellos es el de Ever Veloza, alias HH, un hombre de la entera confianza de los Castaño y que fue clave en la expansión paramilitar. Su testimonio es fundamental en la acusación de la Fiscalía porque el expara señala a Lucas como el encargado de las relaciones públicas del grupo armado en la ciudad de Medellín, incluidos los vínculos y acercamientos con empresarios, dirigentes y líderes regionales y las Fuerzas Militares.

“Se demostró en grado de certeza que Soto Toro, pertenecía al grupo paramilitar que su rol al interior de ese colectivo no era de poca monta, pues era cercano a sus líderes absolutos los hermanos Castaño Gil. Esta posición implicaba que Soto Toro tuviera perfecta claridad acerca del objeto de la logia y de los métodos violentos por ella empleados para alcanzarlo; dentro de esa estructura se ocupaba de la obtención de aportes, de su contabilidad, administración y distribución de acuerdo con las instrucciones de quienes la regían, rol relevante que exige la plena confianza de los altos mandos; dentro de ese particular rol de administrador de recursos, estaba el de suministrarlos a quienes fueran contactados con el objeto de ejecutar materialmente el tipo de acciones como las que son objeto de juzgamiento”, señaló el Tribunal en el fallo de segunda instancia de 44 páginas.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

El Tribunal Superior de Medellín acaba de condenar a 40 años de prisión a una de las fichas claves del proyecto paramilitar de los hermanos Carlos y Vicente Castaño. Se trata de Jacinto Alberto Soto Toro, más conocido en los expedientes judiciales con el alias de Lucas. Según el ente investigador, este hombre de confianza de la Casa Castaño fue quien participó en los hechos que rodearon el asesinato de tres investigadores del CTI de la Fiscalía que indagaban sobre las finanzas y los patrocinadores del narcoparamilitarismo en Antioquia en el denominado caso Parqueadero Padilla.

Los tres crímenes por los que fue condenado Lucas son el de Manuel Guillermo López Umaña (5 de septiembre de 1997), John Jairo Ruiz (14 de marzo de 1998) y Luis Fernando González (13 de abril de 1998), quienes investigaban los tentáculos del paramilitarismo en Antioquia. Estos asesinatos, y los de otros nueve integrantes de ese cuerpo de investigación, fueron perpetrados en un contexto en el que los paramilitares habían infiltrado la Fuerza Pública, la propia Fiscalía, políticos, y otros sectores de la sociedad. Además, Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, otro exjefe paramilitar, en ese momento era el capo de la Oficina de Envigado, tras la muerte de Pablo Escobar en diciembre de 1993.

Dos muestras de la infiltración paramilitar en Medellín durante esos años son los casos del general (r) Mauricio Santoyo, antiguo jefe de seguridad del expresidente Uribe y el exinvesitgador del CTI Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio. El primero de ellos, tras ser extraditado a los Estados Unidos y aceptar que colaboró con las Auc, hoy es procesado por su presunta participación en el asesinato de Jesús María Valle y la desaparición forzada de los defensores de derechos humanos Claudia Monsalve y Ángel Quintero. Todos hechos perpetrados en Medellín. El segundo fue mano derecha de Don Berna y llegó a dirigir esa oficina de cobro que fue creada por Pablo Escobar en los años 80.

Lucas, que fue recapturado en abril de 2021, ha resumido ante las autoridades que su papel en las Auc fue el de un simple “mandadero” y que no tenía jerarquía para ordenar asesinatos. Sin embargo, para la Fiscalía es claro que su papel fue más allá y fue determinante en la planeación de asesinatos, que eran perpetrados por la temida banda La Terraza, a la cual se le endilgan los homicidios de Jaime Garzón, Jesús María Valle, Mario Calderón y Elsa Alvarado, entre otros. Por ese mismo papel logístico fue que a principios de agosto de 2022 la Fiscalía también llamó a juicio a Lucas por planear la masacre de nueve personas en Coredó, en 1996.

En el proceso la Fiscalía le citó varios de los testimonios que lo incriminan. Uno de ellos es el de Ever Veloza, alias HH, un hombre de la entera confianza de los Castaño y que fue clave en la expansión paramilitar. Su testimonio es fundamental en la acusación de la Fiscalía porque el expara señala a Lucas como el encargado de las relaciones públicas del grupo armado en la ciudad de Medellín, incluidos los vínculos y acercamientos con empresarios, dirigentes y líderes regionales y las Fuerzas Militares.

“Se demostró en grado de certeza que Soto Toro, pertenecía al grupo paramilitar que su rol al interior de ese colectivo no era de poca monta, pues era cercano a sus líderes absolutos los hermanos Castaño Gil. Esta posición implicaba que Soto Toro tuviera perfecta claridad acerca del objeto de la logia y de los métodos violentos por ella empleados para alcanzarlo; dentro de esa estructura se ocupaba de la obtención de aportes, de su contabilidad, administración y distribución de acuerdo con las instrucciones de quienes la regían, rol relevante que exige la plena confianza de los altos mandos; dentro de ese particular rol de administrador de recursos, estaba el de suministrarlos a quienes fueran contactados con el objeto de ejecutar materialmente el tipo de acciones como las que son objeto de juzgamiento”, señaló el Tribunal en el fallo de segunda instancia de 44 páginas.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.