Condenan a dos exgobernadores de Magdalena por piscina olímpica que nunca se terminó

La Corte Suprema de Justicia condenó a los exgobernadores de Magdalena, Ómar Ricardo Diazgranados a 11 años, ocho meses y 21 días de prisión y Francisco José Infante Vergara a cuatro años y cuatro meses de prisión, por irregularidades en contratos del departamento para la construcción de una piscina olímpica en Santa Marta, los cuales terminaron convertidos en obras inconclusas y abandonadas.

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La investigación se remonta a 2007. Para esa fecha, Francisco José Infante, siendo gobernador encargado del Magdalena, tramitó el contrato 363 de 2007 con la empresa Unión Temporal Vala Ingeniería, con el fin de ejecutar obras para la adecuación y reparación de la piscina olímpica José Benito Vives de Andreis, de la ciudad de Santa Marta. Ese contrato fue suscrito sin que se cumplieran los requisitos legales, el 9 de noviembre de ese año, por un valor superior a los $259 millones.

Es decir, según la investigación, se adelantó sin que se tuviera una licencia de construcción, sin contar con estudios, diseños y presupuesto, y con un fraccionamiento del contrato. También se realizó sin hacer una licitación, incurrió en inconsistencias en el manejo de los anticipos y las obras ejecutadas finalmente no sirvieron. Lo poco que se construyó de la piscina olímpica terminó deteriorado y tuvo que ser demolido.

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La investigación también reveló que cuando Ómar Ricardo Diazgranados fue elegido gobernador del departamento del Magdalena (cargo que ejerció desde enero de 2008 hasta diciembre de 2010), no le puso atención a esas irregularidades, sino que cambió el objeto del contrato y autorizó el pago del valor total de este, a pesar de que la obra nunca se terminó.

“El resultado de todo esto fue, sin duda alguna, comprendido por Ómar Ricardo Diazgranados, quien a pesar de ello no se detuvo y produjo el resultado, cambiando el objeto de lo contratado y liquidando una contratación irregular, autorizando pagos por obras no realizadas, serias irregularidades que constan en los distintos informes de policía judicial”, señala la sentencia condenatoria de primera instancia.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

La Corte Suprema de Justicia condenó a los exgobernadores de Magdalena, Ómar Ricardo Diazgranados a 11 años, ocho meses y 21 días de prisión y Francisco José Infante Vergara a cuatro años y cuatro meses de prisión, por irregularidades en contratos del departamento para la construcción de una piscina olímpica en Santa Marta, los cuales terminaron convertidos en obras inconclusas y abandonadas.

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La investigación se remonta a 2007. Para esa fecha, Francisco José Infante, siendo gobernador encargado del Magdalena, tramitó el contrato 363 de 2007 con la empresa Unión Temporal Vala Ingeniería, con el fin de ejecutar obras para la adecuación y reparación de la piscina olímpica José Benito Vives de Andreis, de la ciudad de Santa Marta. Ese contrato fue suscrito sin que se cumplieran los requisitos legales, el 9 de noviembre de ese año, por un valor superior a los $259 millones.

Es decir, según la investigación, se adelantó sin que se tuviera una licencia de construcción, sin contar con estudios, diseños y presupuesto, y con un fraccionamiento del contrato. También se realizó sin hacer una licitación, incurrió en inconsistencias en el manejo de los anticipos y las obras ejecutadas finalmente no sirvieron. Lo poco que se construyó de la piscina olímpica terminó deteriorado y tuvo que ser demolido.

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La investigación también reveló que cuando Ómar Ricardo Diazgranados fue elegido gobernador del departamento del Magdalena (cargo que ejerció desde enero de 2008 hasta diciembre de 2010), no le puso atención a esas irregularidades, sino que cambió el objeto del contrato y autorizó el pago del valor total de este, a pesar de que la obra nunca se terminó.

“El resultado de todo esto fue, sin duda alguna, comprendido por Ómar Ricardo Diazgranados, quien a pesar de ello no se detuvo y produjo el resultado, cambiando el objeto de lo contratado y liquidando una contratación irregular, autorizando pagos por obras no realizadas, serias irregularidades que constan en los distintos informes de policía judicial”, señala la sentencia condenatoria de primera instancia.

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