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La excongresista Argenis Velásquez Ramírez fue condenada por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Juticia por haberse quedado con parte del salario de una de las funcionarias de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Según el alto tribunal, la política, condenada en agosto de este año por el cartel de la toga, abusó de su cargo y poder para que le fueran entregados dineros de sus trabajadores.
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La Sala la condenó a 18 años y 6 meses (128 meses) de prisión por el delito de concusión continuado. EL alto tribunal determinó que Velásquez Ramírez había “constreñido a los funcionarios de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) asignados a su despacho, para que mes a mes le entregaran a su esposo la mitad del salario devengado por ellos, abusando de su cargo y poder político”.
En la decisión de la corte, se señala que Nohora Mercedes Rojas Benavides, quien trabajó en la UTL de Velásquez, aseguró que Edwin Harvey Chávez Jojoa, esposo de la otrora congresista, “en el mes de febrero de 2016 le solicitó entregar mensualmente parte de su salario, una vez estuviera vinculada laboralmente a dicha UTL, lo que en efecto ocurrió desde marzo de ese mismo año cuando Chávez le exigió la suma de $3.200.000″, por órdenes de la política.
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Estas presiones, dice la Corte, continuaron hasta octubre, mes en el que ya habían sido entregados $25.600.000. Cuando la asesora se negó a seguir pagando, manifiesta la sentencia del alto tribunal, fue declarada insubsistente mediante Resolución 060 de 24 de enero de 2017.
La Sala de Primera instancia determinó que Argenis Velásquez “olvidó así que los miembros del Congreso representan al pueblo y han de actuar consultando la justicia y el bien común, conforme con el mandato consagrado en el artículo 133 de la Constitución Política, a cambio dirigió su voluntad para sus fines personales al exigir sumas dinerarias a una de sus dependientes”.
Por los mismos hechos, la Corte Suprema también le impuso a la excongresista la sanción de 104 meses de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Asimismo, una multa económica de 99.98 salarios mínimos e indemnización por más de $57 millones a Nohora Rojas. Igualmente, le negó a la política la ejecución de la pena privativa de la libertad y la prisión domiciliaria.
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